El próximo 28 de febrero el diputado por Cabildo Abierto y abogado constitucionalista, Eduardo Lust, presentará las firmas recolectadas para frenar el tren de UPM ante la Junta Departamental de Durazno. Unos días después hará lo mismo en Florida y luego en Canelones.

El objetivo del diputado es que el tren de carga de la nueva planta de UPM no pase por centros urbanos.

La fecha elegida por Lust, 28 de febrero, está vinculado a que en esa fecha de 1811 los criollos de la Banda Oriental decidieron tomar las primeras acciones contra la corona española en lo que se conoció como el Grito de Asencio. “Tiene un peso simbólico”, aseguró Lust en diálogo
con El Observador. Las juntas departamentales cierran durante el mes de enero.

El expresidente y actual secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, dijo que no está de acuerdo con las acciones de Lust, porque sería “inviabilizar la obra” y Uruguay es un “país serio que cumple”. Sin embargo, aseguró en diálogo con Desayunos Informales que el procedimiento legal que se está llevando adelante es el correcto y que podría llegar a parar la obra.

Lust terminó de redactar la iniciativa legislativa y posterior referéndum en diciembre y pretende "parar" la construcción de la vía de tren acordada con UPM, la empresa finlandesa que en 2019 confirmó la construcción de su segunda planta de celulosa en Uruguay.

Desde antes de ser electo diputado por Cabildo Abierto, Lust asesora a un grupo de vecinos que quiere modificar el trazado del Ferrocarril Central que unirá Montevideo con Paso de los Toros (Tacuarembó). Según denuncian, el recorrido diario del tren por centros poblados impactará en su calidad de vida, debido a la cercanía de sus casas a las vías y por la peligrosidad de las sustancias que va a transportar.

Por lo tanto, desde que el gobierno dio a conocer por dónde pasará el tren, el abogado los asesora sobre las posibles formas de frenar el proyecto y modificar el trazado. En estos grupos hay personas de ocho localidades: Santa Bernardina (Durazno), la ciudad de Durazno, Sarandí, Camilo dos Santos Grande (Florida), 25 de Mayo (Florida), la ciudad de Florida, Juanicó (Canelones), La Paz (Canelones) y la ciudad de Canelones. Según dijo Lust a El Observador, el único requisito para considerar a un lugar como "localidad" es que sean centros poblados.

La ley 9.515 es la que regula la posibilidad de un referéndum departamental y establece que el 15% de los inscriptos residentes en una localidad tendrá derecho de “iniciativa ante su respectiva junta en asuntos de dicha jurisdicción”. Es decir, el 15% puede presentar una iniciativa, en este caso para cambiar el trazado del tren, para que se convierta en decreto ley.

No existe ningún tipo de norma que respalde los referéndums locales, pero el artículo 332 de la Constitución establece que "los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino que ésta será suplida, recurriendo a los fundamentos de leyes análogas". En este caso la ley análoga es la 9.515 que establece los pasos a seguir para un referéndum departamental.

En caso de que la Junta lo apruebe se transforma inmediatamente en decreto ley y, según Lust, tiene mayor peso que una ley nacional por lo que sería obligatorio cambiar el trazado del tren. Si la Junta no se pronuncia dentro de los 60 días o vota negativamente, se deberá convocar un
referéndum.

El intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, ya se pronunció a favor de convocar un referéndum.

“Me parece muy bien que haya un grupo de vecinos que esté tratando este tema porque si a mí me dicen que van a pasar 4,5 o 6 trenes para allá y van a volver para acá, está bien, son 12 trenes. Pero si aumentamos la frecuencia y vamos a tener un mayor número de trenes me tengo que entrar a preocupar”, dijo Vidalín según consignó radio Uruguay.

La presentación de las firmas llegará a las juntas departamentales previo al inicio de la campaña electoral municipal y los distintos intendentes tendrán que decidir cómo proceden ante una iniciativa que tiene el respaldo de, al menos, el 15% de los ciudadanos.

Fuente: El Observador.
Uruguay
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