“Nunca dejaremos de sentir dolor por eso”, dijo de compromiso luego de conocer que la Justicia condenó a Justo Ilarraz a 25 años de prisión al encontrarlo culpable de los delitos de promoción a la corrupción de menores en cinco hechos, y abuso deshonesto en dos, en ambos casos agravados por ser encargado de la educación.
Puiggari dio a conocer un documento en el que destacó la resolución de la Justicia y aseguró que “el veredicto dado a conocer por el Tribunal viene a establecer, por parte de la Justicia, la culpabilidad que le cabe a quien incumplió con su vocación y su promesa a Dios -en lo personal, atentando contra quienes eran merecedores de su cuidado y protección, en primera instancia, y vulnerando la confianza de la institución que lo albergaba, la de sus pares y sus superiores, y también la de toda la sociedad”.
En este sentido, ratificó la confianza de la comunidad católica “en la acción y la decisión del Tribunal, en la seguridad de que en todo momento se buscó la real expresión de la verdad y la justicia”.
En otro tramo del comunicado, Puiggari reiteró el rechazo y el repudio "a los abusos de todo tipo, especialmente hacia aquellos que tienen como víctimas a niños y adultos vulnerables, quienes deben ser protegidos de manera contundente por la Iglesia, tal como lo señalara Su Santidad, el Papa Francisco, en setiembre de 2017: “Pero también hemos experimentado un llamado, que estamos seguros de que viene directamente de nuestro Señor Jesucristo: acoger la misión del Evangelio para la protección de todos los menores y adultos vulnerables”.
En el mismo sentido, aseguró que la Iglesia en Paraná, a partir de testimonios y otros aportes, “ha contribuido en todo lo que le fuera requerido por parte del Tribunal, como también lo hizo durante la etapa preliminar de instrucción de la causa”.
Puiggari recordó que en 1995, ante la denuncia de tres hechos de abusos recibida en ese entonces, se había llevado a cabo un proceso canónico que culminó con la expulsión de Ilarraz de la Arquidiócesis de Paraná en 1997.
A modo de justificación, explicó por qué a pesar de las reiteradas denuncias por abusos que llegaron a oídos de la Iglesia, Ilarraz continuó manteniendo su condición sacerdotal: “La expulsión del estado clerical sólo puede ser impuesta por decisión exclusiva de la Santa Sede, y no de Arquidiócesis. También debe conocerse que, al tomar conocimiento de nuevas acusaciones que se sumaron a las anteriores, el Arzobispado de Paraná comenzó otro proceso canónico que está llevándose a cabo, el cual está a la espera de su resolución por parte del tribunal pertinente”, remarcó.
Asimismo, reiteró que “en su momento, no supimos encontrar los caminos más adecuados para dar respuestas ajustadas a las necesidades de las víctimas, y nunca dejaremos de sentir dolor por eso”.
“Desde esa experiencia, hemos transitado un período de reconocimiento y de evolución que está generando cambios trascendentes en la búsqueda de la contención y la prevención. De eso da cuenta la creación de un espacio y un programa específicos, que promueven la educación y la aplicación de estrictas normas de convivencia y conducta para todos quienes participan de los ámbitos institucionales, todo lo cual puede profundizarse en el conocimiento en www.comisiondeprevencion.com.ar.
Por último, ratificó y puso en relevancia “el compromiso por la tarea pastoral y social que desarrollan los sacerdotes y todos los integrantes de la Arquidiócesis de Paraná. Los actos cometidos por unos pocos no pueden desacreditar ni desvalorizar la labor comunitaria y religiosa que abnegadamente desarrollan quienes hacen del sacerdocio una desinteresada ofrenda de paz y sacrificio orientada por el bien común”.
“En este sentido, invitamos a toda la comunidad a encontrar, a través de la reflexión, la oración y la acción solidaria con el prójimo, los caminos de superación de los males que nos aquejan como sociedad, dejando de lado las suspicacias, el encono y el prejuicio, actitudes que dañan el espíritu y alejan a las personas de la verdad y la palabra de Dios”, finalizó.
