El pasado 10 de julio, el juez federal subrogante Pablo Andrés Seró, dio lugar a la medida cautelar presentada por diferentes propietarios de locales que comercializan el agroquímico dentro del ejido Gualeguaychú. Esto implica que podrán continuar con la venta de Glifosato hasta tanto la Justicia Federal se expida sobre la cuestión de fondo, es decir, sobre el planteo de inconstitucionalidad de la normativa.
Ante el accionar del Juzgado de Concepción del Uruguay, el viernes pasado el Municipio de Gualeguaychú comenzó a invitar a las organizaciones ambientales locales para demostrar fortaleza y voluntad de enfrentar el revés judicial. Acompañó formalmente Funda Vida, participando institucionalmente de la convocatoria, mientras que la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (ACAG) quien enfrentó antes resoluciones adversas de Seró, y el Foro Ambiental Gualeguaychú, resolvieron no participar institucionalmente. Desde Pueblo General Belgrano se sumaron la Asamblea Socio Ambiental y el Colectivo Me Hago Cargo, integrante de la mencionada asamblea.
"Nos convocaron el viernes a último momento y no pudimos reunirnos para resolver participar en representación de la organización. Acordamos que los integrantes que quieran hacerlo van a acompañar y sumarse a la convocatoria", aclaró a R2820 Martín Alazard, histórico integrante del Foro Ambiental y de la ACAG. Así ocurrió, algunos asambleístas se sumaron y pusieron voz a algunas de las consultas de la tarde.
La mesa estuvo encabezada por la directora de Medio Ambiente Susana Villamonte, el secretario de Salud y Desarrollo Social Martín Roberto Piaggio, el viceintendente Jorge Maradey, el secretario de Gobierno Ignacio Farfán y el director de Asuntos Legales de la Municipalidad de Gualeguaychú, Mariano Fiorotto. Pasadas las 16.30 los funcionarios dieron comienzo al encuentro convocado para debatir con organizaciones ambientales y vecinos, el fallo del juez federal Pablo Seró, quien dio lugar a la cautelar presentada por comerciantes de agroinsumos de nuestra ciudad.
Luego de exhibir un video con el testimonio de Estela Lemes, directora de la escuela rural Bartolito Mitre -ubicada en Costa Uruguay Sur- comenzó la ronda de preguntas de un auditorio integrado por funcionarios de la gestión municipal, militantes de organizaciones ambientales y sociales y algunos vecinos.
"El testimonio de la maestra Estela Lemes, la marcha Stop-Cáncer y demás planteos que surgieron de la comunidad, nos llevaron a estudiar el tema y plasmarlo en una ordenanza que estableció la prohibición del glifosato en el ejido Gualeguaychú. El 10 de julio un juez foráneo, que no convive con nosotros, que hace años no cita a los funcionarios de BOTNIA UPM, que no hizo nada cuando se denunció la presencia de endosulfan en el río Uruguay, entre otros antecedentes, se atrevió a abrir la feria judicial para dar lugar al pedido de estas empresas. Priorizó el dinero por sobre el derecho a la salud", dijo en primer término el viceintendente Jorge Maradey, iniciando el intercambio con los presentes.
"Todos los efectos de la ordenanza han sido suspendidos para los seis reclamantes - AGRO GESTIÓN DEL LITORAL SOCIEDAD ANÓNIMA; AGRO-SOLUCIONES GUALEGUAYCHÚ S.R.L.; AGRO SYNERGÍA S.A.; ANGELINI S.R.L; LARTIRIGOYEN Y CÍA. S.A. y LOS GROBO AGROPECUARIA S.A.- aunque podrían presentarse otros", aclaró Farfán a la vez que adelantó: "Vamos a impugnar la competencia. Esto debería tratarse en la Justicia local y no en la federal. Por otra parte no compartimos con el juez que frente a dos bienes jurídicos como la salud y el económico se prime el segundo. Creemos que la cautelar no reúne los requisitos porque estamos hablando de preservar la salud y el medio ambiente", dijo el funcionario a la vez que aclaró "que la cuestión de fondo no está resuelta".
"Hay diferentes interpretaciones y creemos que estas tienen que resolverse a favor del bien más valioso: la vida", sumó.
"El derecho no siempre tiene que ver con la justicia sino con el poder. Muchas veces la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha fallado en cosas en las que no estamos de acuerdo pero es la última instancia de resolución", opinó Farfán.
Asimismo el Secretario de Gobierno aclaró que el expediente tiene como reclamante a las empresas, "pero cualquiera, como por ejemplo la Sociedad Rural Gualeguaychú (SRG) podría pedir la ampliación de la cautelar".
"La ordenanza no está suspendida para los productores, los cuales no pueden aplicar el glifosato que compran a estas empresas. Es una discusión sobre el alcance de la resolución, pero entendemos que esto es así", sostuvo.
Por su parte, Fiorotto explicó que los reclamantes "citan como tercero al SENASA que es un organismo nacional y por eso consideran que debe intervenir la Justicia Federal. Esa es una interpretación jurídica por la cual Seró se considera competente".
El objetivo: que la Justicia local establezca competencia
"Vamos a recurrir la cautelar. Mañana tenemos el vencimiento del plazo. Por otra parte hemoshecho una presentación en el Juzgado de feria, solicitando que la Justicia local se declare competente en este planteo, porque lo que está en cuestión es un reclamo de empresas locales al Municipio Gualeguaychú. No sabemos si va a resolver el juez de feria u otro", especificó Fiorotto.
