El Poder Ejecutivo decidió este martes apelar el fallo judicial que prohibió “la fumigación terrestre con agrotóxicos en un radio de 1.000 metros alrededor de todas las escuelas rurales de la Provincia de Entre Ríos, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres 3.000 metros”.

La medida limitante se mantendrá “hasta tanto se determine, por las áreas estatales específicas que se obtendrán idénticos efectos preventivos para la salud de alumnado y personal que asiste a los mismos con distancias diferentes”.

En diálogo con Beat 99UNO una de las amparistas, Dra. Aldana Sasia -abogada del Foro Ecologista de Paraná- se refirió a la apelación de gobierno provincial a la sentencia, firmada por el camarista civil Oscar Daniel Benedetto: "La apelación presentada por Rodriguez Signes peca de desconocimiento en materia de derecho ambiental. Habla de la falta de prueba y desconociendo la figura del amparo colectivo como medio idóneo para plantear este tipo de cuestiones. Nos asiste la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y nuestros códigos procedimentales, donde se establece que el amparo colectivo es la herramienta que existe salvo que hubiera otra más idónea para este tipo de cuestiones. Esta mirada es medieval y va a contramano a las resoluciones del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER)".

"En términos de lo competente a la fumigación aérea, trasladamos la misma restricción que rige para el casco urbano a la escuela rural", explicó la abogada, a la vez que afirmó que "no existen las buenas prácticas agrícolas, esto ha sido sobradamente probado en cuanto a que es imposible llevarlo adelante. No hay control posible por parte de este Estado con una camioneta y dos empleados para toda la provincia de Entre Ríos, pero además por el efecto de la deriva, primaria secundaria y terciaria que lleva la sustancia a estar presente incluso en el agua de lluvia".

"Creemos que tenemos que ir a una transición, que nos va a llevar al menos 20 años, para salir verdaderamente de la matriz productiva imperante y avanzar en otro sistema de producción. Queremos que el Estado invierta en esta transición sino de otra manera salir es inviable, señaló.

En cuanto a la vigencia del fallo, explicó que "la sentencia no está firme por lo tanto no se aplica, estamos trabajando en la respuesta a la apelación del Ejecutivo provincial, luego se correrá vistas al Ministerio Público fiscal, y finalmente será el STJER quien se expida respecto de la sentencia de origen", dijo que Sasia, quien hacia el final de la nota dijo que esperan el acompañamiento de la Municipalidad de Gualeguaychú y destacó la importancia de las adhesiones que han recibido luego de conocerse la sentencia.


¿Especulación electoral?

En el ámbito local, Natacha Crimella -integrante de la organización ambiental "Salvemos el Río Gualeguaychú", se refirió en diálogo con R2820, a la apelación del fiscal de estado bajo la orden política del Ejecutivo Provincial: "Si bien el fiscal - Dr. Julio Rodriguez Signes- entiende que existe un principio precautorio no reconoce las pruebas suficientes para demostrar que las fumigaciones y pulverizaciones de agroquímicos sean peligrosas para la salud. También dice que el Consejo General de Educación (CGE) no tiene legitimidad para intervenir en un amparo colectivo, y que al no poder demostrarse la afectación individual no se puede demandar colectivamente".

"Me parece una vergüenza la apelación del fallo por parte del Gobierno Provincial. Es justamente el Estado quien debe garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado a todos los habitantes del territorio provincial. Esto se encuentra estipulado en el artículo 22 de la Constitución de Entre Ríos", remarcó Crimella.

Por otra parte, la ambientalista destacó que "llama poderosamente la atención el silencio de la Municipalidad de Gualeguaychú, ya que esta gestión levantó la bandera del glifosato cero promoviendo la ordenanza que prohíbe el uso, acopio y comercialización del agrotoxico dentro del ejido, más allá de que luego los mismos concejales que votaron positivamente la ordenanza hayan salido a reclamar los fondos coparticipables de la soja, los cuales representan la contaminación en otras jurisdicciones".

"Pero me llama aún más la atención que una gestión que publica gacetillas de prensa por todo no haya dicho nada de la aberración de un Estado provincial que va en contra de la Salud de los ciudadanos. Quiero creer que no se trata de una especulación política partidaria por parte del Intendente Piaggio de cara a las elecciones del 2019 y en búsqueda de un acuerdo con el gobernador Bordet", concluyó.
fumigaciones

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