"La normativa provincial aplicable, variada y confusa por cierto, así lo determina, y se aprovechan de eso para sacarse y pasarse la responsabilidad entre los distintos organismos estatales", sentenció y reiteró que "los ciudadanos de a pie somos los damnificados del daño ambiental".
En ese sentido planteó que "El Decreto 4977/09 establece que es la Secretaría de Ambiente la que otorga el Certificado de Aptitud Ambiental, pero el Decreto 3498/16, en su art. 1° establece: “La Provincia y las Municipalidades emitirán el Certificado de Aptitud Ambiental en su respectivas jurisdicciones, debiéndose iniciar el trámite en la Secretaría de Ambiente".
El Art. 4° del 3498/16 establece: “Los permisos, habilitaciones, certificaciones y autorizaciones que se concedan por los organismos del Poder Ejecutivo Provincial como autoridades de aplicación en cada materia específica, deberán otorgar previamente a la evaluación ambiental, sujetos a la condición de obtener el posterior otorgamiento del Certificado Ambiental por parte de la Secretaría de Ambiente”.
Ricardo Luciano explicó que "ese “desorden” legislativo fue zanjado por el Superior Tribunal en el Amparo que fui abogado de la parte actora -la Cooperativa de Agua Potable y Servicios Públicos de Ibicuy- en su sentencia del 18 de enero 2021". Allí se estableció que "mientras que la Secretaría de Medio Ambiente, es la autoridad de aplicación del reglamento regulatorio de los estudios de impacto ambiental y la autoridad que expide los certificados de aptitud ambiental; para lo cual deberá disponer de un archivo que permita identificar los emprendimientos solicitantes del certificado, sus ubicaciones geográficas y el estado en que se encuentran los correspondientes trámites“.
Mientras "la competencia es única de la Secretaría de Ambiente, otro organismo provincial el Consejo Regulador de Fuentes de Agua (CoRUFA), es el encargado de llevar a cabo los lineamientos de la Ley provincial de Aguas N°9.172".
Según esa Ley 9.172, “Quedan comprendidas las obras hidráulicas ... a los fines de la explotación racional la que conserve riqueza o la que evite daños y pérdidas injustificadas. Por aprovechamiento racional debe entenderse la utilización de elementos naturales en forma que resulte eficiente socialmente útil y procure su preservación y la del ambiente".
Ahora bien, Luciano explicó que "consultado por mi parte el CoRUFA sobre qué información tienen del “Delta Aluvial – Formación Isla Talavera”, que es el lugar de donde las areneras sacan el agua subterránea para hacer el lavado de arena, la ciudad de Ibicuy, entre otras poblaciones, sorprende la respuesta del 6 de junio 2022: “Que hasta el presente, no se ha aplicado la regulación del uso especial de aguas subterráneas en la provincia de Entre Ríos. (…) Que no se hallan registros de la Formación Hidrológica Isla Talavera en los organismos estatales atinentes al recurso hídrico, (…). Reitero éste organismo CoRUFA que me responde esto, es el mismo que autoriza a usar el agua superficial y subterránea a las areneras, como lo informado en su página oficial el día 29 de diciembre de 2021 que autorizaron a dos nuevas areneras a extraer agua subterránea".
A eso agregó que "en las Areneras IV, V, y VI, se informa de los consumos millonarios en litros de las mismas, que nadie controla y están modificando (para peor) al agua subterránea. No hay que olvidar que todos estos organismos “amontonados” con responsabilidades “superpuestas” dependen del Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico", expone Luciano.
"En éste tema son todos responsables por igual, oficialismo y oposición, ningún opositor ha dicho ni mu sobre éste tema, ni han ido a Ibicuy a ponerse a disposición de solucionar cualquier inconveniente que se tenga para el normal funcionamiento de las areneras, como lo es el mantenimiento del camino que destruyen los camiones areneros y pagamos los entrerrianos", enfatizó el abogado ambientalista.
Agregó que "lo mismo sucede con el intendente Gustavo Roldán y los Concejales de todos los partidos, ninguno se ha ocupado del problema ambiental que generan las areneras, de las consecuencias sobre el agua subterránea que genera el consumo millonario en litros. Están más preocupados en que todo siga igual, que nadie hable".
"Sepan que la sociedad está atenta a su accionar displicente en temas ambientales, y tarde o temprano, tendrán que hacerse cargo de los daños provocados por su inoperancia", acusó Luciano en el escrito.
