Con números artísticos y puestas en escena en la explanada de Casa de Gobierno, la Plaza Mansilla fue este martes el escenario elegido para reclamar una vez más por la prohibición de agrotóxicos en un contexto de “días de muerte”, como catalogó una de las oradoras.
Otra vez la cultura, el gremialismo ceteísta (en su mayoría Agmer) y los sectores de izquierda (MST mayoritariamente) y ambientalistas fueron quienes dieron el presente. Estaba previsto que sesione la Cámara de Diputados, pero fue suspendida. La Legislatura es el ámbito en el que se tendrían que abordar proyectos (que los hay), pero por uno u otro motivo fueron desechados al limbo de la agenda parlamentaria. Hubo iniciativas, incluso, que llegaron a tener media sanción pero luego fueron desestimados. (Ver recuadro) Tras esta manifestación se dirá que se está trabajando en el tema. Es la repetida reacción de todos estos años.
La movilización, acompañada por la cuerda de tambores de Paraná y activistas de diferentes puntos de la provincia y Santa Fe, puso de relieve informes escalofriantes sobre casos que terminaron con víctimas fatales por este veneno que se tira desde las avionetas.
La Justicia, una puerta
El mes pasado, en un fallo inédito, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay condenó a un año y seis meses de prisión condicional a Erminio Bernardo Rodríguez, presidente de la empresa fumigadora Villaguay Aero Litoral SA; José Mario Honeker, dueño del campo de arroz y maíz; y César Martín Ramón Visconti, el piloto del avión fumigador, que también fue inhabilitado por un año para realizar actividades de pulverización aérea. Los tres fueron encontrados culpables de los delitos de lesiones leves culposas y contaminación ambiental, penado por la Ley de Residuos Peligrosos, por la fumigación que roció de agrotóxicos a la Escuela Número 44 República Argentina, en Colonia Santa Anita, departamento Uruguay.
En Entre Ríos, el uso de agrotóxicos se rige por una “ley” de la dictadura. La Ley de Plaguicidas Número 6.599 fue sancionada en 1980 –tiene la firma del interventor militar Carlos Enrique Aguirre–, aunque luego tuvo modificaciones. La norma establece, además, que “toda persona que se decida aplicar plaguicidas por aspersión aérea o terrestre, deberá tomar las precauciones del caso para evitar ocasionar daños a terceros” y prohíbe “la aplicación aérea de plaguicidas agrícolas dentro del radio de tres kilómetros a partir del perímetro de la planta urbana de los centros poblados”.
Había una vez un circo que se llamó “Código Ambiental” y que Entre Ríos iba a ser merecedora. Nada.
Historia negra
El soplido del viento esparciendo por hectáreas el veneno es tan conocido como el veneno mismo. De ahí que hubo intentos por minimizar los efectos de la lluvia ácida con leyes que, por lo menos, reglamenten la altura en que las avionetas puedan regar los campos entrerrianos con plaguicidas. Ni siquiera esa migaja se permitieron aprobar los legisladores.
En el año 2009, el diputado nacional Raúl Solanas (PJ-Entre Ríos) movió el avispero. No hubo caso. Unos cuantos años antes, en 1992, cuando comenzó a asomar el boom de la soja, que dio lugar al actual perfil productivo, el entonces diputado Antonio Boleas (UCR-Paraná) pidió que se creara en el ámbito parlamentario un área referida al medio ambiente. Años después el senador Hugo Cettour (PJ-Uruguay) intentó algo similar. No hay nada.
En 2006 el senador Hugo Berthet (PJ-San Salvador) presentó un proyecto que recién en 2011 se convirtió en la Ley Número 10.028, que regula el depósito de los envases de los plaguicidas que quedaban a la deriva en las rutas o en el medio de los campos y, en muchas ocasiones, la peonada los juntaba para darles otro uso con una simple enjuagada de agua. La ley está vigente, pero no se cumple. El Estado jamás pudo crear una “policía ambiental” que se encargue de estos controles.
En 2010, el diputado Héctor De la Fuente (Nuevo Espacio-Gualeguaychú) directamente presentó un proyecto para prohibir las fumigaciones. Oficialismo y oposición se fueron en promesas de una inminente aprobación, que no se dio. Hace unos días, el senador Exequiel Blanco (Cambiemos-Tala) solicitó lo mismo.
Decir que no hay un marco jurídico para el uso de plaguicidas es una falacia. En Entre Ríos rige la Ley Número 6.559 y tiene dos decretos reglamentarios (4.483 y 5.575, de 1995). Ahí está, lista para ser cumplida hasta que se apruebe una nueva.
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