Además, rechazaron "enfáticamente la medida impulsada por el Gobierno provincial que dispone otorgar a un grupo de trabajadores judiciales un aumento, consistente en una suma fija mensual, provisoria, no remunerativa ni bonificable hasta tanto se concrete el acuerdo salarial y a cuenta del incremento que logre acordarse en una futura mesa de paritarias o negociaciones sectoriales".
Al respecto adujeron que no se respeta la lógica de la "porcentualidad, vigente desde mayo de 1988, la que establece que los integrantes de la magistratura, funcionarias/os y trabajadoras/res, percibirán un haber equivalente a un porcentual de lo que cobra un Vocal del Superior Tribunal". Según los firimantes del comunicado, el gobierno "rompe el equilibrio legal existente entre los distintos escalafones del Poder Judicial".
Destacaron que, en el marco de la pandemia, se creó un "Fondo Solidario que aportó casi 20 millones de pesos que fueron destinados a la compra de dos ambulancias, equipamiento técnico y material médico quirúrgico a diferentes hospitales de la provincia".
Entre los argumentos se expresó que "de la masa salarial mensual de toda la administración pública entrerriana, el Poder Judicial representa tan solo menos de un 8 por ciento del gasto público".
"No pueden ser perjudicados los trabajadores del Poder Judicial ni el equilibrio salarial de su estructura interna con medidas de este tipo que romperían un orden armónico que funciona sin reparos desde hace más de 30 años. Exhortamos por que se elaboren estrategias para morigerar el gasto público y mantener el equilibrio de las cuentas fiscales, a fin de seguir garantizando los derechos contraídos de todos los trabajadores", concluye el comunicado.
El documento lleva las firmas de Martín Carbonell, Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos; Germán Carlomagno, Vicepresidente del cuerpo; los vocales Daniel Carubia, Bernardo Salduna, Susana Medina, Emilio Castrillon, Claudia Mizawak, Juan Ramón Smaldone y Miguel Giorgio.
También se sumaron el procurador General, Jorge García; el Defensor General, Maximiliano Benítez; la presidenta de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Gabriela López Arango y de la secretaria Adjunta de la Asociación Judicial de Entre Ríos, Mabel Pedrero.