El Ministerio Público Fiscal solicitó a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) que fije fecha de juicio para los imputados en la causa de las imprentas, también conocida mediáticamente como la “causa de la vaca”, en la que se investiga la distribución irregular de publicidad callejera entre 2010 y 2015 por un montó de $24.204.918,69, con fuertes sospechas de pago de coimas a firmas que se atribuyen a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri.

Se trata del expediente que elevó a juicio el juez de Garantía N° 2, José Eduardo Ruhl, y que tiene como principales acusados del delito de peculado, fraude y negociaciones incompatibles con la función pública al exgobernador Sergio Urribarri, a su exministro Pedro Báez; y al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera. Sobre Urribarri y Báez hay un pedido de desafuero del juez, que la Cámara de Diputados aún no resolvió.

La intención de la acusación pública de que se fije fecha de debate se fundamenta en el artículo 22° del Código Procesal Penal de Entre Ríos, que señala: “Cuando se proceda contra varios imputados y sólo alguno o algunos de ellos gocen de privilegio constitucional, el proceso seguirá con respecto a los otros, sin perjuicio de continuar también respecto a éste o éstos”.

Básicamente es algo similar de lo que ocurrió con el empresario pizerro Germán Buffa, quien va a juicio mientras se espera si Urribarri y Báez sean desaforados. El detalle es que el presidente de Global Means SA llegará al banquillo por el artículo 199° del viejo Código Procesal Penal, que establecía también avanzar en una causa contra quienes no contaban con fueros.

El pedido de fijación de fecha de juicio fue realizado por el fiscal Juan Malvasio, habida cuenta que la OGA firmó una resolución de que no fijaría el calendario hasta que no se resuelva el pedido de desafuero para Urribarri y Báez en la Cámara de Diputados. Entre los que irían a juicio está el cuñado Aguilera, aunque no así el empresario Jesús Bustamante, que acordó una pena menor mediante el procedimiento de juicio abreviado en el que reconoció que había pago de coimas.

La causa la tramitaron los fiscales Alejandro Cánepa –actual camarista- y Patricia Yedro. Tras el salto de Cánepa a juez, se sumó al caso el fiscal Malvasio. Precisamente, este último elevó un escrito a la OGA con una petición: que fije fecha de juicio para los acusados que no cuentan con fueros parlamentarios, ellos son: Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri; Gustavo Tamay, que fuera responsable de certificación de Publicidad en Vía Pública del Ministerio de Cultura y Comunicación; el empresario uruguayense Hugo Montañana; la contadora de la firma Next SRL y Tep SRL, Corina Cargnel; y los socios de la firma Tep SRL, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena y los hermanos Alejandro y Luciana Almada, esta última pareja de Aguilera.

En ese expediente, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) acaba de confirmar los embargos dispuestos por la Justicia sobre los bienes de Urribarri y de Báez por un monto de $26 millones.

La causa de los $24 millones

La acusación dice que Urribarri, como gobernador, y Báez como Director General de Información Pública “de manera constante, habitual y reiterada, sustrajeron fondos públicos” y los direccionaron a favor de las firmas Tep Y Next, que le atribuyen a Aguilera. “Para ello, otorgaron múltiples contratos de publicidad del Estado entrerriano, a favor de las empresas Next SRL y Tep SRL, de Juan Pablo Aguilera, las cuales figuran inscriptas a nombre de Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada –concubina de Juan Pablo Aguilera- y Alejandro Almada –quienes actúan como testaferros de Aguilera- con el único propósito de beneficiar económicamente a los mencionados”, dice la acusación.

Según la Fiscalía, esa maniobra se realizó entre 2010 y 2015 y que para ello se sortearon los “mecanismos legales que garantizan la libre competencia de oferentes del Estado, o simulando hacerlo, pero sin observar la normativa vigente, para otorgar múltiples órdenes de publicidad referidas a campañas de difusión de actos de gobierno”.

Además, la tesis fiscal señala que había un “plan de medios” para direccionar pauta a empresas cercanas. “Para concretar esa maniobra –dice la Fiscalía- quienes aparecen hoy imputados generaron una aceitada estructura de organización con diversos actores, cada uno de los cuales cumplía un rol estratégico en los distintos estamentos intervinientes, lo que permitió que el dinero público dirigido a la difusión de actos de gobierno fuera separado y apartado de las arcas del Estado con el velado propósito de favorecer económicamente a las empresas de Aguilera, a través del otorgamiento de los contratos de publicidad”.