Y sumó: "La ordenanza está muy bien fundamentada. Si el juez hubiese cionsiderado los antecedentes de la ordenanza no hubiese dado lugar a la cautelar, ya que principios como la salud y el medio ambiente están por sobre los bienes económicos".
Por otra parte destacó que "un tema económico no es un tema eminente como para que se expida en la feria. Lo que ha ocurrido es inaudito. No se trata de un recurso a una obra social. La fiscal federal Josefina Minatta ya interpuso un recurso ante el juez, muy parecido al que presentamos nosotros".
"Nos parece importante que lo resuelva el juez local, porque este juez ha dado la pauta que no le importa lo que ocurre con Gualeguaychú. Creemos que el juez debe estar en conocimiento con aquello sobre lo que va a juzgar", dijo Fiorotto.
"No hay muchos antecedentes, pero tenemos expectativas con que la Justicia se expida a favor del medio ambiente y la vida. Ahora estamos con el tema de la cautelar, nos manifestaremos con mayor firmeza cuando discutamos la cuestión de fondo" dijo antes que Farfán destacara: "Todos los actos de gobierno se presumen legítimos porque sino ante cualquier ordenanza se podría presentar una cautelar y obstaculizar el funcionamiento Poder Legislativo. Esto es algo que también señalamos en nuestro planteo".
"El poder de la gente"
Una integrante del Colectivo Me Hago Cargo de Pueblo General Belgrano tomó la palabra y señaló: "acá no se ha mencionado el poder de la gente", a la vez que convocó "a que salgamos a la calle, los compañeros de Concepción del Uruguay van a estar afuera del Juzgado cuando termine la feria. También tendríamos que hacer una marcha acá para decir que no queremos glifosato".
Ante la consulta de si el Municipio controla en todo el ejido que sea efectiva la ordenanza que prohíbe el glifosato, Farfán respondió que "se han labrado actas que han sido enviadas al Juzgado de Faltas. Se está controlando". Inmediatamente tomó la palabra Maradey: "Creo que pueden fallar los controles pero apelamos a la conciencia de cada uno de ustedes a resguardar la salud de todos".
Volviendo a la medida judicial, el Secretario de Gobierno sostuvo que "hay varias interpretaciones en cuestiones de derecho. La resolución puede ser de cualquier manera. Depende de nosotros seguir en la lucha y desplegar todas las herramientas legales y populares para evitar que se avance en un sentido que va en detrimento de la salud".
La banda verde
"No tenemos que discutir que el glifosato es tóxico y envenena", reafirmó Maradey, a la vez que se sumó una breve exposición de Carlos Goldaracena -quien fuera durante muchos años titular de la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Bromatología de la UNER- haciendo referencia a la clasificación del glifosato en cuanto a los parámetros establecidos por SENASA: "La banda verde está vinculada en relación a la toxicidad aguda del glifosato. Ahí está la trampa de Monsanto. La banda verde no quiere decir que no sea un tóxico crónico. Lo es. Podemos tomar glifosato y no va a pasar nada en lo inmediato, aunque si vamos a ver consecuencias en el tiempo si estamos expuestos al tóxico. El glifosato es tóxico, hay pruebas de que lo es, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que las pruebas aún no son contundentes. Pero esto seguramente va a avanzar en unos años. Por ejemplo el endosulfán se usaba acá cuando estaba prohibido en 70 países. Fue una cuestión económica, hasta que se prohibió cuando se reemplazó por otro químico".
Un reclamo social que también apuntó contra Seró
Otra de las críticas a la Justicia Federal fue realizada por el titular del Área de Adultos Mayores, Víctor Hugo Lapido: "Desde el 8 de septiembre de 2017 la Justicia Federal no se expide sobre una demanda interpuesta por el Caman: No puede ser que 14 mil usuarios de la obra social del Estado Nacional (PAMI) valgan menos que 6 comerciantes de Gualeguaychú. Tenemos que hacer valer el derecho a la vida de los adultos mayores.
La Justicia está totalmente sometida al Gobierno Nacional.
Este martes vence el plazo que comenzó a correr una vez notificado el Municipio de la cautelar que dio lugar a la solicitud de los comerciantes de agroinsumos. "Vamos a interponer un recurso de reposición con apelación en subsidio", adelantó oportunamente a R2820 Mariano Fiorotto.
"Esto quiere decir que se le pedirá al mismo juez que revoque la medida y si éste no lo hace, se hará en la Cámara Federal el planteo. Es inconcebible que un juez se burle de toda la comunidad que decidió cuidar su salud, democráticamente a partir de la sanción de una ordenanza, y que se le conceda licencia para envenenar a seis comerciantes que solo persiguen el lucro personal. Una vergüenza", cerró uno de los asesores legales del Ejecutivo.
Además, según lo expuesto durante el encuentro, ya fue realizado el pedido a la Justicia local para que se declare competente para dirimir el asunto, a la vez que se acompañará la presentación que ya fue realizada por la fiscal federal de Concepción del Uruguay.
A la par, los funcionarios convocaron a la comunidad a mantenerse movilizada y alerta, para "dar las batallas que sean necesarias librar" en defensa de la ordenanza sancionada a mediados de abril.
