En la jornada de hoy de Paro y Movilización el pueblo de Gualeguaychú también sale a manifestarse como en cada rincón del país contra el DNU y la Ley Ómnibus. El Gobierno de Milei inauguró a partir del 10 de diciembre del 2023 un proceso de ajuste y devaluación afectando la vida de la mayoría de los argentinos, no conforme con eso impulsó un decreto de necesidad y urgencia que elimina gran parte de los derechos conquistados durante décadas por el conjunto de nuestro pueblo. Además, envió al Congreso una Ley Ómnibus que profundiza en el mismo sentido el retroceso poniendo en remate los valores más preciados de nuestra patria.
Con un sesgo autoritario imponen medidas que benefician a los sectores más concentrados de la economía, la verdadera casta, perjudicando a las grandes mayorías populares.
El gobierno de Milei, Villarroel, Macri y Bullrrich representa el real retroceso, el abrazo a una Argentina decadente, atrasada y colonial que ya creíamos superada.
La crisis económica profundizada en tan sólo un mes de gobierno provocó una inflación del más del 25%, una caída de la actividad PyME de más del 26% y que una familia para no ser pobre tenga que superar los $500 mil pesos de ingresos. Es la planificación del desastre, de la transferencias escandalosa de ingresos desde los sectores más pobres a los más ricos.
El DNU y la Ley Omnibus constituyen un avasallamiento con una redefinición intempestiva de la política económica y social de nuestro país que desafía los principios fundamentales de nuestra Constitución Nacional y desconoce el proceso de construcción colectiva de nuestros derechos. Pretenden la concentración del poder en el ejecutivo, al tiempo que establece transformaciones que afectan todas las atribuciones regulatorias del Estado.
Avasalla el rol del Congreso y pretende reemplazarlo, lleva por delante 300 leyes que constituyen el entramado que da ordenamiento al funcionamiento del Estado y a las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales de nuestro país construidas en una tensión de consensos y disensos de las representaciones parlamentarias y de las luchas de los argentinos a través de nuestra historia.
Hoy los trabajadores paramos y nos movilizamos para defender nuestro derecho a hacerlo que está garantizado por la Constitución Nacional y por Tratados Internacionales; la Carta de la Corte Interamericana de DDHH define que el derecho de huelga es el “derecho más poderoso” que tienen los trabajadores/as para defender sus derechos e intereses económicos, sociales y profesionales y define que son Derecho de Huelga aquellas medidas cuya finalidad es impugnar “políticas públicas” como son las políticas económicas y social del gobierno nacional.
Ante la pretensión del gobierno de Milei de limitar nuestro ejercicio democrático al reclamo es que llenamos las calles y las plazas del país y cosechamos la más amplia solidaridad internacional que convocada por la Confederación Sindical de las Américas y las tres Centrales Argentinas, reunidas con el objetivo de Coordinar la movilización mundial, con la participación de más de 80 centrales obreras de África, América, Asia y Europa que se “solidarizan con el sindicalismo argentino frente a los ataques a la democracia y a la libertad sindical en la Argentina”.
El conjunto de la clase trabajadora formal e informal del país se ve atacada por estas medidas en sus derechos más esenciales.
Medidas como la reforma laboral, la intromisión en los convenios colectivos de trabajo, la afectación del derecho a asambleas en lugares de trabajo y la limitación, restricción y eliminación del derecho a huelga según el caso. Elimina las indemnizaciones por trabajo en negro y por despidos, así promueve el trabajo no registrado haciendo perder al trabajador otros derechos vinculados como tener obra social, ART, un recibo de sueldo registrado, aportes jubilatorios, etc, y toda posibilidad de reclamo.
Estas medidas lejos de generar trabajo registrado incrementan el trabajo informal que significa una flexibilización laboral de hecho y la imposibilidad de acceder a derechos laborales históricamente conquistados.
El DNU y la Ley Ómnibus son un paquete que tiene el sueño conservador de tantos planes de ajuste, el de lograr un país para un capitalismo del siglo XIX, sin derechos, sin protecciones y donde los patrones y propietarios hagan y deshagan con total impunidad.
Por otro lado, los trabajadores de la Economía Popular se ven perjudicados por las medidas económicas que lleva adelante el gobierno. A la devaluación del 118% y el incremento del valor de la canasta básica, la respuesta del gobierno para el sector es el recorte a los planes sociales con un congelamiento en los montos. Por otro lado la falta de reconocimiento a la labor comunitaria que realizan solidariamente las organizaciones sociales se ve agravada por la falta de insumos para los comedores y merenderos donde se ha incrementado significativamente la asistencia de la población.