En el expediente, los Fiscales sostienen que la creación de las firmas TEP SRL y Next SRL , que le atribuyen a Aguilera, coinciden con el inicio de la gestión de Urribarri. Además, afirman que las mismas fueron gestadas para “absorber la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.

Asimismo, indican que los empresarios Jesús Bustamante –ya arrepentido- y Montañana comenzaron a ser beneficiados con contratos casi en la misma época -2010-, con idénticos contratos “las que –a su vez- redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos de dinero que terminaba en sus manos”.

Según la Fiscalía, el esquema funcionaba del siguiente modo: las empresas TEP y Next funcionaban en el mismo domicilio y compartían oficinas comerciales, industriales y técnicas, e incluso personal, que realizaba trabajos indistintamente para una u otra empresa, independientemente de la registración laboral de cada uno de ellos.

Las empresas tenían una única contabilidad, a cargo de Corina “Cori” Cargnel, quien tenía una fluida relación con los funcionarios del Ministerio de Báez. La acusación señala que la contadora se encargaba de armar los expedientes de contratación, acercar las ofertas de las empresas, organizar la certificación de las campañas y gestionar los retornos de dinero por parte de las empresas de titularidad de Bustamante y Montañana, completado así el circuito de sustracción de dinero público.

Una prueba que presentara en juicio la acusación pública es un informe elebaorado por peritos caligráficos del Superior Tribunal de Justicia, en el que se determinó que existió numerosa publicidad ficticia, es decir, trabajos que nunca se llevaron pero que se rendía a través de fotomontajes que pretendían acreditar su cumplimiento.

La simulación era así: una vez que se conseguía la contratación, se realizaba un diseño digital sobre el cartel donde debía aparecer la publicidad, y luego se presentaba el “photoshop” como comprobante para cobrar la orden de publicidad. El encargado de certificar dichos trabajos era Gustavo Tamay, quien estaba a las órdenes de Báez.

En concepto de campaña publicitaria ficticia, los fiscales calcularon que esa maniobra comprometió la suma de $12.170.338,96. En tanto, la contratación total de campañas de publicidad en vía pública fue por un monto de $24.204.918,69.

Pedidos de pena y testigos

Para juzgar a los acusados ya se sorteó el Tribunal, que estará integrado por Rafael Cotorruelo, Gervasio Labriola y Alejandro Grippo. Pero aún no hay fecha para el debate oral y público.

No obstante, la fiscalía ya adelantó los pedidos de pena para los acusados: para Urribarri, Báez y Aguilera, ocho años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; seis años de prisión e inhabilitación para Tamay; seis años de prisión para Cargnel y Montañana; y cuatro años de cárcel para los hermanos Almada, Giacopuzzi y Sena.

Asimismo, para cada imputado se solicita la pena de multa de $90 mil. En tanto, también solicitarán el decomiso de bienes de la empresa Tep SRL. Un inmueble ubicado en calle Racedo 413, en Paraná; otro en la misma calle pero al 409; una moto 268IGE, marca Zanella; y dos vehículos, uno marca Ford y otro Citroen, este último modelo Berlingo Furgón 1.6 HDI Business.

Para el juicio se llamará a declarar a 13 empleados de las empresas, 9 del Ministerio de Comunicación y Cultura; y otros testigos, como el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; el vocal del Tribunal de Cuentas, José Luis Gea Sánchez; Pedro González Solano, Director de la Unidad Central de Contrataciones; Aurelio Miraglio, Contador General de la Provincia; y Walter Carballo, actual juez de Garantías de La Paz, pero que en tiempos de Báez fue Director Jurídico del ministerio de Cultura y Comunicación; Edgardo Kueider, Secretario General de la Gobernación; Maricel Brusco, Secretaria de Comunicación del Gobierno; Hugo Ballay, ex jefe de Gabinete de Entre Ríos, y actual ministro de Economía; además de otros funcionarios del Estado y empresarios del ámbito de la publicidad.

Defensas

La defensa técnica de Urribarri está a cargo de los abogados Raúl Barrandeguy, Candelario Pérez y Marcos Rodríguez Allende; por Báez están los letrados Ignacio Díaz y José Velázquez; Aguilera y Luciana Almada, son defendidos por el abogado Rodríguez Allende; en tanto que Miguel Ángel Cullen defiende a Alejandro Almada, Maximiliano Sena, y Corina Cargnel; mientras que Ramiro Pereira defiende a Gustavo Tamay; y Feliz Pérez y Sebastián Arrachea hacen lo propio con Montañana.


Fuente: Entre Ríos Ahora
Corrupción

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