Dentro de los puntos a destacar, el legislador nacional habló del "fortalecimiento del Instituto Nacional de Semillas (INASE) en cuanto al control una vez aprobada la ley; "de esta manera estamos dándole facultades exclusivas y excluyentes para que sea la entidad que controle, lo cual descartaría cualquier otro tipo de mecanismo", dijo en alusión a los operativos de fiscalización que montan empresas como Bayer y Monsanto en los puertos argentinos, para luego enviar facturas dolarizadas a los productores que comercializan granos.
"Todos los derechos de propiedad se abonarían en un solo acto", dijo Benedetti a la vez que aclaró: "Habría una restricción en el derecho de uso de las semillas, exceptuando a los productores que estén dentro del programa de agricultura familiar, los pueblos originarios y aquellos productores que tengan una facturación anual dentro del umbral de una micro pyme agropecuaria, rondando aproximadamente los 4 millones de pesos anuales".
"El resto de productores que no se encuentra exceptuado, deberá abonar por un período no menor a cinco años un cannon establecido al momento de adquirir las semillas un monto estipulado al momento de firmar el contrato y efectuar la compra de tecnología", señaló Benedetti a la vez que recalcó que " con esta modalidad se busca que el productor no pague varias veces o en partes por aquellas cuestiones tecnológicas que concurren en una semilla".
Consultado sobre si se evaluaron otros proyectos en la Comisión, dijo que "hubo varios proyectos a la vista, pero este fue un dictamen síntesis. No hubo otro con estas características de consenso, ni tampoco hubo rechazo por parte de quienes no acompañaron con su firma. Hay mucho para conversar, por ejemplo con el bloque que integra el diputado Bahillo (Peronismo Federal) quien en estas oportunidad no se sumó su firma al dictamen, si bien manifestó su acuerdo en varios puntos".
Por último Benedetti opinó sobre la posición de las entidades agropecuarias: "Hay distintos matices dentro de las entidades. Pero vamos a esperar unos días para que decanten las opiniones. A partir de lo ocurrido hoy corren plazos cortos para tratar el proyecto en el recinto; si no lo hacemos en un par de semanas, quedará para el año que viene".
La oposición al dictamen: "El Estado abrirá la ventanilla para hacerle el trabajo a las multinacionales"
Durante las últimas horas la Comisión de Semillas de Federación Agraria Argentina (FAA), en conjunto con las entidades cooperativas del complejo federado, manifestaron su desacuerdo en relación al rumbo que tomó el debate por el que la entidad brega hace tiempo: "Visualizamos que si bien hay un avance positivo respecto de otros proyectos que años anteriores se han puesto en debate, aún falta espacio para el consenso", dijeron."Necesitamos más diálogo, fortalecer el INASE como instrumento para promover la producción y comercialización de semillas, y asegurarnos a los productores identidad, calidad y seguridad jurídica. Fervientemente exigimos el orden público de la ley de Semillas, que termine con las prácticas contractuales avasallantes de los derechos de los agricultores", sumaron en el comunicado oficial difundido en la web de la entidad.
"Ratificamos la posición de uso propio gratuito y la permanencia de Argentina en el marco de UPOV 78. Esperamos contar con tiempos de debate y acuerdos en beneficio de los pequeños y medianos productores", dijeron sumando la preocupación de dirigentes que abiertamente señalaron que "con este dictamen, el Estado abrirá la ventanilla para hacerle el trabajo a las multinacionales".
Otras de las voces críticas al dictamen fue la del periodista y autor de "Envenenados", Patricio Eleisegui: "Sin tratamiento previo del proyecto ahora dado a conocer, y ante la dura oposición de colectivos sociales y productores pequeños y medianos, el gobierno puso primera y se alzó con el aval para tratar en recinto de Diputados la modificación a la actual Ley de Semillas. El marco en cuestión, exigido mayormente por la dupla Bayer-Monsanto dado su monopolio en el desarrollo de variedades de soja modificada genéticamente, establece la privatización del insumo a partir de aspectos como la limitación del denominado “derecho de uso propio”. Este último es un ítem clave en la normativa vigente, sancionada en 1973. En concreto, el “derecho de uso propio” permite al agricultor volver a sembrar el resultado de sus cosechas o el sobrante de la campaña".
"La ley que buscará ahora su aprobación establece el abono de regalías por la “reutilización” del producto, además del pago de “derechos de propiedad intelectual” con la compra de las semillas. De esta forma, el insumo queda gravado de un “copyright” hasta ahora no contemplado en la legislación", señaló el periodista en el portal iProfesional.
"En simultáneo, y lo que resulta polémico a los ojos de los productores de menor calibre, la ley a tratar considera que la modificación que hacen Bayer-Monsanto a las semillas a través de biotecnología es argumento suficiente para considerar a las corporaciones dueñas absolutas de estas especies", especificó.
“Es la frutilla del postre que se inició en los años 90 con la irrupción de la soja transgénica. Esto que ocurre ahora viene a cerrar el capítulo de aquellos años. Implica privatizar el sistema agropecuario argentino. Si esto se aprueba luego en el recinto, bueno, será muy difícil desarmar este andamiaje legal en los próximos años”, también advirtió ante iProfesional Enrique Viale, abogado ambientalista.
