El texto
A partir del decreto 683/2018, el presidente Macri ha dispuesto la integración operativa de las Fuerzas Armadas a “funciones de apoyo logístico con las Fuerzas de Seguridad”. Se trata de una decisión trascendental que se toma puertas cerradas, sin consulta ni participación del Congreso Nacional, que bajo el argumento de “nuevas amenazas”, quiebra uno de los consensos fundamentales de nuestra democracia, en tanto la Ley de Defensa Nacional (promovida por Alfonsín en 1988) diferenciaba claramente los roles e incumbencias de las distintas fuerzas. El decreto supone en concreto la concentración y direccionamiento de las fuerzas hacia el control y la represión interna, e inaugura una nueva etapa de autoritarismo del gobierno de Cambiemos.Esta decisión no es aislada, sino que se da de cara a la intensificación del ajuste acordado con el FMI, sobre una sociedad ya golpeada por los tarifazos, el desempleo, la inflación, los despidos, la baja de jubilaciones y la falta de medicamentos, los recortes en educación, salud y seguridad social, etc.
Esta sustracción de ingresos al pueblo y el retroceso en los derechos son a su vez complementarios a una política de subordinación al poder financiero internacional a través de un planeado y sideral endeudamiento externo sin antecedentes, de alineamiento y obediencia a las estrategias continentales de los Estados Unidos, renuncia a los reclamos de soberanía en las Islas Malvinas, todo lo cual lastima la dignidad nacional y pretende poner definitivamente de rodillas a la Argentina y sus anhelos de desarrollo.
La decisión del gobierno nacional de poner a las Fuerzas Armadas a cumplir tareas de seguridad interna confirma entonces su voluntad de garantizar el brutal ajuste al pueblo con mayor represión y disciplinamiento. Pero la sociedad argentina sabe resistir, sabe movilizarse y expresarse, tiene organizaciones y sobre todo tiene memoria de la dolorosa historia.
Los concejales del Frente para la Victoria de Gualeguaychú nos unimos al rechazo de esta decisión del gobierno nacional y su vocación autoritaria y represiva, llamamos a todos los espacios políticos, las organizaciones sociales, y la ciudadanía en general, a expresarse firmemente, tal como ya lo han hecho la CGT y los organismos de derechos humanos, para exigir que este decreto sea anulado.
Este triste momento que vive nuestro país, como consecuencia de un gobierno neoliberal decidido a degradar la calidad de vida de todos los argentinos y el orden democrático en función de intereses concentrados y minoritarios, requiere de expresiones claras y sin especulaciones.
