Es en el marco de la causa en el que se investigan los delitos de fraude a la administración pública y asociación ilícita por la contratación irregular en el seno de la Legislatura.

En un brevísimo comunicado, el Senado informó que el cuerpo ordenó una investigación sumaria ante la escandalosa causa que tramita en la Justicia y que involucra a la Legislatura. Esto es los dos cuerpos, de senadores y diputados, presididos por Adán Bahl y Sergio Urribarri.

“En relación a la causa que investiga las contrataciones en la Legislatura, desde la Vicegobernación se informó que el presidente del Senado ordenó una instrucción de investigación sumaria administrativa interna, como medida complementaria a la renuncia del funcionario que se desempeñaba como director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Senadores. Asimismo el Senado, en el marco de la legislación vigente, se ha puesto a disposición de la justicia desde un primer momento”, dice el parte de prensa.

El miércoles pasado los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, con la coordinación de la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, allanaron dos estudios contables con el objetivo de incautar información y elementos para el legajo en el que investiga el funcionamiento de un esquema por el cual a través de contratos se generaba un fraude al Estado.

Hasta lo que se sabe provisoriamente, en la Legislatura (Senado y Diputados) se hicieron 350 contratos que varían entre los 35 y 50 mil pesos. Pero a los contratados sólo se les daba entre 1200 y 3000 pesos por prestar su nombre. Una inmensa mayoría no trabaja en la Legislatura. Si se saca una cuenta rápida se trata de un monto mensual de unos 14 millones de pesos mensuales. De ahí hay que sacar los honorarios para los prestanombres y los estudios contables, que eran quienes hacían los aportes a la AFIP y ATER. Para tener todo en regla.

Luego de los allanamientos y con el escándalo a la luz del día, Bahl le solicitó la renuncia a Gustavo Pérez, quien se desempeñaba como director general de administración de la Cámara alta.

La causa -que involucra a legisladores de los principales partidos políticos- investiga los delitos de fraude a la administración pública y asociación ilícita.

Fuente: Página Política
Legislatura Entre Ríos Judiciales

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