La aprobación de dicho documento era relevante para la implementación del proyecto de oralidad efectiva en los procesos de conocimiento civiles y comerciales de la provincia.
Según el cronograma elaborado entre el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a partir del 25 de junio próximo, los jueces de toda la provincia convocarán las audiencias preliminares de conformidad a las reglas de dicho Reglamento, estimándose para el 1º de octubre la realización de las primeras audiencias de vista de causa videofilmadas.
El objetivo del novel instrumento, es adecuar las prácticas, organizando la faz operativa del proceso por audiencias, para lo cual se describen las especiales contribuciones funcionales y los procesos de trabajo en torno a la prueba, necesarios para el éxito y eficacia de aquellas.
Conforme al cronograma de implementación del “Proyecto Oralidad Efectiva”, diseñado con el equipo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a partir del 25 de julio las audiencias preliminares que se convoquen, se realizarán atendiendo las reglas dicho Reglamento, lo que implica un cambio intenso en la gestión judicial de los procesos, pues en las mismas deberá fijarse la fecha para la audiencia de vista de causa, donde declararán las partes, los testigos, se realizarán las explicaciones periciales, las partes podrán optar por formular sus alegatos.
Estas audiencias se registrarán audiovisualnente, serán de realización obligatoria en toda la provincia y se llevarán a cabo desde el 1º de octubre próximo.
Los propósitos centrales de la iniciativa del máximo tribunal, que implican un marcado esfuerzo, colaboración y capacitación de todos los operadores del servicio de justicia, son reducir significativamente el tiempo de duración de los litigios (llevándolos de 3,8 años promedio a un año en la primera instancia), y mejorar la calidad de la prueba y de las decisiones judiciales, acotando el tiempo de su dictado.
Adicionalmente, es de esperar que a partir de esa forma de debate, las sentencias cuenten con mayor legitimidad y disminuyan los índices de recurribilidad e incumplimiento.
Se trata por ello de medidas de política pública judicial enderezadas a dar respuesta al reclamo ciudadano de un Poder Judicial más transparente que brinde rápida, eficaz y correcta tutela de los derechos.
