Durante el quinto mes del año, la recaudación total de impuestos provinciales llegó a $ 1.386.122.617 que, comparados con los $ 1.059.520.242 del mismo mes del año pasado, muestra un incremento porcentual del 30,8% y, en términos absolutos, un crecimiento de $ 326 millones de pesos.

La estrella de la recaudación provincial sigue siendo el tributo sobre los ingresos brutos (IIBB), que representa el 60% del total de la recaudación. En el quinto mes del 2018, se recaudaron $ 867.152.550 que, comparados con el mismo período del año anterior, muestran una suba del 33,7% en porcentaje y de + $ 218.628.560 en niveles absolutos.

En nivel de importante, el tributo provincial que más aporta a las arcas provinciales es el impuesto inmobiliario (aproximadamente el 20% del total). En mayo pasado, a través de este gravamen, la Ater colectó $ 236.054.956, un 15% más que los $ 203.687.809 del mismo mes de 2017 (+ $ 32.367.147).

En un tercer escalón, se ubica el impuesto automotor, que en el quinto mes de 2018 aportó $ 64.011.437 contra $ 41.099.608 de mayo del año pasado (+55,7%).

En la Ater, fuentes consultadas por esta Agencia, entienden que el crecimiento sostenido de la recaudación provincial se debe a tres factores: uno de política fiscal, dado por la equidad de apuntar hacia los contribuyentes de mayor poder económico que se resume en una frase que se repite en el organismo: “Paga más el más grande, paga menos el más chico” y dos de administración tributaria: la ampliación de la base tributaria poniendo el foco en la economía en negro o informal y la política de cobranza segmentada.

Este último proceso “ha dado y sigue dando buenos resultados, con foco en los grandes contribuyentes”, evalúan en el organismo tributario, aún a pesar de los “ruidos y presiones” que se ejercen.

La cobranza segmentada explica actualmente una parte importante de la performance recaudatoria que excede el proceso inflacionario, teniendo en cuenta el contexto económico con caída del consumo, del poder adquisitivo y en particular el impacto de la emergencia agropecuaria que repercute de modo directo en el inmobiliario rural y de modo indirecto en IIBB por baja de actividad económica local.

Fuente: APF.
Entre Ríos

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