Se propone establecer un régimen para recuperar fondos que la provincia destina a salvar vidas al momento de responder a un siniestro del que son parte personas que no cuentan con cobertura de obras sociales.
Ante un accidente responde de inmediato el sistema público. Con este proyecto se busca allanar el camino para reclamar a las compañías de seguro.
Respuesta del sistema público
Cabe comentar que ante un siniestro intervienen de inmediato el sector público (ambulancias, hospitales). Se busca aplicar un mecanismo para reclamar a las aseguradoras autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, las que de acuerdo a la ley de tránsito deben responder a cuestiones concretas, como son las de cubrir los gastos sanatoriales y de sepelio que deban afrontar las personas que resulten víctimas en un accidente de tránsito.Se puede llegar a afirmar que en muchos casos la intervención del sistema público, haciendo uso de sus recursos limitados en esta coyuntura, salva vidas de manera permanente.
Lo dicho en la sesión
El senador Larrarte indicó que esta iniciativa aparece después de compartir cada semana comentarios sobre los accidentes que se dan en los principales corredores viales de Entre Ríos.“Analizamos como esto impactaba sobre el sistema de salud”, explicó. “Es preocupación de los legisladores de todos los departamentos y a raíz de eso, teniendo en cuenta lo que nos ha informado el Ministerio de Salud, con estadísticas que indican el fuerte impacto que tiene la accidentología vial sobre los efectores públicos, presentamos esta propuesta”, agregó,
Informó que hubo reuniones con la ministra de Salud y se analizó el sistema que tiene el Estado para reclamar a quienes tienen cobertura de obras sociales. Observando las normativas nacionales vigentes y las obligaciones de las compañías de seguro, es la que terminó de dar impulso a este proyecto.
El senador Larrarte hizo ante sus pares una explicación de las normas a aplicar para lograr el recupero de lo invertido para sanar a los accidentados.
Datos alarmantes
En las reuniones de comisión en las que se trató el tema se deslizó que la Asociación Civil Luchemos por la Vida difundió que hay un promedio mensual, en nuestro país, de 600 muertes mensuales a causa de accidentes de tránsito.Se remarcó en esos encuentros que los Hospitales, Centros de Asistenciales y efectores de salud de la Provincia de Entre Ríos brindan asistencia inmediata, de alta calidad y gratuita en la coyuntura, salvando a diario muchas vidas con una inversión de recursos considerable.
Fundamentos
En los fundamentos del proyecto que será girado a la Cámara de Diputados Se explica en los fundamentos que “las personas que cuentan con cobertura social, como así también seguros por accidentes de tránsito, pueden reportar una importante suma de dinero al Estado mediante el sistema de arancelamiento, que le permite a los efectores públicos recuperar los montos invertidos en la atención de pacientes para beneficio directo de las unidades asistenciales y trabajadores de los mismos”.El arancelamiento previsto en el Decreto 4255/2010 MS es el que posibilita facturar directamente a las obras sociales y demás prestadoras por las prácticas que se realizan a sus beneficiarios en los hospitales públicos.
A las aseguradoras
Recientes normas regulatorias sobre recupero emanadas de la Superintendencia de Seguros de la Nación, indican que se debe “establecer un mecanismo para que la Provincia pueda recuperar la inversión en salud que, a través de los hospitales públicos y los efectores de salud, el Estado entrerriano realiza en la atención a las víctimas de accidentes viales que no tienen cobertura social”.Salvar una vida implica inversiones quirúrgicas, de farmacia, insumos, honorarios médicos, prótesis, y otras erogaciones que implican el cuidado de pacientes.
La mayoría de las personas que sufren un accidente son derivadas a un efector de salud pública, y entre ellas existe un importante porcentaje que no cuentan con cobertura social.
Para las obras sociales se aplica el arancelamiento. “No sucede lo mismo en aquellos casos de pacientes que no poseen ningún tipo de cobertura médica, pero que, considerando la causa de sus lesiones, en orden a la normativa legal vigente, permiten exigir el pago a las compañías aseguradoras que amparan a los vehículos que están involucrados en el siniestro”, fundamenta el legislador.
Con el proyecto se trata de dotar el ministerio de Salud de la herramienta jurídica para recurar la inversión con el concurso de la Fiscalía de Estado.
Normas nacionales
La Superintendencia de Seguros de la Nación dictó este año la Resolución 271 (B.O. 19/03/2018), brindando un nuevo marco a este tipo de procedimientos, creando un formulario tipo para el recupero del dinero que deberían abonar las Aseguradoras en forma inmediata en concepto de “Obligación Legal Autónoma”.Esto último de conformidad con el artículo 68 de la Ley Nacional de Tránsito, en cuanto establece que las Aseguradoras tienen obligación de cubrir los gastos sanatoriales y de sepelio que deban afrontar las personas que resulten víctimas en un accidente de tránsito, sin necesidad de tenerse probada la responsabilidad del Asegurado.
El proyecto, de aprobarse, dará la herramienta para reclamar ante los entes privados y hecho esto lo recaudado vuelve conforme a lo reglado pro el decreto 4255/2010 MS, de Entre Ríos
