Además, según pudo saber ANÁLISIS DIGITAL podría volver al debate legislativo el controvertido proyecto de Ley de la Madera, que apunta a la derogación de la prohibición de exportar rollizos a Uruguay destinados a la industria papelera. Según trascendió, la posibilidad de que se retome la discusión se origina en un pedido del ministro del Interior, Rogelio Frigerio. La iniciativa generó la resistencia de ambientalistas y otros actores, sobre todo en Gualeguaychú, donde este fin de semana se realizó una marcha por el aumento de casos de cáncer.
Este miércoles a las 18 se retomará en la Cámara de Diputados, tras un cuarto intermedio dispuesto el 6 de diciembre, la sesión en la cual Raúl Riganti asumió en la banca que quedó vacante tras la ida de Juan José Bahillo al Congreso nacional, se conoció que Juan Navarro sustituirá a Bahillo en la presidencia del bloque oficialista y se aprobó la prórroga de las sesiones hasta el 14 de febrero.
Uno de los expedientes que integran el orden del día para este miércoles es el 22.629, que se corresponde con el proyecto de ley que ingresó al cuerpo el Poder Ejecutivo el 5 de diciembre para promover la adhesión de Entre Ríos al denominado Consenso Fiscal que suscribieron el 16 de noviembre las provincias argentinas -menos San Luis- con el gobierno de Mauricio Macri.
La iniciativa incluye un esquema de reducción de impuestos y de la presión tributaria y la sugerencia a los gobiernos locales para que hagan lo propio con sus respectivas tasas. Uno de los puntos principales es la exención paulatina de ingresos brutos para los sectores primarios e industrial y la reducción de la alícuota de ese tributo para las grandes empresas y el comercio. También contempla beneficios para buenos pagadores, incorpora medidas para armonizar el esquema con Córdoba y Santa Fe y elimina el Impuesto al Sello en forma gradual. Se reconoce en el texto que las modificaciones tendrán impacto negativo en las finanzas públicas provinciales, para lo cual se señala la necesidad de combatir la evasión y el empleo informal para acrecentar así la base fiscal y morigerar la merma en la recaudación.
Si, tal como está previsto, esta iniciativa, considerada prioritaria en ámbitos de la gestión Bordet, logra media sanción el miércoles en la Cámara de Diputados, se espera que el Senado la pueda tratar y aprobar en la sesión programada para el día siguiente, jueves, a las 11 de la mañana.
En el Senado la actividad será intensa esta semana. A la sesión del jueves se suma una el martes a las 19 y otra el miércoles a la misma hora. También habrá reuniones de las comisiones de Obras Públicas (miércoles a las 10), de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (jueves a las 10), de Legislación General (jueves a las 11) y de Salud Pública, Medio Ambiente Humano y Drogadicción (jueves a las 12).
En este último encuentro, según se informó desde el cuerpo, se trabajará sobre el proyecto de ley relacionado con los aranceles de los odontólogos matriculados de la provincia. En razón de los proyectos pendientes, es casi un hecho que se adoptará una postura similar a la de la cámara baja y se prorrogará el período de sesiones en el Senado, cuya finalización en principio está prevista para este viernes 15.
¿Vuelve la Ley de la Madera?
En las últimas horas, la denominada Ley de la Madera resurgió en las discusiones legislativas. Según trascendió, la posibilidad de que el controvertido tema llegue al recinto se origina en un pedido específico del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, tanto al gobierno provincial como a los legisladores de Cambiemos.
El articulado de la iniciativa incluye la derogación de la ley 9.759, que fue promulgada por el ex gobernador Jorge Busti en 2007, en pleno conflicto con Uruguay por la instalación de pasteras. La norma impide “la venta de rollizos o chips, en forma directa o indirecta, a las industrias establecidas o que se establezcan en Uruguay, cuya finalidad sea la producción de pasta celulósica”. Rollizo es la madera sin proceso industrial que proviene directamente de los bosques implantados y los chips son un subproducto parecido a la viruta o al aserrín, también denominado astilla. Ambos son materia prima de la producción de celulosa.
Un proyecto del Poder Ejecutivo que ya tiene media sanción del Senado para lograr su derogación enardeció a mediados de año a sectores defensores del medio ambiente, en especial en la ciudad de Gualeguaychú y zona. “La ley de la madera se hizo para quedar bien con la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú”, sostuvo Bordet por entonces ante la prensa, al mismo tiempo que se definió como “un gran defensor del ambiente, pero no un fundamentalista” y calificó de “absurda” a la normativa.
