El pasado 19 de agosto, la Justicia de Gualeguaychú imputó a tres personas -una de ellas la titular de Medio Ambiente de la Municipalidad de Gualeguaychú, Susana Villamonte- por el presunto delito de contaminación ambiental. Junto a la funcionaria, fueron imputados también el presidente de la Corporación del Desarrollo Gualeguaychú (CODEGU), Ariel Destéfano, y Juan Benedetti, titular del Consejo Administrativo del Parque Industrial de Gualeguaychú (PIG).

La denuncia que abrió la puerta a la investigación judicial, fue realizada por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Contra el Medio Ambiente (Ufima) por la contaminación generada por diversas industrias del PIG que, en el marco del deficiente tratamiento de efluentes por la obra de la planta sin concluir, realizan el volcado sobre la cañada que atraviesa el barrio Don Pedro y desemboca en el río Gualeguaychú.

La causa está en manos del coordinador de fiscales, Lisandro Beherán, y de la fiscal Carolina Costa, a la vez que se han constituido como querellantes alrededor de 50 vecinos del barrio Don Pedro, en el marco de la causa que investiga el delito de "adulteración y contaminación de aguas", figura contemplada en los artículos 55 y 57 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos".

En julio pasado, una medida cautelar establecida por el juez de Garantías y Transición Nº 1 -Dr. Mario Figueroa- ordenó "el monitoreo permanente y diario en la planta de tratamiento del PIG " a los fines de evitar la salida de plomo desde el caño madre y para que se disminuyan los límites de Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) permitidos de acuerdo a la normativa vigente.

El control de dicha disposición quedó en manos de la Municipalidad de Gualeguaychú -concretamente de la Dirección de Ambiente a cargo de Susana Villamonte-. El texto indicaba que ante una situación que implique el incumplimiento de dicha cautelar por alguna de las empresas del PIG, "se deberá proceder a la clausura de la misma", mientras que en el caso de no localizarse de manera fehaciente la industria que incumpla la disposición, "se clausurará directamente la salida de la Planta de Tratamiento de Efluentes".

Pero según aclaró oportunamente Beherán en diálogo con R2820, "la medida cautelar era para que, ya que nosotros no podemos tomar valores a diario, la Municipalidad se encargara de hacerlo. La medida se centró en que tuviéramos un control directo de lo que era el funcionamiento diario de la Planta. Luego ampliamos para que la cautelar no rija solamente sobre la Planta en sí -aunque por supuesto también sobre ella- sino sobre las empresas de manera particular".

Estas mediciones son las que están llevando a cabo desde Medio Ambiente municipal junto con el INTI. Estos son los informes que aguarda la Fiscalía para considerar si es necesario ampliar la cantidad de imputados en el marco de la causa. En función de este material es que se solicitará una prórroga de investigación de tres meses.

Así es que el próximo 26 de diciembre a las 8 horas, se llevará a cabo la audiencia para solicitar la mencionada prórroga ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú, a cargo del juez Arturo Exequiel Dumón. Participarán de la misma el Dr. Lisandro Beherán por el Ministerio Público Fiscal, el Dr. Fabián Moreno Navarro como abogado querellante en representación de los vecinos del barrio Don Pedro, y los abogados defensores Dario Carraza (por CODEGU), Gustavo Pauletti (por Juan Benedetti) y Martín Britos por Susana Villamonte.


Mientras tanto, los reclamos de los vecinos del barrio Don Pedro permanecen sin respuestas

"Lo que los industriales no dicen es que tendrían que hacer un pre tratamiento de sus efluentes antes de que estos confluyan en la Planta de Tratamiento del PIG para luego desembocar en la Cañada Melgar, luego al arroyo Gualeyán y por lo tanto depositarse en el río Gualeguaychú. Este pre tratamiento es una condición establecida por la Ley Nacional de Residuos Peligrosos (N° 24.051) y evidentemente es un incumplimiento que los industriales han sostenido durante todo este tiempo con las consecuencias que ya conocemos", señaló oportunamente el vecino Santiago Escobar en diálogo con R2820.

"La Planta de Tratamiento debería estar dentro y no fuera del PIG; ya que la Cañada Melgar no tiene caudal propio -se alimenta por los pluviales del volcado ilegal de los efluentes- y luego se deposita en el arroyo Gualeyán. La ley de Residuos Peligros determina claramente que el lugar donde se va a realizar el volcado tiene que tener un caudal propio superior al volcado que se realiza. Más allá de esto, de que el punto de partida es que la planta está mal ubicada, queremos al menos lograr una reparación en función a lo que indica la legislación en vigencia", concluyó el vecino.

Por su parte, Ignacio Journé -presidente de la comisión vecinal del barrio- señaló que "la obra no estará concluida y no cumplirá su cometido hasta tanto se efectue el cambio de volcado; no alcanza con la planta de tratamiento de efluentes si no se lleva a cabo el cambio de volcado de los mismos". En este sentido señaló con preocupación que hasta el momento la Provincia no ha confirmado tener un plan, "dentro de un tiempo razonable para llevar a cabo el cambio del volcado, ya que el que existe en la actualidad es ilegal bajo todo punto de vista".

Tiempo atrás Journé confirmó que si bien se habla de la conclusión de la obra para el próximo febrero, la Provincia "debe dar un plazo razonable sobre el cambio del volcado".
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