De modo monolítico, el Ministerio Público Fiscal y todos los querellantes pidieron para Ilarraz la pena de 25 años de prisión de cumplimiento efectiva. Aunque hubo sensibles disidencias respecto de la preventiva.

Los fiscales Álvaro Piérola y Juan Francisco Ramírez Montrull solicitaron al tribunal que le aplique a Ilarraz la más dura condena que permite el ordenamiento legal vigente al momento de los hechos -Ilarraz fue prefecto de disciplina en el Seminario entre 1985 y 1993-, y que hasta que la sentencia adquiera firmeza, se le aplique prisión preventiva, con lo cual el sacerdote iría de forma inmediata a la cárcel.

En ese planteo coincidieron los querellantes Marcos Rodríguez Allende, Lisandro Amavet, Santiago Halle y Victoria Halle. También, en el fuerte reproche hacia el encubrimiento de la jerarquía católica, que impidió que durante un cuarto de siglo los delitos de Ilarraz se mantuvieran silenciados.

“Acá hubo un silencio institucional del cual Ilarraz se valió. Era un silencio con el cual Ilarraz contaba. Este encubrimiento que Ilarraz siempre estuvo seguro que iba a tener a su favor. Y eso, de hecho, así sucedió. Esa es la explicación que estemos juzgando estos hechos casi treinta años después de haber sucedido. Los responsables (de la Iglesia) en aquel momento, que además tenían posiciones institucionales que le imponían el deber de denunciar, no lo hicieron”, dijo el fiscal Piérola.

Dos figuras son para el fiscal Piérola los autores del encubrimiento: Estanislao Karlic, arzobispo de Paraná cuando Ilarraz fue prefecto de disciplina en el Seminario y ocurrieron los abusos; y Juan Alberto Puiggari, que era rector en el Seminario y hoy es arzobispo.

“Esos datos son relevantes al momento de determinar la pena que pedimos para Ilarraz. Dejamos en claro que este es un juicio contra Ilarraz, no contra la Iglesia Católica, no contra Karlic ni contra Puiggari. Pero tenemos que dejar en claro el encubrimiento que hubo, que agrava la calificación del delito y por eso el pedido de pena”, aseguró.

Ese punto, el encubrimiento, fue expresamente dejado de lado por los querellantes Milton Urrutia y María Alejandra Pérez, que en todo momento buscaron dejar al margen de la investigación a Puiggari. Negaron el encubrimiento y además, aunque adhirieron al pedido de prisión preventiva, optaron por solicitarla recién para cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación dirima el recurso extraordinario por prescripción.

El defensor de Ilarraz, Jorge Muñoz, apuntó a las “contradicciones” de las siete víctimas, reclamó que se atienda el planteo por prescripción que debe resolver la Corte y pidió la absolución de su defendido. De forma detallada, fue señalando en qué año prescribió cada una de las siete denuncias.

Fuente: Entre Ríos Ahora
Causa Illaraz Justicia Causa por abusos

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