El proyecto que ejecuta la empresa Altos de Unzué en el vecino municipio de Pueblo General Belgrano, a orillas del río Gualeguaychú, continúa con la comercialización de sus lotes y el avance de obra, pese a que aún el gobernador Gustavo Bordet no firmó el certificado de aptitud ambiental que autorizaría la realización del controvertido emprendimiento inmobiliario.
Cabe recordar que Amarras es un proyecto inmobiliario de 333 viviendas, en un terreno de 112 hectáreas ubicadas cerca del Parque Unzué y a metros de la costanera de Gualeguaychú, todo dentro del municipio antes mencionado.
El conflicto socio-ambiental estalló ni bien comenzaron las obras el 7 de octubre de 2012. Es decir, hace siete años. Vecinos de ambas márgenes del río denunciaron que las obras arrasarían el monte nativo, destruiría el humedal y que se desviaría el curso del río para hacer un lago de 20 hectáreas, entre otras consecuencias ambientales. El proyecto urbanístico tiene categoría 2 y 3, de Medio y Alto impacto ambiental.
La historia del barrio náutico privado está plagada de capítulos que revelan impericia estatal y la ya conocida política de los hechos consumados: la empresa comenzó a operar en 2012 pero recién el 29 de julio de 2015 obtuvo una "media" aprobación o "medio" certificado de aptitud ambiental “condicionado” para arrancar las tareas, otorgado por la Secretaría de Ambiente de la Provincia. El certificado llegó cuando la obra tenía un 85 por ciento de avance mediante la resolución Nº 340/15, firmada por el entonces Secretario de Ambiente Fernando Raffo.
Sin embargo, el certificado quedó sin efecto mediante la firma del gobernador Gustavo Bordet, quien el 18 de diciembre de 2015, a sólo ocho días de haber asumido, con el Decreto Nº 258/15 suspendió el certificado de aptitud ambientalo otorgado por Raffo “hasta tanto se realice un nuevo estudio sugerido desde la Secretaria de Ambiente”. La decisión fue frente a un recurso de apelación jerárquica que interpuso la Municipalidad de Gualeguaychú contra la resolución de Raffo que le dio a “Altos Unzué” el certificado de la polémica.

El 26 de agosto de 2016 se sumó otra página en la lista de insólitas decisiones administrativas vinculadas al emprendimiento: el Intendente de Pueblo Belgrano, Maurico Davico, firmó el decreto Nº 415/16 por el que dio luz verde a la empresa para continuar con las obras: “Quedan expresamente autorizadas en sentido amplio las obras viales, civiles, sanitarias, eléctricas, deportivas y demás infraestructuras, siendo la única limitante el área de trabajo, determinada por la cota de nivel”, dice el decreto municipal que fue aprobado por el Concejo Deliberante local.
Además, en los fundamentos, Davico sostuvo que “se encomendó a la Universidad tecnológica Nacional (UTN) de Concepción del Uruguay un estudio de detalle sobre el impacto hidráulico del emprendimiento en la Cuenca” el cual arrojó “resultados positivos”.

Lo cierto es que, en aquel momento, dicha decisión municipal pasó literalmente por arriba el decreto de mayor jerarquía, el del Gobernador Gustavo Bordet. Los ambientalistas sostuvieron que el decreto del mandatario provincial debe respetarse y por ello denunciaron penalmente al intendente Davico por abuso de autoridad. Pero la Justicia ordinaria no profundizó en el tema, por considerarlo un tema administrativo.
Amarras continuó consolidando la obra, con las aprobaciones que obtuvo del Intendente Davico.

Por otra parte, y en paralelo al reclamo administrativo de la Municipalidad de Gualeguaychú, fue creciendo el reclamo judicial que tuvo su origen en la presentación del amparo promovido por el vecino Julio Majul, el cual fue acompañado por la firma de otros ciudadanos. Luego de superar las primera instancia con un fallo favorable, la demanda no fue considerada positivamente por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, pero frente a la interposición de un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los vecinos que denuncian la ilegalidad de Amarras hace 7 años, obtuvieron un triunfo importante: con la firma de los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, la Corte dejó sin efecto la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) que había rechazado la acción de amparo interpuesta por Majul con el objeto de que cesen las obras y se reparen los perjuicios ambientales producidos por la construcción de un proyecto inmobiliario en el barrio náutico de Pueblo Belgrano.
Todo volvió al tribunal de origen (STJER), mientras que la categórica manifestación de la CSJN puso también un freno al accionar de las áreas provinciales que venían avanzando a todo vapor en el sentido de la aprobación del emprendimiento.
Pero vale destacar que estos siete años sin la resolución política pertinente han sido más espera para los vecinos que para la empresa, la cual continuó avanzando con la obra. Las fotos que hoy publica R2820 en esta nota, resultan lo suficientemente elocuentes.
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