El mayor órgano judicial de la Provincia resolvió este martes dar lugar "al recurso extraordinario federal para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fs. 1221/1256vta. que rechazó los recursos de apelación interpuestos por las partes demandadas confirmando la sentencia de la primigenia instancia y, en consecuencia, hizo lugar a la acción colectiva de amparo ambiental promovida por Julio Jesús MAJUL contra la Municipalidad de Pueblo General Belgrano, la empresa "Altos de Unzué S.A.", y el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos obligándolos en forma solidaria a recomponer el daño ambiental producido en el término de ciento ochenta (180) días".

De esta manera, tanto la empresa Altos de Unzué S.A. -propietaria del emprendimiento inmobiliario Amarras de Gualeguaychú-, junto a la Municipalidad de Pueblo General Belgrano, fueron habilitados para avanzar en la última instancia posible para recusar la resolución que establece el desmantelamiento del complejo habitacional. En ese marco deberán "remitir los obrados a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación de conformidad a lo establecido en el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación".
Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) fue determinante en su fallo con fecha del 11 de julio pasado, instando al tribunal de origen -STJER- a manifestarse conforme nuevos principios de preservación del ambiente y en detrimento de un reclamo económico por sobre los argumentos jurídicos en defensa de los derechos ambientales.
Así fue que, revisando su anterior resolución, el STJER volvió sobre sus pasos y estableció en la resolución del 15 de octubre pasado que "dentro del objetivo primordial del proceso ambiental -en la particular tutela del bien colectivo- tiene una prioridad absoluta la prevención del daño futuro, en segundo término, debe perseguirse la recomposición de la polución ambiental ya causada, y finalmente para el supuesto de daños irreversibles en los cuales ya no pueda recomponerse el daño ocasionado se tratará del resarcimiento pecuniario. (Ley General del Ambiente, artículo 28)".

En este contexto, y mediante la resolución rubricada por Germán Carlomagno (en disidencia parcial), Emilio Castrillón, Claudia Mizawak y Juan Smaldone, el STJER dio lugar al recurso extraordinario planteado por lo demandados por organizaciones ambientales y vecinos de ambos poblados ubicados a la vera del río Gualeguaychú, para que la Corte Suprema defina el último capítulo judicial originado en la radicación inconsulta del barrio náutico privado.
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