"La decisión de presentarlo está tomada. Dependerá del STJER si lo concede o no, de no hacerlo el camino para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) será la presentación de un recurso de queja", explicó el letrado ayer por la tarde.
Así fue que poco antes de las 9 horas de este miércoles, la Fiscalía de Estado entrerriana presentó el recurso extraordinario que pretende poner en jaque el fallo de La Cámara Civil II, Sala Segunda, a cargo del juez Oscar Daniel Benedetto, quien hizo lugar parcialmente a un amparo ambiental promovido por Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y el Foro Ecologista para impedir las fumigaciones sobre los establecimientos educativos en áreas suburbanas de la provincia de Entre Ríos.
El fallo, sin precedentes en materia de regulación ambiental, ordenó el cese de "fumigaciones terrestres con agrotóxicos en un radio de mil metros alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia", y también se expidió sobre "la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres mil metros alrededor de dichos establecimientos educativos".
Los plazos para que la Fiscalía de Estado interpusiera el recurso, comenzaron a correr una vez que el STJER rechazó la apelación del Gobierno a la resolución judicial que impuso límites precisos para la prohibición de las fumigaciones aéreas y terrestres a las escuelas rurales de la provincia.
Respecto a la vigencia del fallo del juez Benedetto, Rodríguez Signes explicó que "la Ley de Amparo (8369) llega hasta la sentencia del superior, a partir de la interposición empieza a regir el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; en esta instancia nos encontramos con un tema de interpretación de la ley, pero en concreto lo que vamos a hacer es que, junto con la interposición del recurso, pediremos la suspensión de los efectos del fallo".
Por su parte, el fiscal de Estado se refirió al escenario actual, con el fallo vigente: "Mientras tanto se está trabajando en la posibilidad de un decreto reglamentario que resuelva la cuestión administrativa. El juez dijo que venía a llenar una omisión de la Legislatura. Una alternativa es que las secretarías de Producción y Ambiente de la Provincia redacten un proyecto de decreto haciéndose cargo de esa omisión y poniéndolo a disposición del gobernador para corregir el vacío al que se refiere el juez".