En Concordia, la polémica se instaló en la sociedad. El equilibrio que había manifestado el intendende justicialista Enrique Cresto se quebró cuando ratificó la adhesión al tratado de San Antonio de Padua.

Cresto había evitado declaraciones públicas, aunque su posición era reconocida.

Algunas de sus funcionarias comunales participaron en favor de la legalización del aborto exponiendo en el Congreso Nacional durante el tratamiento en Diputados y su propia hermana, la diputada Mayda Cresto, había votado en contra de la norma.

Tras la adhesión, en un primer momento, el pastor Daniel Ozuna, presidente de la Asociación de Pastores Unidos, se refirió con conceptos positivos a la acción del intendente sobre declarar a Concordia como una "ciudad pro vida y familia" porque "transmite coherencia y va en consonancia con la presentación de un petitorio que hicimos distintas ONGs", sostuvo.

Poco después del anuncio de ratificación por decreto de esa adhesión al tratado de San Antonio de Padua, las críticas surgieron en la voz de la referente del MST-Nueva Izquierda Entre Ríos, Nadia Burgos.

"En primer lugar le recordamos al intendente Cresto que Concordia no es una teocracia y que, por lo tanto, no se puede imponer la doctrina religiosa por decreto. Estamos discutiendo un derecho elemental que es el derecho de salud y democrático de decidir sobre nuestro propio cuerpo. El aborto en nuestro país es un problema de salud pública, DDHH y de justicia social, una deuda de la democracia con las personas con capacidad de gestar", argumentó la dirigente que apoya la Campaña Nacional del Aborto Legal, gratuito y seguro.

Y agregó: "Cuando vivimos en un país que tiene como una de las principales causas de muerte materna la clandestinidad del aborto, gobernar bajo los preceptos personales que niegan esta realidad es condenarnos doblemente, a la clandestinidad y la condena social. Pero las mujeres ya no nos callamos ni nos ocultamos más, ganamos las calles y cada lugar para denunciar esta realidad".

Burgos continúo expresando que "las acciones de Cresto son una muestra más de la relación privilegiada que el Estado tiene con la Iglesia católica y tenemos que avanzar y luchamos también para su definitiva separación. No se puede imponer la doctrina de un credo al conjunto de la población y muchísimo menos por decreto. Debe darse de inmediato marcha atrás a esta medida."


Por otra parte, el Partido Comunista de Concordia también se pronunció al respecto a través de un comunicado, que sostiene:

"Repudiamos el mesiánico y antidemocrático decreto de Cresto contra el estado laico y las mujeres. El Partido Comunista de Concordia repudia enérgicamente el vergonzoso decreto municipal que declara a esta ciudad como Pro Vida, siendo esto solamente expresión de una dirigencia política y religiosa que quiere escucharse a sí misma y pretende imponer de manera autoritaria sus propias creencias por parte del intendente Enrique Cresto"

"Resulta mínimamente del siglo XIX ignorar, pasar por alto y finalmente violentar la existencia de un estado laico, de la pluralidad de voces en democracia y del propio funcionamiento republicano de las instituciones ya que es el propio Concejo Deliberante, con voto por mayoría de partidos de distinta procedencia ideológica y con un profundo debate, el que ha rechazado esta imposición arbitraria y mesiánica", sostienen contundentemente.

Más adelante agregaron que: "Este decreto a espaldas del pueblo y de toda representación popular, desoye la lucha organizada de las mujeres que a lo largo y ancho del país, con múltiples acciones en Concordia, han transformado el derecho a la soberanía sobre sus cuerpos en un clamor popular materializado en el voto mayoritario de Diputados de un amplio arco de partidos políticos por el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo como política de salud pública, para una educación sexual integral y para terminar con el negociado y las muertes por los abortos clandestinos".
Concordia Aborto legal

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