Sin embargo, anticipó a R2820 que “suponemos que el fallo va a ser recurrido y apelado ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos [STJER]por parte de Raúl Jurado, el abogado defensor del acusado Rivas”.
El punto central del fallo de segunda instancia es que “estos delitos afectan derechos como la dignidad humana y aquí se pudo probar que hubo una afectación de esa dignidad de la persona. Son delitos que trascienden en el tiempo, eso lo comprendió la Casación por mayoría en sus votos”.
Esnaola puntualizó que “hubo una afectación a la dignidad de los menores por todo lo que Rivas les hacía, agravado por usar su celebridad de su figura para captar a los chicos para realizar actos sexuales degradantes hacia las personas, que causaron un daño irreparable a las víctimas”.
Agregó que el tribunal de Concordia tuvo en cuenta que “el tiempo que tarda la víctima en darse cuenta de que está siendo abusado es muy amplio, ya que recién lo entiende cuando esa víctima se reconoce como tal y puede denunciarlo a la Justicia”. En esa línea precisó que “nunca una ley puede tener tiempos contra las víctimas” y que por eso se dice que estos delitos no prescriben.
Esnaola calificó a “estos delitos como gravísimos contra las personas, no son la muerte psíquica pero se asemeja mucho. Es un avasallamiento a su integridad psíquica y física. Los menores eran tratados como objetos sexuales y no como personas”.
“La cantidad de víctimas del abogado Gustavo Rivas no se puede saber a ciencia ciertas, algunas denuncias datan de hechos desde la década de 1970. Muchos chicos fueron sus víctimas. Como persona adulta y abogado, Rivas debía velar por los chicos y no hay dudas que él sabía que cometía delitos por eso les imponía el silencio a sus víctimas, por eso amenazaba con exponerlos públicamente a través de fotografías. Es decir, no solo lo planificó sino que también lo ejecutó”, sentenció ante R2820.
Consultada sobre los plazos de resolución de la causa, Esnaola reconoció que “Casación tardó bastante, sobre todo por la interrupción de la actividad durante de la pandemia. Si este caso llega al STJ durante diciembre, hay que saber que después viene la feria. En febrero recién se haría el sorteo de los magistrados que estudiarán el caso y después vendría la resolución”.
“No creo que se defina en lo inmediato, sino durante el segundo semestre de 2022. A medida que se sube en las apelaciones, los Tribunales tardan más tiempo en el análisis porque suelen tener también otros juicios complejos que estudiar y resolver”, detalló la querellante a R2820.
Respecto de la carga penal de los delitos de promoción a la prostitución y corrupción de al menos 8 menores, Esnaola expuso que “en promedio rondan de 7 años cada una. Nosotros tenemos un tope de 25 años de pena en la Constitución pero para imponer esa pena se tiene que constituir un tribunal distinto al de primera instancia sin hacer un nuevo juicio”.
