Por Paola Robles Duarte


En las últimas horas, el jefe de Personal de la Municipalidad de Gualeguaychú, Hernán Ayala, brindó declaraciones periodísticas que dan cuenta sobre el estado actual del sumario administrativo iniciado contra el agente municipal que hasta comienzos del 2017 estuvo a cargo del Laboratorio de Producción de agua de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Gualeguaychú.

El sumario administrativo, iniciado el pasado 26 de abril de 2017, llevó un año para encontrar una resolución, mientras que a Ayala le llevó poco más de un año para brindar declaraciones periodísticas sobre una delicada situación enmarcada en una denuncia de violencia de género en el ámbito laboral, antes que fuera formalmente notificada la propia denunciante, quien se enteró por el diario del domingo -literalmente- que luego que transcurra el mes de sanción que recibiría el Licenciado en Bromatología Gustavo Etchegoyen -sin goce de sueldo- éste podría volver a la misma dependencia de trabajo, según palabras del propio Ayala.

Sobre la causa judicial

Cabe recordar que el año pasado la denunciante, temerosa de recibir algún tipo de represalia por el denunciado, y luego de haber padecido situaciones de violencia de género y acoso que de acuerdo a lo expresado por ella misma a R2820 datan del año 2004, radicó una denuncia penal contra esta persona en búsqueda de preservar su integridad física, psicológica y emocional. En este marco -y en aquel momento- la Fiscalía solicitó medidas restrictivas al Juzgado de Garantías N° 1, que fueron dispuestas por un lapso de 30 días.

Casi 9 meses después, lejos de encontrarse cerrado el tema para la Justicia, todo sigue en curso: "La causa sigue en pleno trámite, estamos en la etapa de pericias tanto para el imputado como para la damnificada. Incluso los pasados 18 y 24 de abril fuimos al Juzgado de Familia con la causa, ya que allí se encuentra el equipo técnico interdisciplinario que tiene que peritar a Etchegoyen. La Fiscalía está a espera del resultado de las pericias y sigue trabajando en el caso", dijo a R2820 la fiscal a cargo de la investigación, Dra. Natalia Bartolo.

Sobre la instrucción sumarial

Según pudo constatar R2820, la investigación administrativa fue iniciada partir de un decreto del Ejecutivo Municipal (1006/2017) –publicado en el boletín oficial - el pasado 26 de abril. En el primer artículo del mencionado decreto se dispone "la instrucción de Sumario Administrativo contra el agente municipal Gustavo Abel Etchegoyen (...), quien presta funciones actualmente ante la Sección Producción de Obras Sanitarias, dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Gualeguaychú". El texto especifica que dicho sumario es "tendiente a investigar el hecho denunciado y procurar su esclarecimiento, hechos que constituirían a prima facie una violación a los deberes del personal municipal, previsto en el artículo n° 11, inciso i y j de la ordenanza 7452/1975 puesta en vigencia por la ordenanza n° 8917/1989".

El decreto hace mención a las obligaciones consignadas en el artículo N° 11 del Estatuto de Empleados y Obreros Municipales (inciso i: “La de observar buena conducta en el ejercicio en la función y en su vida privada, manteniendo su decoro en relación al cargo o servicio que ejerce”, como así también el inciso j: “La de disponer trato cortés y solicito al público, otros agentes y funcionarios municipales, cualquiera sea su jerarquía”), pero carece de toda perspectiva de género, incluso aquella que brota del sentido común de quien pueda leer los considerandos que dan lugar a la actuación. El decreto tampoco encuadra en el cumplimiento del Protocolo Interministerial e Intersectorial de Acciones Destinadas a la Prevención, Protección y Asistencia Integral de la Violencia de Género y Violencia Familiar, al que adhirió el Legislativo Local a través de la ordenanza n° 11797/2013. Dentro de los objetivos específicos del mencionado protocolo, se establece claramente “incorporar en las acciones de este Protocolo, aquellas situaciones previstas en las Leyes provinciales de Violencia Laboral”, etc, a la vez que no se encuadra en lo establecido por la Ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

En este marco sesgado y en concreto carente de toda perspectiva de género, Asuntos Legales de la Municipalidad pidió 30 días de suspensión para Etchegoyen, por ser considerada una falta grave, probada por dos testigos que trabajan en el laboratorio de Obras Sanitarias, quienes presenciaron situaciones de violencia laboral.

“Nosotros en la Junta de Admisión, Calificación y Disciplina dictaminamos junto a ATM ratificar el dictamen de Legales, mientras el Sindicato de Trabajadores Municipales se abstuvo de votar -por razones que convendría que el propio Sindicato explique públicamente- y por ende no adhirió al dictamen de Legales ni a la recomendación”, explicó Ayala en diálogo con Diario El Argentino.

“Además de la medida de Legales, pedimos que realice un curso relativo a violencia laboral, este curso será determinado por la Dirección de Personal y comenzará a efectuarse una vez que salga el decreto con la decisión final del Departamento Ejecutivo, ya que el dictamen de la Junta es una opinión no vinculante”, completó Ayala quien anunció que "una vez que termine su suspensión de 30 días, Etchegoyen podría volver a trabajar en Obras Sanitarias, pero siempre lejos de la denunciante". Es decir, en la oficina de al lado.

Sin comprender de qué se trata

Una mujer que denunció penalmente a un hombre por acoso y violencia de género -en este caso en Obras Sanitarias de la Municipalidad de Gualeguaychú- se enteró por el diario del domingo que este hombre puede volver a desempeñar sus tareas en el mismo lugar de trabajo del que fue apartado por ser un presunto violento. ¿Se entiende lo que está mal? ¿Se entiende que con este tipo de declaraciones se revictimiza a la víctima?.

Cabe destacar, y según constató este medio, que la denunciante no sólo no fue notificada formalmente de la conclusión del sumario administrativo contra Etchegoyen, sino que se encuentra a la espera de ser convocada por la Fiscalía -tal cual lo confirma la Dra. Bartolo- para someterse a pericias psicológicas en el marco de la causa penal contra el funcionario municipal.

El Ejecutivo Municipal no solo no estuvo a la altura de las circunstancias acompañando y asesorando a la denunciante durante el proceso, sino que brinda declaraciones mediáticas antes de poner en conocimiento a esta mujer que se animó a denunciar un hecho de violencia de género en el ámbito laboral.

Cabe aclarar que quien escribe intentó establecer contacto con el Jefe de Personal de la Municipalidad -Hernán Ayala- y con la titular del área de Género y Diversidad -Florencia Bugnone-, antes de la redacción de este artículo. En ambos casos, sin éxito.

Al final, un par de cuestiones para considerar: Un Estatuto de Empleados y Obreros Municipales que no contemple este tipo de situaciones, adquiriendo perspectiva de género, es una estridente deuda de nuestro Concejo Deliberante. Un Ejecutivo que no esté a la altura de este tipo de situaciones, y que no proceda poniendo en primer lugar a quien se reconoce víctima y requiere herramientas, no lee lo que firma cuando decide adherir a protocolos para erradicar la violencia. Un sindicato que se limita a adherir o no a un dictamen sin profundizar en este tipo de denuncias, falla en la representación de sus trabajadoras. Un área de Género y Diversidad que no acompaña en este tipo de procesos no comprende el término sororidad, más allá de lo que pregonen los carteles o de las fotos en la web el 8 de marzo.
Violencia de Género en Obras Sanitarias

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