Se suman a ello los discursos de estigmatización y las acciones represivas de los Movimientos Sociales con el propósito de criminalizar la protesta, en particular de los sectores populares que necesitan de la protección del estado con amenazas efectivas que violan los más elementales derechos de expresión.
La Ley Omnibus además implica la liquidación del sistema jubilatorio, pone en riesgo las cajas provinciales y prepara el camino para la reinstalación de las AFJP. Establece la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que será absorbido por el Tesoro Nacional. Un punto nodal es la supresión de la movilidad jubilatoria y su reemplazo por actualizaciones discrecional por parte del ejecutivo y que apuesta a ahorrarse medio punto del PBI a costa de ajustar los haberes previsionales.
Las políticas de DDHH a su vez sufren el avasallamiento generado por el Negacionismo que pretende “hacer desaparecer” la existencia del genocidio generado desde el estado durante la última dictadura cívico militar que coincidentemente fue instrumentado para imponer un orden llamado por entonces “Plan de Reorganización Nacional” y que hoy se emula con el ostentoso nombre de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” para refundar en ambos casos al país bajo las premisas neoliberales.
El estado sufre hoy además el desmantelamiento de las Áreas de Derechos Humanos en todas sus funciones, generando nuevas vulneraciones de derechos.
Madres, Abuelas y Organismos de DD.HH. reivindican todos estos años de lucha por Memoria, Verdad y Justicia y abogan por la continuidad de los juicios de lesa humanidad y critican la criminalización de la protesta social y la legitimación de abusos policiales promovidas por Milei y la ministra de seguridad. El ajuste que proponen sólo cierra con represión y en ese sentido diseñan un Protocolo que las organizaciones sindicales y sociales consideran inconstitucional y que no puede ser aceptado y mucho menos naturalizado.
El intento de frenar la protesta social también fue rechazada por parte de la dirigencia política y por organismos locales e internacionales, entre ellas el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación quien expresó : “Silenciar voces disidentes no es respuesta para las crisis sociales”.
Las desregulaciones planteadas por el DNU y la Ley Omnibus afectan los marcos regulatorios y el rol del Estado, para concluir en un estado ausente, que favorezca el poder económico concentrado, viole nuestros derechos, demuela nuestra identidad y enajene nuestra patria. Por eso desde algunos, de la inmensa mayoría de sectores afectamos, decimos:
La Ley Omnibus - atenta contra la Educación Pública y contra sus trabajadores. Declara a la educación “sevicio esencial” y viola el derecho de Huelga con el concepto absurdo de garantizar un 70 % de presencialidad. Introduce para los docentes un sistema de evaluación que vulnera la competencia de los títulos reconocidos por el sistema para el ingreso y desempeño de la tarea docente. Plantea la opción de la educación a distancia desde 4to. grado para favorecer el ingreso de corporaciones y plataformas que transforman a la educación en un bien de mercado violando el principio elemental de la educación como DDHH de acceso libre y gratuito garantizado por el Estado, que constituye parte de la identidad de nuestro país y que es ejemplo en el mundo.
Promueve la destrucción de un país federal con igualdad de posibilidades, donde el Estado Nacional, como lo comenzaron a hacer Menem y Cavallo, se desentienda de su financiamiento, para que cuando se aplique la evaluación de fin de ciclo para los alumnos ésta registre una foto de la desigualdad que ellos mismos han generado.
La Ley Ómnibus y el DNU atentan contra la Cultura de nuestro pueblo y sus trabajadores. Porque, en su totalidad, atentan contra instituciones, organismos y normativas que resultan vitales para nuestro desarrollo cultural soberano y federal.
Porque defendemos el Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), la actividad literaria, editorial y librera, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el Instituto Nacional de la Música (INAMU). Con estas medidas se propone su desregulación, desfinanciamiento e incluso su desaparición. Sin estos organismos sería imposible que los bienes culturales y las diversas formas de contar nuestro territorio a través de la cultura independiente lleguen a pequeñas localidades, barrios, centros comunitarios, clubes de barrio, escuelas, plazas, salas de teatro, bibliotecas populares, escuelas públicas y centros de salud.
