Dr. José L. M. Morrison

Inconstitucionalidad de la ordenanza que prohíbe el glifosato

Con una exposición de motivos, plagada de buenas intenciones, el Municipio avanzó en disponer la prohibición total, absoluta y sin excepciones del agroquímico de nombre comercial ROUNDAP, dentro del ejido de la ciudad de Guaogeuaychú, mediante la ordenanza que lleva el número 6104/18. Que a poco de transitar en su lectura surge a todas luces, no solo las contradicciones que contiene, sino también la impericia con la que han obrado los ediles locales.

De más está decir que la ordenanza en cuestión resulta a todas luces inconstitucional, no solo para el orden provincial sino también en el orden nacional- Esto es: no solo violenta normas puntuales de la Constitución de Entre Ríos sino también de la Constitución Nacional, y hasta incluso violenta, desoye -o más grave aún- desacata disposiciones puntuales de la Ley Orgánica de Municipios de esta provincia.

Sin incurrir en el pecado de inmiscuirme en cuestiones políticas, menos aún de política partidaria, destaco mi ajenidad a esa materia,no obstante lo cual, ello no me desacredita a dar mi opinión como ciudadano común. En uso precisamente de garantías constitucionales, digo que el Señor Intendente Dr. Martín Piaggio, debería vetarla de oficio a fin de evitar a nuestras arcas, gastos innecesarios a la hora de tener que abonar los costos que se producirán en costas judiciales y daños materiales.

Señalaré, someramente, a que me refiero cuando afirmo que la ordenanza en cuestión resulta inconstitucional:

1° El Municipio local, más allá de su autonomía administrativa y financiera, forma parte de una organización política mayor llamada provincia de Entre Ríos. Por esa simple razón, nuestro Municipio se encuentra subordinado al respeto de las normas que así lo disponen. Esto es: no se trata de un país aparte o de una republiquita librada a su propio destino que puede legislar en materia de derecho de fondo. Las leyes nacionales las dicta el Congreso Nacional para ser aplicadas en todo el territorio nacional, la Provincia dicta leyes que no pueden contradecir estas leyes nacionales según su competencia, y el Municipio local -al igual que el resto de los municipios integrantes de esta provincia- no puede contradecir al Gobierno Provincial ni Nacional.

El Municipio local tiene limitado el ejercicio de sus facultades primero por la Ley Orgánica de Municipios, que entre sus obligaciones impone combatir con la mayor eficacia las plagas y pestes de la agricultura; obligación que ahora, podría colocar a los ediles locales en franco desacato a una de las leyes que juraron defender, dado que prohíben el uso del agroquímico más benévolo a la salud humana que se conozca, sin dar alternativa al uso de otro producto con igual resultado; como así tampoco han cumplido la manda de proponer al Poder Ejecutivo Provincial las acciones en tal sentido.

En 2° orden, el Municipio local debe su existencia y reconocimiento gracias a, por un lado a la Constitución Nacional que le impone a la Provincia asegurar el régimen municipal; y por otro lado se lo debe a la Constitución Provincial, que lo define como tal, pero asimismo le impone límites a sus competencias. Esto es: le dice que puede hacer y hasta adonde.

Adentrándonos un poco más, la Constitución Provincial le da incumbencia en la protección del ambiente, del equilibrio ecológico y de la estética paisajista, sin embargo nuestra Constitución dispone que es el Estado Provincial quien fija la política ambiental y garantiza la aplicación de principios de sustentabilidad, precaución, equidad intergeneracional, prevención, utilización racional, progresividad y responsabilidad a excepto del poder de policía, que será compartido con los municipios y comunas, estableciéndose así el límite a la competencia del Municipio para legislar en la materia.

Finalmente, nuestro Municipio se encuentra imposibilitado. Esto es: nuestros ediles municipales, carecen de toda habilitación para legislar en materia de política ambiental, y menos aún tienen capacidad ni competencia, para legislar en materia de preservación de suelos, dado que es el Estado Provincial -por manda constitucional- quien dispone que el suelo es un recurso natural y permanente, de trabajo, producción y desarrollo; es el Estado Provincial quien preserva y recupera, quien evita la pérdida de fertilidad, degradación y erosión, y es quien regula el empleo de las tecnologías de aplicación para un adecuado cumplimiento de su función social, ambiental y económica.

