A través de una columna de opinión, el abogado ambientalista que lleva adelante la causa por las areneras en el departamento Gualeguaychú e Islas que extraen minerales sílices para el fracking de Vaca Muerta con autorizaciones vigentes volvió a cargar contra los referentes de la provincia.

“En materia ambiental la provincia de Entre Ríos, o mejor dicho los funcionarios públicos responsables están en deuda, lo saben, lo reconocen públicamente, como es el caso de la secretaria de Ambiente, María Daniela García: “Sabíamos que había areneras sin habilitar trabajando” pero nada hacen para solucionarlo, peor aún, desobedecen sentencias y mandas judiciales”, sostuvo Luciano.

Justamente, el abogado recordó a R2820 que “como ciudadano comprometido en la defensa del medio ambiente, denuncié penalmente a los funcionarios públicos responsables, la Fiscalía Federal no sólo avaló mi denuncia sino que aumento el tipo de presuntos delitos cometidos, como también aumento el número de imputados en la posible comisión de esos delitos, Causa Nº FPA 005071/2022 Juzgado Federal de Gualeguaychú”.

Si bien el letrado acepta que “pueden argumentar algún grado de desconocimiento de las leyes por parte de los funcionarios públicos de las áreas administrativas provinciales responsables de cuidar el medio ambiente, no respetar las leyes que lo protegen y, sobre todo, el deber de cumplir con la mandas judiciales, [eso]no los exime de responsabilidad”.

Pero allí marca la responsabilidad de la Fiscalía de Estado a cargo de Julio Rodríguez Signes: “no se puede aceptar o justificar el desconocimiento y el aval para que no se cumplan con las mandas judiciales por parte del organismo técnico legal provincial”.

En ese sentido, precisó que lo demuestran el “amparo FPA 003721/2022, que tramita por ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú. El 6 de mayo se decretó que, por el término de 45 días, se clausurarían las empresas mineras que estuvieran funcionado con irregularidades administrativas. Mediáticamente el Fiscal de Estado comunicó que se habían clausurado 9 areneras, y 4 plantas de lavado”.

“Pero, o sorpresa, el 10 de mayo se habilitó una planta de lavado por parte del Municipio de Ibicuy que fuera clausurada el 6 de mayo en plena vigencia de manda de clausura. Se debería haber informarlo en el expediente”, pero no se hizo lo que Ricardo Luciano califica como “desobedecer sentencias”.

A su vez, existe otro incumplimiento en la causa de la Fundación Cauce contra el Gobierno Provincial donde el 30 de mayo se decretó “ordenar a las demandas Estado Provincial y Municipalidad de Ibicuy la suspensión preventiva y precautoria de todo trámite municipal y/o provincial de otorgamiento, habilitación y/o renovación, de permisos de uso, certificación de aptitud ambiental y/o finalización de trámites de Evaluación de Impacto Ambiental que se relacionen con emprendimientos de extracción de arena silíceas y/o de plantas de lavado de arenas silíceas hasta tanto se concluya con la confección del estudio de Impacto Ambiental acumulativo ordenado en esta causa”.
Areneras para Fracking
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