Decimos no a la Ley ómnibus y al DNU porque atacan directamente las fuentes de trabajo que la actividad cultural independiente genera y, a la vez, ponen en peligro el conjunto de derechos culturales que nuestra sociedad ha conquistado. Perjudican a los públicos, espectadoras y espectadores, lectoras y lectores, haciendo peligrar la accesibilidad y democratización de los bienes culturales.
La cultura es un derecho humano. El estado debe ser garante e impulsor de la diversidad de voces para su existencia. Decimos NO a la derogación de los derechos culturales y convocamos a la sociedad en su conjunto a acompañar estos reclamos.
Desde el sector cooperativo denunciamos que el decreto anula leyes claves para cooperativas y mutuales. Entre las medidas anunciadas por Milei, hay tres que pegan de lleno en la Economía Social y Solidaria: la derogación de la Ley de Abastecimiento (utilizada para impedir maniobras que perturben el normal abastecimiento de bienes esenciales), derogación de la Ley de Góndolas (que busca brindar una mayor oferta de productos regionales o artesanales en las grandes cadenas) y derogación de la Ley del Compre Argentino (preferencias para las compras pública a productos de fabricación nacional)».
El movimiento cooperativo entrerriano debe permanecer fuerte y consolidado”, afirmaban desde el nuevo consejo de administración de FECOOTRER integrado por tres entidades cooperativas Gualeguaychenses: ECO Gualeguaychú, Los del Serrucho y Sanatorio "Luis Jeannot Sueyro". y se suman hoy a las palabras de Ramiro Martínez, presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (CONARCOOP), quien afirmó: “no son buenas las medidas de este gobierno, ya que el poder adquisitivo de los trabajadores se ve diezmado. No podemos ser ajenos como trabajadores cooperativos a las consecuencias de los ajustes que se propuso desde el actual gobierno, que afecta a toda la sociedad argentina”. Como sector confederativo del cooperativismo de trabajo, entienden que la crisis debe ser soportada en forma colectiva, con los aportes más profundos de los sectores de mayor poder adquisitivo y conteniendo a los sectores más vulnerables.
Desde los feminismos denunciamos que el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad significa la des jerarquización y desfinanciamiento de las políticas que permiten desde el Estado abordar integralmente las violencias y trabajar en su prevención.
Milei ha demonizado al feminismo, responsabilizándonos de causar una guerra inexistente entre hombres y mujeres, además de generar un gasto público, por el que la economía del planeta está en crisis.
Hoy salimos a defender la ESI, la IVE, los 1000 días, salimos por las licencias de maternidad y paternidad, Por la identidad de género, el cupo laboral trans y también por la jubilación para amas de casa, el trabajo registrado del personal de casas particulares y el cuidado de la madre tierra.
El feminismo es un sujeto político social de relevancia para la convivencia de la comunidad. Los feminismos ya sabemos , escuche señor presidente, el significado de la invisibilización: la muerte y la crisis.
Respecto a las medidas sobre Salud Mental nos pronunciamos y mantenemos en ALERTA frente a los intentos del ejecutivo nacional de reformar la Ley de Salud Mental 26.657, que significa un grave retroceso en materia de derechos humanos en tanto se volvería a los modelos de pleno encierro, obsoletos en todo el mundo, le otorgaba a jueces la potestad de ordenar internaciones, judicializando los padecimientos subjetivos, y encubriendo en su intento de modificación la proliferación de las respuestas privadas, movilizadas por intereses económicos y corporativos.
Ley Nacional de salud mental quedó por fuera de la ley ómnibus y por el momento no se modifica. Celebramos el enorme trabajo de los grupos que se pusieron al hombro la defensa de los derechos de las personas que transitan problemas de salud mental y consumos problemáticos; y nos mantenemos en ALERTA... LA LUCHA CONTINUA.
Exigimos como lo venimos haciendo con cada gobierno la plena implementación de la ley de salud mental y la Implementación urgente del Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Plan IACOP), con programas de inclusión cultural, laboral, social, educativa y deportiva. Necesitamos dedicar esfuerzos, trabajo y presupuesto en impulsar nuestra ley de salud mental y no volver a viejos paradigmas.
En Gualeguaychú en la asamblea de salud mental y consumos problemáticos nos estamos reuniendo de manera sostenida y estamos escuchando a familias de personas que se encuentran en situación de consumo problemático de drogas y que nos manifiestan que no encuentran en la Ley de Salud Mental las respuestas acordes a esta problemática, sostenemos que esta voz es prioritaria al momento de analizar el contexto actual y pensar alternativas.
