Según confirmaron fuentes judiciales, los miembros que integran el directorio, con su presidente a la cabeza, Daniel Buyatti, presentarán la renuncia este lunes.
Luego, se convocará a una asamblea para la elección del nuevo staff de ejecutivos, cuyos nombres comienzan a sonar entre distintos profesionales del sector y parte de los integrantes de la familia Vicentin.
Durante ese período de elección, que podría durar un mes, el directorio actual seguirá a cargo de la agroexportadora en default, entre los que se encuentran Máximo y Cristian Padoán y Pedro Vicentin.
En tanto, el balance contable deberá ser presentado ante el juez Fabián Lorenzini, quien lleva adelante la convocatoria de acreedores, y que hace dos meses pidió el documento que la empresa cerró el 31 de octubre del año pasado.
Quizá allí las más 2600 compañías y personas físicas que componen la interminable lista de acreedores, podrán encontrar algunas respuestas de cómo la empresa santafesina llegó a adeudarles un total de más de 100 mil millones de pesos.
Entre ellos se encuentran el Banco Nación, la AFIP e YPF, entidades financieras nacionales e internacionales, públicas y privadas; cooperativas de granos; grandes competidores multinacionales, pequeños y medianos productores agropecuarios, entre otros. El Banco Nación inició una denuncia contra Vicentin por el supuesto vaciamiento de la compañía, que accedió a numerosos créditos sobre el final de la gestión de Mauricio Macri.
Intervención estatal y retroceso
A principios de junio pasado, Alberto Fernández anunció la intervención de Vicentin y designó como uno de los interventores de la firma a Gabriel Delgado. Además, envió un proyecto de ley al Congreso de la Nación para expropiar la cerealera.Pero la decisión presidencial cayó como un balde de agua fría en distintos sectores de la sociedad: hubo banderazos, cacerolazos y protestas desde la ciudad de Avellaneda en Santa Fe, cuna de la empresa, y en distintos puntos del país, hasta llegar al Obelisco.
Los manifestantes alegaban que la expropiación presidencial era una “violación a la propiedad privada”, “una intromisión en la división de poderes”, entre otros reclamos.
En tanto, a nivel judicial, el magistrado Lorenzini no reconoció a los interventores designados por el Presidente y repuso al directorio.
La presión social hizo que Alberto Fernández diera marcha atrás: el 31 de julio dispuso la derogación de la intervención estatal de la empresa y lo anunció por Twitter.
"Me equivoqué, creí que iban a salir todos a festejar”, reconoció en ese entonces el Presidente de la Nación. Además, ratificó su intención de rescatar a la cerealera. “No soy un loco suelto que anda expropiando”, aclaró.
Fuente: TNAgro