Imagine Usted el daño potencial que está a punto de producirse con esta ordenanza que tiene un ejido de más de 30 mil hectáreas productivas en manos de particulares. Esto es: nuestro ejido se extiende hacia el Oeste sobrepasando la ruta 14 y hacia el Este, llegando hasta el Río Uruguay recorriendo la costa del Río Gualeguaychú, desde el Gualeyán hasta el río Uruguay, al sur tomando incluso parte de el Potrero hacia el norte, quedando encerrado al medio Pueblo General Belgrano. Creo yo, que esto es desconocido por la mayoría de los gualeguaychuenses.

Finalmente, y dejando para otras ciencias el tratamiento puntual del uso del glifosato, sin dudas es un producto químico peligroso para la salud. El Raid en aerosol es anterior al glifosato: ¿leyó Usted el cóctel de productos tóxicos que contiene? Sin embargo nadie dice nada. La kaotrina, el Fluido Mánchester, también lo son y la lista sigue. El Parque Industrial es una bomba de tiempo aguas arriba de la Toma de Agua municipal. Sin embargo, sí se pretende dar continuidad al sistema de siembra directa -soporte fundamental de la economía de esta provincia, que sí responde al mandato constitucional al que hiciera referencia- la falta de alternativa o sustitución por otro producto que de el mismo resultado, puede obligar al uso de otros productos no prohibidos ni controlados, cuyo efecto nocivo nadie podrá asegurar, para salvar el sistema de siembra y preservación de suelos. Caso contrario al desaparecer la siembra directa, debería volverse al sistema de roturación del suelo, con el viejo arado o melga, lo cual resulta de solo pensarlo, un verdadero absurdo. Nada más con imaginar un campo arado y la caída de 50 mm de lluvia en una hora, la erosión no hará otra cosa que convertir esta tierra en un verdadero desierto de greda improductiva.

Me animo a decir como pie de este verdadero llamado de atención, que si los campos vuelven al viejo sistema de roturación sin control de malezas, lo que rinde hoy una hectárea no lo producirán 15 hectáreas. Me pregunto entonces, más allá del deterioro del suelo: ¿de dónde saldrá el dinero para abonar nada más que el impuesto inmobiliario rural que, aparte, incorpora una tasa extra de pago al productor agropecuario llamado APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL que representa gratuitamente un incremento en la alícuota del 20 por ciento, a ello debe sumarse el accionar de los últimos gobiernos provinciales, que han estimado el tributo sobre la relación del metro cuadrado del valor de venta de la tierra y no sobre lo que ese metro cuadrado produce, para dar un simple ejemplo.

Concluyendo: lo que debió hacer el Municipio fue legislar sobre el control de las aplicaciones. Esto es utilizando el poder de policía para controlar las recetas agronómicas, la velocidad y la dirección de los vientos por la deriva del producto, etc. Digo por último a Usted, que nací en esta ciudad. Recuerdo en los años setenta los peces muertos por los venenos del Frigorífico, flotando en la playa municipal; donde también volcaban las cloacas, el basural municipal en las chacras de Valor frente a La Delfina del Parque Unzué, donde aún hoy al cavar un cimento aparecen sachets de COTAGU, la cloaca municipal volcando en la desembocadura de el Arroyo El Cura, sin tratamiento de aceites, ácidos, plomo, mercurio, combustibles y todo lo que la imaginación le permita, hasta el año 2000 inclusive. Los sanatorios tirando sus residuos patológicos sin tratamiento, los escusados contaminando las napas freáticas -algunos existentes hasta la fecha- y la lista sigue.

Debió venir la maldita pastera a Fray Bentos, para que tomáramos conciencia y entendiéramos que querían decir los uruguayos cuando publicitaban hace 30 años por canal 12 diciendo "invierta verde": ellos pensaban en bosques para industrializar en 25 años y nosotros en comprar dólares.

Digo a Usted, por último, que mi autoridad para dar mi parecer surge de mi título como abogado con Post Grado en Derecho Constitucional; de mi condición de Subdirector del Instituto de Justicia Constitucional; de 10 años ejerciendo como profesor del Derecho Penal y Constitucional, de 4 años como titular de cátedra y como profesor de Legislación del Derecho Penal y Responsabilidad Civil, coautor del anteproyecto y luego primera Ley de Acción de Amparo Ambiental de esta provincia, incorporada a la Ley de Procedimientos Constitucionales, jurado de Concurso Civil y Penal para el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, entre otras cosas que no vienen al caso.

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