Nos manifestamos también con preocupación por la situación local en materia de salud que está afectando de manera directa a la población y que denota un cambio de paradigma que desmantela la política pública volviendo a un paradigma biomédico institucional, con fuerte acento en la privatización de la salud. Lo vemos en los cierres de los espacios comunitarios, en la discontinuidad de los contratos de equipos técnicos trabajadores que acompañan tratamientos, en el recorte de insumos a los espacios comunitarios que sostienen procesos subjetivos en comunidad.
Repudiamos los efectos regresivos en materia de derechos que implica el DNU y la gravedad de la sanción del proyecto de la Ley Ómnibus, la cual impone reubicar a través del juez/a con uso de una facultad discrecional absoluta. Esta concepción pretende retomar criterios del niños, niñas y adolescentes como objeto de tutela del Estado, a viejo Paradigma de Patronato de Menores Ley 10.903, derogada en el año 2005.
También están en riesgo nuestros gurises. Consideramos que la aprobación del DNU, implicaría “volver a una doctrina de la situación irregular”, que imprime a la infancia una mirada jurídica represiva, caritativa y de control que limita derechos, libertades y garantías. Estas reformas niegan a NNyA derechos fundamentales, restableciendo viejas y derogadas concepciones de niñez y adolescencias entendidas como débiles e incapaces de pensar y manifestarse por sobre la concepción de sujeto de derecho político que los equipos profesionales junto a las organizaciones de la comunidad construimos con los gurises y gurisas, para reclamar por los derechos que se les arrebatan, desconociendo el derecho a organizarse, a que se les escuche y reclamen como lo define la propia Convención del Derecho del Niño-.
La garantía de sus derechos requiere de Políticas Públicas Integrales: salud, educación, vivienda, trabajo digno, entre otras- tal responsabilidad es con el ejercicio de corresponsabilidad de las distintas instituciones y niveles del estado (nacional, provincial y municipal) y a la sociedad en su conjunto.
La Ley Omnibus tiene gravísimas regresiones ambientales: deroga la Ley de Tierras para poner en venta el territorio argentino a cualquier extranjero y les pone así a su disposición zonas estratégicas, como mares, ríos, glaciares acuíferos. Modifica la Ley de Bosques para permitir el desmonte de zonas verdes y amarillas (ahora prohibido), la Ley de Glaciares para permitir la actividad minera en ambiente preglaciar, la Ley de Fuego para permitir la autorización de quema “tácita” vencido un plazo de 30 días, la Ley de Humedales y la de Protección Ambiental contra la actividad de quema de humedales y otras áreas naturales protegidas, habilitando su modificación para otros usos (productivos, inmobiliarios) agudizando la crisis climática. Desfinancia casi a cero a la Ley de Bosques y Atenta contra la Soberanía Alimentaria: permite a las trasnacionales del agronegocio controlar la disponibilidad, calidad y precios de los alimentos para nuestra población.
En esa línea tenemos como ejemplo en nuestra ciudad el Proyecto Amarras y el incumplimiento del fallo judicial bajo la concepción que propone hoy en día la Ley Omnibus y que el actual intendente comparte, quien probablemente eliminará además el control de agrotóxicos en consonancia con dicha ley.
El ambientalismo sin duda es el enemigo del capitalismo deshumanizado que propone Milei. Todas estas medidas van en sentido contrario a las obligaciones internacionales del Estado Argentino respecto a la protección del ambiente sano.
Nuestra lucha, organización y defensa es por la vida, La protección del ambiente, la soberanía sobre nuestros recursos naturales y la soberanía alimentaria.
No ajeno a las acciones que delimita el gobierno nacional, el gobernador de la Provincia Rogelio Frigerio plantea a sus legisladores el acompañamiento al proyecto de Ley según declaraciones periodísticas. Al igual que en sintonia con Milei se maneja el intendente Mauricio Davico, quien postergada su asunción local para estar cercano a Milei y Villarroel.
En el orden Municipal hoy nos concentramos frente al Municipio para denunciar su alineamiento con las políticas nacionales de Ajuste, el desmantelamiento de las políticas públicas y prácticas represivas que se manifiestan en:
Despidos masivos, eliminación de áreas esenciales y de espacios para la concreción de políticas públicas laborales, de salud, de vivienda, de trabajo como las cooperativas, de cultura.
