El juez de Transición Gustavo Maldonado, que el 1º de marzo último dictó el procesamiento del exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, y de su exministro de Cultura y Comunicación y actual diputado Pedro Báez, pidió a la Cámara Baja el desafuero de ambos legisladores.

La petición ingresó este martes a Diputados.

Maldonado tiene procesados no sólo a Urribarri, sino también a Báez y al empresario pizzero Germán Buffa, sindicado como el testaferro del exministro de Cultura y Comunicación. Buffa apareció como dueño de la firma Global Means SA, empresa que logró en 2011 lo imposible: accedió a un contrato de publicidad con el Estado provincial aún antes de existir como persona jurídica, ni tener siquiera número de CUIT.

Buffa es gerenciador de una franquicia en Paraná de Planeta Pizza.

La causa en la que están los tres implicados, y ahora procesados, se abrió en 2013 tras una denuncia del diputado nacional de mandato cumplido, el radical Jorge D’Agostino. Cuatro años después, en 2017, la fiscal Viviana Ferreyra los imputó y solicitó al juez de Transición que les tome declaración indagatoria. Primero la indagatoria se fijó en diciembre, pero los defensores lograron reprogramarla para febrero pasado.

Urribarri estuvo en Tribunales el miércoles 21 de febrero, no declaró y sólo se limitó a entregar un escrito al juez. Lo mismo hicieron el lunes 26 de febrero Báez, y el martes 27, Buffa.

El procesamiento es una figura judicial que ya no existe: la causa que se le sigue a Urribarri por manejo irregular de la publicidad del Estado se tramita por el sistema penal antiguo, en la que el juez, y no el fiscal, es el que investiga. En el sistema actual, equivale a la petición del fiscal de remisión de la causa a juicio. Es considerado como un juicio de probabilidad delictiva.

En su declaración de imputado -formulada por escrito-, Urribarri señaló: “En principio debo negar categóricamente haber cometido alguna ilicitud mediante la conducta que se me endilga o mediante cualquier otra. Y en particular con relación a la contratación que se me adjudica, lo niego en forma terminante aclarando que:
1) La contratación fue absolutamente legal y se dispuso para atender los fines públicos legítimos fijados en el Decreto 1057/12 que la autorizo.
2) La selección del contratista fue absolutamente regular y no mereció objeción alguna de los órganos de control.
3) El procedimiento respectivo se llevó adelante por las reparticiones y oficinas competentes [...]en los que no participé.
4) Niego conocer a la empresa “Global Means SA” adjudicataria del contrato, así como a sus socios, directores, gerentes o administradores a quienes jamás en mi vida traté.
5) En resumen, ni directamente, ni por persona interpuesta, ni por acto simulado, me interesé en el contrato de publicidad objetado, ni interpuse influencia alguna para favorecer a nadie ni me interesé en ningún detalle propio de dicha operación.”

Luego, destacó que la legalidad del gasto público “es controlada en forma previa a la erogación” por la Contaduría General de la Provincia, y en forma posterior por el Tribunal de Cuentas. Remarco que “toda la rendición del gasto público, la llamada ‘cuenta general del ejercicio’, se remitirá al Poder Legislativo que la deberá ‘aprobar, observar o desechar’”.

El procesamiento de los tres fue confirmado el 27 de marzo pasado por un tribunal conformado por los camaristas Gervasio Labriola, Alejandro Grippo y Gustavo Pimentel. Durante una audiencia “in voce” que tuvo lugar el 20 de abril, la fiscal Matilde Federik pidió la confirmación de ese procesamiento y fue al hueso de la cuestión respecto a que el empresario pizzero Germán Buffa es “testaferro” del exministro Báez y que la empresa Global Means SA, que se benefició con una pauta de publicad oficial en 2011, es parte del patrimonio del diputado provincial.

La empresa Global Means es del empresario Germán Buffa, quien a su vez maneja una franquicia en Paraná de Planeta Pizza, integra el directorio de Sociedad Anónima Entre Ríos (Saer) y está sindicado como ser “testaferro” del actual diputado Báez en una causa por enriquecimiento ilícito.

Ante un tribunal conformado por los camaristas Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Alejandro Grippo, los defensores Raúl Barrandeguy, Marcos Rodríguez Allende y Candelario Pérez (Urribarri) e Ignacio Díaz (Báez) pidieron el sobreseimiento de sus representados, o, en su defecto, que se dicte la falta de mérito.

Esa hipótesis le sirvió a la fiscal Federik para establecer cómo fue que Global Means SA haya podido acceder, aún sin haber sido constituida formalmente como empresa, a un contrato de publicidad con el Gobierno de Urribarri.

El pedido de desafuero de Urribarri y Báez ya tiene un primero voto positivo del bloque de diputados que preside Gabriela Lena, y que integran Sergio Kneeteman, Fuad Sosa, Jorge Monge y José Arturis. Ante la consulta periodística, Lena confirmó que su bloque dará el voto para el desafuero de los dos legisladores oficialistas.

“Si bien los fundamentos del procesamiento (dictado por Maldonado) son escuetos no por ello son menos sólidos. Son inconmovibles”, afirmó Federik en la audiencia del 20 de abril último. La representante del Ministerio Público pidió confirmar el procesamiento de Urribarri y Báez, que dictó el juez Maldonado, por entender que en el otorgamiento de una publicidad oficial por 118 mil pesos, en julio de 2011, Urribarri y Báez direccionaron esa pauta hacia Global Means SA. Aún a sabiendas de que en ese momento esa empresa no tenía existencia real. “Lo que se direcciona es la contratación pública hacia una empresa inexistente en aquel momento”, subrayó.

El modo cómo se aprobó esa publicidad llevó a la fiscal Federik que esa contratación se explica de una sola manera: Báez es propietario de Global Means SA. O sea, que actuó de los dos lados del mostrador: otorgó la publicidad y la cobró él mismo.
Fuente: Entre Ríos Ahora
Justicia Política

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