El Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación a la sentencia dictada por la Sala Segunda Laboral de la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú que ordenó al Gobierno provincial evaluar las habilitaciones de las empresas areneras instaladas en el Delta entrerriano, tal como reclamó a modo personal el abogado Ricardo Luciano.
“Casi todas” operan al margen de la ley, entendió la Justicia y ratificó el mandato para controlar la vigencia de certificados de aptitud ambiental y el cumplimiento de todos los requisitos que exigen las normativas en la materia.
Este lunes, trabajadores de las areneras realizaron un protesta en las rutas de acceso a Ibicuy en contra del "cierre de las areneras".
“La provincia trata de estar en todas las actividades productivas, pero muchas veces las actividades se dan y nosotros todavía no terminamos el proceso de autorización” explicó.
“No estamos en todos los puntos de extracción presentes, como sería lo ideal. Si las areneras estuvieran todas con certificado de aptitud, no habría ninguna objeción. El problema es que muchas están trabajando sin la autorización de Ambiente. Tenemos poco personal y mucho tiempo y trabajo, cruzando información con otras áreas” se excusó.
Según explicó la funcionaria, la extracción de arena silícea en Entre Ríos tiene múltiples destinos, uno es la fabricación de vidrio, otro la obra pública, la construcción, y a partir de Vaca Muerta hay dos lugares en territorio provincial que tienen arena con pureza de 99 por ciento, que no necesita lavado. Esta última es la arena que se extrae y se lleva a Vaca Muerta.
El procedimiento para funcionar
Hasta hace unos años la secretaría de Minería era quien otorgaba las habilitaciones. Pero en 2019, Minería y Puertos Navegables dejaron de otorgarlas a quienes no cumplieran con la secretaría de Ambiente.“La empresa presenta su estudio y la Secretaria evalúa el impacto ambiental, que es un documento técnico que intenta predecir la afectación potencial. El estudio en teoría debería presentarse antes de que la actividad se ejecute” describió García.
Eso en la teoría. Pero en la práctica, “la mayoría de las veces las actividades están iniciadas y ya sea por una denuncia o porque la Secretaría detecta que esa empresa no está presentada, se intima a presentar los estudios de impacto ambiental”, dijo.
Sobre el caso de Ibicuy y Gualeguaychú, donde afecta el fallo del STJ, además “las areneras están en un área protegida, entonces también Hidráulica tiene que dar su opinión además de la nuestra, y ver qué pedirle a los propietarios” reconoció.
García, quien llegó a la gestión ya iniciado el segundo mandato de Gustavo Bordet en mayo de 2021, reconoció que “muchas areneras estaban funcionando sin certificación, y por eso el gobernador hace tiempo que pide que se regularice la actividad en la provincia, hace cuatro años lo viene pidiendo” aseguró.
Consultada sobre por qué el gobierno no actuó antes, y sí lo hace ahora con una orden judicial, dijo que “no se hizo antes porque no tenemos capacidad técnica” y porque “frenar un proceso productivo por nuestros tiempos, que a veces duran un año o año y medio, para la gente que está produciendo es fuerte”.
Fuente: R2820/Radio Ciudadana Concordia