Un marco de una pretendida emergencia económica y social, aprobada en 15 minutos, en el Concejo Deliberante por el oficialismo para eliminar de un plumazo la mayoría de las políticas públicas que son indispensables para garantizar derechos.
Declararon una emergencia económica que no es tal sino que deviene de medidas como la devaluación y una hiperinflación provocada, que redundará en el aumento de las tasas municipales para la población y la paralizacíón de las obras para la ciudad.
La identificación con las medidas económicas nacionales que perjudican el poder adquisitivo de las mayorías que tiene su impacto en el comercio local y que compromete a todas las organizaciones intermedias que sostienen a esta ciudad, al sector industrial, a la actividad turística, a los emprendedores, a las cooperativas, a la economía informal. Con la consecuencia de la precarización laboral y los despidos.
Con un alineamiento ideológico que llevó al gobierno local a desmantelar el Museo de la Memoria Popular Osvaldo Delmonte a un lugar desbastado y ceder el espacio original a un privado como el la Comisión del Carnaval. La implementación de la presencia policial en el municipio durante el tratamiento de ordenanzas como la que desmanteló el Museo de la Memoria Popular habla a las claras de la Concepción democrática del gobierno local.
Llevan adelante una política que prioriza los negocios privados como la privatización del uso de los espacios públicos. En el marco de lo cultural claramente se expresa uno de los más claros limitantes que condiciona el uso de espacios públicos, y el acceso de los sectores populares a los mismos.
El cierre de espacios comunitarios para el abordaje de diversas problemáticas que postergan a nuestros niños, niñas y adolescentes reafirman el abandono de un paradigma de salud comunitaria por otro orientado a la mercantilización y el negocio.
Es por todo lo expuesto en este documento común que este colectivo Multisectorial expresa claramente:
Ante el negacionismo y la anulación de los derechos humanos y sociales que forman parte de nuestra identidad, y de cara al Próximo 24 de marzo, expresamos la necesidad de que todos los sectores defiendan la democracia, a casi 41 años de su recuperación. Decimos y nos comprometemos con Nunca Mas, son 30.000., por Memoria, Verdad y Justicia!!!
Exigimos la reincorporación a sus puestos de trabajo a lxs compañerxs despedidos en clara persecución política tanto en el ámbito municipal, en los organismos provinciales y nacionales!!
Exigimos a nuestros legisladores nacionales el rechazo e impugnación, de inmediato, al DNU y el Proyecto de Ley Omnibus y solicitamos se expresen públicamente con la responsabilidad social que la realidad amerita y que el pueblo les ha otorgado. Si así no fuere que la historia los condene.
No al ajuste, No al DNU, NO A LA LEY OMNIBUS!!! La Patria no se vende.
Adhieren al documento
CGT, CTA-T, CTA-A, UTEP, Sindicato de Camioneros, Luz y Fuerza, UPCN Nacional, La Bancaria, Sindicato de Ladrilleros, UTI, Sindicato de Químicos y Petroquímicos ZC, Sindicato de La Carne, SADOP, Sindicato Molineros, Sindicato de Aceiteros, Sindicato de Gastronómicos y Utedyc.También Sindicato de Comercio, Sindicato de Trabajadores de Estaciones de Servicio, UEJN, Sindicato de Petróleo y Gas, Sindicato de Sanidad, Satsaid, AEFIP, UTA, UDA, Soever, Sindicato de Papeleros, UOM, ATE, AGMER, CoNAT, CCC y Movimiento Evita.
Se suman Somos Barrios de Pie, MTL, CUBaMTR, FECOOTRER, Asociación Madres de Plaza de Mayo, Red por el Derecho a la Identidad Gualeguaychú, EnRedada Feminista, Corriente Lohana Berkins, Asociación de Teatro Independiente Tablas y Frente Cultural Gualeguaychú.
Además, Teatristas Autoconvocadxs, Centro Cultural Musicante, Asamblea de Salud Mental y Consumos Problemáticos, PJ, PC, Militancia Peronista, Fundación INKA, Frente Patria Grande, Agrupación Elijo Gualeguaychú, Corriente Política Sindical Entrerriana/ y MujeRio candombe.
También Agrupación la 17 de noviembre, La Cámpora Gualeguaychú, APDENA y Fundación Multipolar, Centro comunitario El Galpón, Estudiantes de trabajo social UNER, Generación Patriótica, Asociación Primeras Madres Cuidadoras y Partido Nuevo Encuentro.
