El ex gobernador Sergio Urribarri fue el primero de los imputados que hizo uso de la palabra frente al tribunal integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón.

De forma remota, el actual embajador de Israel, cuestionó al Ministerio Público Fiscal, en rigor a la fiscal Patricia Yedro. Citó un párrafo de un escrito de la funcionaria judicial sobre los inicios de las causas. Leyó: “Resulta sumamente complicado tener las pruebas que acrediten estos hechos. No hay testigos. Nadie se apresta a decir lo que sabe. Es muy difícil obtener prueba documental cuando los rastros son plasmados en documentos. La víctima no asiste a su producción”. Cerró, textualmente, la doctora Patricia Yedro.

Para el imputado, “realmente estos dichos son contundentes y categóricos. Lo que debió suceder es lo que todos esperábamos, es el sobreseimiento de todos los imputados. La contundencia de esta admisión es clara”, dijo en referencia a las palabras de la fiscal.

Enseguida sostuvo que las mismas “echan por tierra la acusación y el relato que durante seis años, a o más, se instaló y se machacó permanentemente”.

“Pero además es una clara muestra de cómo se llevó este proceso adelante. Fue a fuerza de arbitrariedades y violaciones de garantías que ya nadie discute. Y también por una fuerte presión mediática”, reiteró, como hizo en su declaración durante el proceso.

“No hubo en el proceso racionalidad ni objetividad, lo cual ha quedado muy en evidencia en este largo juicio la construcción (que hubo) con un sesgo probatorio de culpabilidad. En esa línea, la Fiscalía ha hecho sistemáticamente oídos sordos a cualquier prueba excluyente contra esa mirada sesgada. No tuvo en cuenta las declaraciones de los imputados que dieron sobrados fundamentos y pruebas”, señaló Urribarri.

Y agregó: “Cuando yo declaré la doctora Yedro se retiró. Todo un gesto. Pero lo más graves es que Fiscalía no haya tenido en cuenta las declaraciones de testigos calificadísimos como el contador general de la provincia (Miraglio), los miembros del Tribunal de Cuentas y el mismo fiscal de Estado (Julio Rodríguez Signes) que explicaron y dieron cuenta del funcionamiento de la administración pública. De cómo funciona el Estado. Ratificaron la legalidad de todos y cada uno de los actos administrativos”.

El embajador aseguró que el Ministerio Público Fiscal “tiene un total desconocimiento del funcionamiento de la administración pública y por eso mismo desconocen o deciden desconocer. Como lo dije al inicio del juicio, ninguna de estas causas debería haber llegado a juicio”.

Se mostró de acuerdo “a poner la cara y rendir cuentas ante la sociedad” y cargó nuevamente contra los investigadores. “¿Qué le van a decir a la sociedad a la que le mintieron con acusaciones falaces que hemos visto derrumbarse audiencia tras audiencia? ¿Van a reconocer que se equivocaron? Pido que reconozcan que actuaron movidos por un clima de época en una coyuntura política muy especial. Me pregunto: ¿van a exculparse con las personas que hicieron participar con esta puesta en escena?”, se volvió a preguntar.

A Urribarri Fiscalía le solicitó una pena de 12 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de 180 mil pesos.

Fuente: Página Judicial
Presunta Corrupción
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