El exjuez de Gualeguaychú criticó la resolución de del Consejo Regulador de Uso de Fuentes de Agua (CORUFA), por la cual se autoriza la continuidad de la obra. Este “logro consensuado” debe ser explicitado y detallado ante la ciudadanía, puesto que así sólo abre más interrogantes” destacó.

En un declaración enviada a R2820, bajo el título de “Amarras… ¿a la deriva?” cuestionó la decisión de del Consejo Regulador de Uso de Fuentes de Agua por la cual se autoriza la continuidad de la obra, con exigencias a la empresa de nuevas obras complementarias.

“Esta segmentación del Poder Ejecutivo Provincial, reafirma la necesidad de plantear un PLAN DE GESTION AMBIENTAL PARA LA CUENCA DEL RIO GUALEGUAYCHU” resaltó.

El texto
“Amarras… ¿a la deriva?”
La construcción del complejo “Amarras” -a la margen izquierda del río Gualeguaychú, lado norte del Parque Unzué-, no se resuelve con resoluciones parciales y su vez no explicitadas.

Conforme los mandatos constitucionales y las leyes que reglamenta su ejercicio, a nivel nacional, provincial y local, si bien deben facilitar la actividad antrópica, ésta cuando se beneficia con la misma, y puede afectar el ecosistema, debe la autoridad de aplicación y el privado, cumplir acabadamente con los principios de prevención y precaución. De esta manera, el interés colectivo, la salud, el medio ambiente, debe ser resguardado, permitiendo la actividad empresarial, con la garantía que ésta no afectara a la población de hoy y a las futuras generaciones
Las autoridades municipales (Pueblo Belgrano y Gualeguaychú) y provincial, tienen “ una obligación de previsión extendida y anticipatoria… obtener la suficiente información a efectos de adoptar una decisión basada en un adecuado balance de riesgos y beneficios...”) C.S.J.N 26/03/09.

El Gobernador ante la autorización ambiental provisoria que había expedido la Secretaría de Ambiente, a favor de la empresa “Altos de Unzué S.A.”, y luego de dejarla sin efecto-paralizando la obra-, no ha dictaminado sobre el recurso administrativo planteado por la municipalidad de Gualeguaychú, por el cual se opone al emprendimiento habida cuenta que no se ha demostrado que el mismo es inocuo para el ambiente.

La legalidad de una obra debe estar amparada, en un estudio de impacto ambiental integral y licencia social. Debe existir información para las mismas autoridades municipales, mayor publicidad, participación ciudadana y decisión conforme los intereses en juego, en donde debe prevalecer el bien común, el respeto al valle de inundación y a los humedales de la zona (presupuestos mínimos ley 25.675). Vale recordar que el área en cuestión se encuentra dentro del Área Natural Protegida a los Humedales e Islas del Departamento Uruguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy (leyes 8967 y 9718).

Actualmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe resolver un Recurso de Queja, planteado contra la realización de la obra, ante la decisión formal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que no hizo lugar al ampara ambiental considerando que no era la vía judicial apropiada, teniendo en cuenta que no había resolución administrativa del Poder Ejecutivo, respecto a la autorización definitiva de la ejecución del emprendimiento.

Ante este realidad administrativa y judicial, que afecta a la empresa, ya que tiene la obra paralizada, al menos en la parte central del objetivo inmobiliario, y a su vez expectante a la ciudadanía del departamento Gualeguaychú, nos encontramos con una resolución del Consejo Regulador de Uso de Fuentes de Agua (CORUFA), por la cual se autoriza la continuidad de la obra, con exigencias a la empresa de nuevas obras complementarias (eliminación total del riesgo de impacto hidráulico, dragado del río y ampliación de la vera de costa margen izquierdo de P. Belgrano ) y el pago de una multa de dos millones de pesos, todo lo cual fue aceptado por la empresa.- Este “logro consensuado” debe ser explicitado y detallado ante la ciudadanía, puesto que así sólo abre más interrogantes.

Esta resolución administrativa provincial, es una decisión segmentada, parcializada de la problemática ambiental. Si bien podría llegar a ser válida en sí misma, sabido que la problemática ambiental, debe ser analizada, merituada y resuelta, teniendo en cuenta la llamada ecología integral, con transparencia en los procesos decisionales (Laudato Si apart.137/142 y 182/188.), evaluando el impacto presente y futuro, en la naturaleza y la sociedad toda, conforme a nuestra cultura.- Lo que también denominamos desarrollo sustentable.

Esta segmentación del Poder Ejecutivo Provincial, reafirma la necesidad de plantear un PLAN DE GESTION AMBIENTAL PARA LA CUENCA DEL RIO GUALEGUAYCHU. Ya que si bien, hipotéticamente, podría llegarse a aceptar una obra como Amarras, es claro que no puede ser posible replicar en la cuenca con otros emprendimientos, bajo la grave posibilidad de convertirnos en la cuenca del Rio Lujan, con todas las inundaciones producidas en los últimos años (incluso en la Basílica de Luján).

Quien aquí opina, ciudadano del Departamento Gchú, es una habitante de ambas márgenes, por lo tanto pretende una resolución ambiental integradora, respetando en primer lugar los intereses colectivos, sin menoscabar la actividad antrópica.

Además de la cuestión hidráulica, no menor, y dentro de un contexto de Plan de Gestión Ambiental continuo y con análisis de proyección acumulativo, debe ser tenido en cuenta, los problemas de saneamiento hidráulico, ingeniería sanitaria, agua potable, desagües cloacales, residuos sólidos, accesibilidad por el parque Unzué y la ruta provincial ,con la afectación auditiva del transporte terrestre y fluvial, todo ello bajo la información, la publicidad y la participación (licencia social) que imponen las normas vigentes.

El bien común, ante un emprendimiento público o privado, debe prevalecer en función de los Derechos Humanos básicos. Y la actuación de los órganos de control no han actuado en consecuencia. Incluso el relato de la propia Corufa lo reconoce, “..Queda claro que la estrategia de hacer y luego ver como se regulariza tiene consecuencias negativas..” sic.

Esperamos una resolución definitiva e integral que delimite e imponga los límites en protección del interés general, y si es posible armonice los intereses en juego, bajo el mandato constitucional de protección al ecosistema. Todo con la mayor transparencia e información.

EDUARDO GARCIA JURADO- Prof. Criminología (U.N.L.de Zamora) y de Política Ambiental (UADER) -CEPES-
Gualeguaychú

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