En el Senado, se realizarel segundo plenario de comisiones para tratar el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo que tuvo sanción en Diputados el 14 de junio.

En la reunión se definirá la cantidad y los nombres de expositores que presentarán ante legisladoras y legisladores argumentos a favor y en contra de la iniciativa, para la cual está previsto alcanzar dictamen el 1 de agosto, de modo que llegue al recinto el 8, como fue acordado en Labor parlamentaria.

Los presidentes de las comisiones de Salud, Justicia y Asuntos penales, y Asuntos constitucionales, Mario Fiad, Pedro Guastavino y Dalmacio Mera respectivamente, darán a conocer también su resolución acerca del pedido de representantes antiderechos para que el plenario tenga audiencias en distintas provincias del país, en lugar de hacerlo en el Congreso, como sucede normalmente. También podría conocerse la lista definitiva de oradores, para la cual hasta el jueves pasado senadoras y senadores podían proponer nombres. Uno de los pocos nombres firmes hasta el momento es el del ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, con cita confirmada para el 24 de julio.

El martes pasado, en el primer plenario, senadoras y senadores que acompañan el proyecto señalaron que muchos de los más de 700 expositores que pasaron por el plenario de Diputados habían viajado desde distintas provincias, como lo harán también algunos de la lista de alrededor de 60 invitados propuestos para las audiencias próximas. Por ello, señalaron, no tendría sentido que las comisiones tengan sus reuniones en distintas provincias.

Según quedó establecido en Labor Parlamentaria, las comisiones tratarán el proyecto de legalización sancionado el 14 de junio en Diputados y otros tres, alternativos, presentados por Federico Pinedo, Miriam Boyadjian y Guillermo Pereyra, que procuran correr el eje del debate y, en algún caso, abrir la puerta a derogar la normativa vigente que admite el aborto no punible con causales.

La inclusión de esos otros tres proyectos, que fueron ingresados y girados a comisiones en vísperas de que la iniciativa de legalización llegara al recinto de Diputados (algunos de esos trámites parlamentarios tuvieron lugar el mismo día en que comenzó aquella sesión) motivó, también, algunos intercambios tensos durante la reunión del martes pasado.

“El eje del debate es la media sanción que votó la Cámara de Diputados. Después habrá otras iniciativas de senadores, pero la cabecera del debate es la media sanción. Es una cuestión reglamentaria. Hay un proyecto y hay iniciativas individuales. Muy bien. Se tendrán a la vista, pero la cabecera es la media sanción”, señaló ese día el rionegrino Miguel Angel Pichetto.

La referencia era doble: por un lado, a los proyectos de Federico Pinedo, Miriam Boyadjian y Manuel Pereyra, presentados como “alternativas” a la consideración de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE); por otro, a una intervención previa, de su par Laura Rodríguez Machado. La cordobesa había señalado que en Diputados “el debate ha sido más general que puntual”, por lo que pidió que las exposiciones de oradoras y oradores invitados “en lo posible tengan vinculación con lo que está en consideración”.

El proyecto de legalización que llegó a la Cámara alta establece que las mujeres y personas gestantes podrán acceder a IVE hasta la semana 14 de gestación; en los casos de embarazo producto de violación o riesgo para la salud o la vida de la gestante y en casos de fetos incompatibles con la vida extrauterina, no hay plazo para la IVE.

La práctica deberá realizarse sin necesidad de autorizaciones judiciales ni requisitos, en el plazo máximo de cinco días desde que fue solicitada. La objeción de conciencia será reconocida exclusivamente a profesionales de la salud (que deben manifestarla previamente, en un registro), pero no a instituciones, y de todos modos no podrá impedir la práctica “en caso de que la vida o la salud de la mujer o persona gestante esté en peligro y requiera atención médica inmediata o postergable”.

El proyecto también establece que las mujeres que se realizan una IVE a partir de la semana 15 de gestación reciban penas de entre 3 meses y un año de prisión, pero, a la vez, advierte que “el juez podrá disponer que la pena se deje en suspenso en atención a los motivos que impulsaron a la mujer o persona gestante a cometer el delito y su actitud posterior”, entre otras causales.
Fuente: Página 12
Congreso Aborto legal

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