El Ministerio de Salud dispuso iniciar una información sumaria en las áreas de Obstetricia y de Ginecología del Hospital Delicia Masvernat, de Concordia, a los fines de deslindar responsabilidades en la ventilación de información sensible en torno a una práctica médica que tuvo lugar a comienzos de noviembre.

Se trató de una intervención de interrupción del embarazo en el marco del protocolo de actuación en casos de abortos no punibles, dictado en agosto de 2017 por el Ministerio de Salud, a una menor de 13 años que había sido violada. Un grupo de médicos decidió, en lo que se entiende como violación del secreto profesional, difundir detalles -que fueron en su mayoría desmentidos por el Ministerio de Salud de Entre Ríos- sobre aquella práctica, violentando así los derechos de la menor.

En paralelo a la investigación que ahora inició el Ministerio de Salud, el abogado Pedro de la Madrid, se presentó ante el Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de Concordia, a cargo de Belén Esteves, y pidió medidas de protección para la menor.

La magistrada fue la primera que tomó intervención en el caso de la menor, cuya familia pidió la práctica de la interrupción del embarazo en octubre -según datos de Salud- pero le fue negada. Por eso, el abogado De la Madrid acudió ante la magistrada, quien sin embargo no adoptó ninguna medida a no ser sentar a las partes y señalar la existencia del protocolo.

El letrado también presentó un escrito ante el fiscal José Emilio Arias, de la Unidad Fiscal de Concordia, quien interviene en la investigación judicial del abuso al que fue sometida la menor, luego de la presentación que hiciera el defensor oficial Eduardo Javier Garay.

En esa presentación sostiene la necesidad de se adopten medidas para evitar que se sigan difundiendo noticias sobre una menor que vulneran sus derechos.

Y por eso plantea que “es necesaria la producción de medidas” como el secuestro de la historia clínica del desarrollo del proceso de interrupción del embarazo de la menor; y que se ordene la citación como testigos del director del Hospital Masvernat, Miguel Ragone, y de los médicos Julieta Acha y Fernando Rivas, y del periodista Osvaldo Bodean, que difundió el caso desde el sitio El Entre Ríos.

La presentación, fechada el domingo 9 de diciembre, urge “la realización de las medidas descriptas, con natural urgencia dado el contexto de embate -grave y reitero, morboso- respecto de las circunstancias que motivaron la apertura de este expediente, requiriéndose que se habiliten los días y horas inhábiles que fueren menester”.

Sobre este caso que ha tenido repercusión pública, el Ministerio de Salud de Entre Ríos salió a desmentir las versiones que se echaron a rodar respecto a que como producto de un aborto no punible practicado en el Hospital Delicia Masvernat, de Conordia, el feto tuvo una sobrevida de “10 horas”.

Pero a la vez desde Salud alertaron respecto de la reprochable actuación de los médicos, que no respetaron “el secreto médico”, ni “la confidencialidad, la intimidad y la historia”, y no respetaron el derecho del paciente.

En ese marco, en la cartera sanitaria provincial están analizando “las posibles ocurrencias de violación al secreto profesional, a la Ley de Paciente y a sus deberes como funcionario público”.

“Ante las diversas versiones existentes sobre la interrupción legal de embarazo (ILE) realizada a una niña de 13 años en el Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, en particular lo referido a que el feto expulsado en la práctica médica tuvo una sobrevida de 10 horas, este Ministerio de Salud de Entre Ríos reitera que se trata de una versión no fidedigna”, señalaron desde la cartera que dirige Sonia Velázquez.

Y agregaron: “Dado la conmoción que producen estas versiones, la manipulación perversa y la intimidación que se ha ejercido hiriendo profundamente la sensibilidad social, violentando los derechos de la niña y atentando contra la necesaria tranquilidad de los equipos de salud, se hace imprescindible aclarar que no es posible que ocurra sobrevida dentro de las condiciones establecidas por el ´Protocolo para la atención Integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo´ como no lo ocurrió en este caso”.

FUENTE: ENTRE RÍOS AHORA
Salud Pública
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