El tema puso en el centro de las críticas a la Dirección de Habilitaciones Municipal durante el año pasado. Desde el Legislativo local la oposición busca establecer criterios en el marco de una nueva ordenanza: "Vamos a insistir con un proyecto de resolución que derogue el decreto de mediados del año pasado, a través del cual el Poder Ejecutivo plantea que todas las habilitaciones municipales caen y deben volver a tramitarse", informó a R2820 el concejal de Cambiemos Gualeguaychú, Daniel Berón.

"Ya lo planteamos en la Conjunta anterior y los concejales oficialistas quedaron en que iban a hablarlo con el Ejecutivo. Ahora queremos avanzar sobre este tema, insistiendo en que este decreto se derogue y salga una ordenanza que resuelva el problema de fondo", adelantó Berón.

Sobre el planteo con el que volverán a la carga durante la reunión de Comisiones Conjuntas de este martes, remarcó: "Aquellos comercios o establecimientos que se encuentran con todo en regla, que pagan sus impuestos, que ya están habilitados, no tienen porqué ser dados de baja. Entendemos que este es un derecho vulnerado. Por eso lo que queremos, es que se establezca en una ordenanza la creación de un formulario de reempadronamiento".

"Si bien el Ejecutivo sacó por decreto la realización de un mapeo comercial, lo que planteamos es que esto debe realizarse en el marco de una ordenanza, poniendo el centro en los negocios que no están en regla, porque al caer las habilitaciones de todos los negocios, esto redundará en la pérdida de ingresos, y eso no está contemplado en el decreto 2772/2017 del Ejecutivo local", agregó el edil.

"Para nosotros el decreto 1449/2017, que es el primero que el Ejecutivo saca para llevar adelante un mapeo comercial, nos pareció que era positivo porque la propuesta fue llevar a cabo un relevamiento para conocer las situaciones irregulares en el ámbito comercial. Esto dio como resultado el dato de que alrededor del 60 por ciento de los comercios no estaban en regla, y surgió el decreto 2772 con el cual caerían las habilitaciones -todas- estableciendo un plazo como por ejemplo de dos años para una estación de servicio, que deberá luego de ese plazo volver a iniciar los trámites en una Dirección de Habilitaciones que tiene una demora de 4 meses promedio por cada trámite", señaló.

"Esto lo planteamos a los pocos días de conocer el decreto en cuestión, porque entendemos que está avasallando derechos de vecinos. Ahora insistimos y esperamos se pueda avanzar en esta discusión en el Concejo Deliberante, ya que este es el ámbito en el que debe darse el debate", sumó el concejal.

Y concluyó: "El Ejecutivo tiene el poder de policía, no otra cosa. Si descubrieron en el relevamiento que hubo deficiencias en este tema, eso responde exclusivamente a su propia negligencia en ejercer dicho poder de control, pero no pueden pagar por esta situación aquellos comercios y establecimientos que se encuentran correctamente habilitados".
Honorable Concejo Deliberante
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