La tensión creció y se reformuló la comunicación oficial de la medida: en realidad, se explicó desde la gestión Bordet, no se trataba de derogar la norma y ya, sino que la iniciativa consistía en lo que fue presentado oficialmente como un “Plan Maderero Entrerriano tendiente a la promoción, desarrollo y sustentamiento de la actividad foresto industrial”.
Oficialismo y oposición coincidieron en la necesidad de enriquecer el texto original e incluso Frigerio se involucró en el tema. Recibió a dirigentes entrerrianos de Cambiemos y en el encuentro se definió avanzar en la elaboración de un proyecto “superador”, en el que, se dijo, trabajarían técnicos del gobierno nacional. “La meta es derogar el impedimento para exportar y, a la vez, adoptar una visión integral que contemple el cuidado del medio ambiente, la generación de empleo y el fomento a la actividad”, se explicó por entonces. También, en ámbitos legislativos, se convocó a dialogar a distintos actores del sector, con posturas a favor y en contra, para enriquecer la iniciativa.
El resultado de toda esa labor hasta el momento no se dio a conocer. Así las cosas, el proyecto que podría debatirse en la Cámara de Diputados sigue siendo el mismo de siempre: seis artículos sin mucho contenido, uno de los cuales es de forma.
En el primero se crea el “Plan Maderero Entrerriano, tendiente a la promoción, desarrollo y sostenimiento de la actividad foresto-industrial” y se enumeran 13 “parámetros”, entre ellos la “generación de mano de obra genuina”, “la tendencia a la preservación del bosque nativo”, “garantizar la protección ambiental”, “la sostenibilidad del ecosistema” y la “participación de todos los actores involucrados en la cadena de valor”.
En síntesis, una enumeración que dista mucho de configurar un plan. La autoridad de aplicación que se indica es el Ministerio de Producción, que ya no existe. Se invita a los municipios a adherir y en el artículo quinto se establece el punto tan resistido: “deróguese la ley 9.759 y sus reglamentaciones”.
En el sector maderero reconocen que la derogación no generará empleo masivamente ni salvará a aserraderos y plantaciones hoy en crisis, pero sí traerá igualdad de condiciones con las demás provincias y se espera que produzca otras derivaciones positivas, tales como el aumento de la superficie plantada y la posibilidad de mejorar precios. Mientras, se aguarda la implementación de la construcción de viviendas sociales de madera prometida por el gobernador en su discurso de asunción que a dos años de gestión aún no pudo concretarse.
Tras oscilar por bastante tiempo entre los 1,7 y los 2,4 millones de dólares al año, las operaciones de importación de rollizos sumadas con las de chips y subproductos alcanzaron en Uruguay un pico de 5,2 millones de dólares en 2014. El año pasado bajaron a 3,2 millones. Ese mercado, que fue en 2014 de unos 78 millones de pesos y el año pasado quedó en 48 millones, se abastece principalmente en la provincia de Corrientes y es el que se abriría para Entre Ríos.
Competirían por él 200 aserraderos que operan en la provincia -la mayoría asentados en las localidades de Concordia y Chajarí- y las 140.000 hectáreas forestadas que, dejando de lado a los tres o cuatro grandes, se componen de predios de no más de 50 hectáreas, en muchos casos de propietarios que provienen de otras actividades e incluso de profesionales o emprendedores de diversas ramas que vieron en la forestación una suerte de caja de ahorro.
No representa gran cosa puesto en estos términos, pero se espera que los cambios deriven también en un aumento de la superficie plantada, algo que hoy reclaman desde los aserraderos, ya que se ven obligados a comprar madera en otras provincias. También se aguarda poder vender los rollizos y los chips a mejores precios, lo que repercutiría positivamente en toda la cadena y, aunque en principio no se generaría empleo, las condiciones estrictas para exportar deberían traer formalidad a un sector en el que hoy el trabajo en blanco es una deuda pendiente.
Con un proyecto algo pobre, será alto el costo político de una sanción antes de fin de año, justo cuando en Gualeguaychú las organizaciones ambientalistas volvieron a organizarse y este fin de semana protagonizaron una protesta masiva contra el aumento de casos de cáncer en la zona. Y lo pagarían tanto el oficialismo como la oposición. Pero existe la posibilidad de que en estos meses se haya trabajado para enriquecer la iniciativa, que durante el debate se introduzcan modificaciones en el texto que den forma a un programa serio y que se equilibre la balanza hacia otro punto de coincidencia entre los gobiernos provincial y nacional.
Fuente: L. D. para ANÁLISIS DIGITAL.
