En contacto con R2820, Luciano brindó precisiones sobre los dos fallos en curso respecto de la prohibición de operar a 9 areneras –de las 14- instaladas en Islas del Ibicuy y Gualeguaychú que no cumplen con la Ley General de Ambiente. Los dos procesos en la Justicia Provincial y Federal siguen en paralelo, asegura el abogado querellante contra las areneras, que lleva la causa en forma personal. Si bien arrancó con una medida de la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy, luego la continuó en forma “exclusivamente individual”.
“Voy a seguir los juicios. En los próximos meses tendrá que haber 8 o 10 audiencias públicas de las areneras que no las hicieron, deberán hacerse las inspecciones que adeuda la Secretaria de Ambiente para saber las empresas realmente cumplen y presentar el Seguro Ambiental Obligatorio Reparatorio”, indicó.
Para Luciano, “el primero que no cumple es el Estado, luego las empresas. Por eso voy contra el Gobernador y no contra los dueños de las empresas. Gustavo Bordet puede enfrentar a futuro una causa penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público, tanto como el ministro de Producción, Juan José Bahillo, y los funcionarios jerárquicos de la Secretaria de Ambiente”.
“Ellos no puede incumplir la ley”, añadió, pocas horas después de ser notificado del nuevo fallo a su favor por la Justicia Federal que obligó al cierre por 45 días de las empresas mineras.
“Mi amparo ambiental de ejecución e incidencia colectiva, porque el tema nos alcanza a todos, es a título personal como ciudadano. Denuncié que las areneras tienen el Certificado de Aptitud Ambiental vencido. Se otorga por la Secretaria de Ambiente por dos años y hay que renovarlo con un expediente administrativo acompañado de un informe de impacto ambiental que se tiene que empezar a confeccionar con 4 meses de anticipación”.
QUE SE DENUNCIÓ
SI bien hay dos causas en fueros diferentes, Ricardo Luciano aclaró que “el efecto es el mismo porque ambas terminarían en clausura. En la Justicia Federal me presenté con prueba documental y oficial en un amparo ante el incumplimiento de una ley por los funcionarios públicos”, ante la falta de control a la actividad extractivista.“En este caso es contra el órgano de aplicación: la Secretaria de Ambiente, que depende del Ministerio de Producción que responde al Gobernador”, detalló en su oficina de Gualeguaychú.
“Estoy denunciando que se incumple la Ley General de Ambiente 25675, que es de orden público y por ende de cumplimiento obligatorio en todo el país. Allí se establece un seguro ambiental obligatorio que ninguna arenera lo tiene para reparar un posible daño”.
En el ámbito provincial, la primera resolución a favor de Luciano vino del juez Adrián Welp de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial quien “hizo un gran trabajo porque pidió información, convocó al Colegio de Abogacía como Amicus Curiae para que haga un dictamen independiente”.
Ese fallo fue respaldado por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia tras enfrentar algunas trabas: “Pasó a sentencia donde tuve dos dictámenes en contra del fiscal de Islas, uno del procurador General Jorge Amilcar García, otro de la Fiscalía de Estado y uno de los votos de los vocales del Superior Tribunal también fue se opuso. Pero a favor hubo 3 votos y gané. Se resolvió que el gobernador cumpla. Es decir, cerrar las areneras con los certificados vencidos”.
En el caso de Carlos Cadoppi cambia la jurisdicción a Federal. “Para que el juez Hernán Viri me tome el amparo debía comprobar un daño ambiental inter jurisdiccional y volví a denunciar todas las irregularidades”.
“Como es un tema ambiental tiene alcance Federal. Tapar los arroyos llevó a modificar los humedales naturales y los humedales están relacionados con el río Paraná; entonces entra la jurisdicción del juez Federal. Yo pedí 6 meses de suspensión pero en la audiencia con la Fiscalía de Estado se determinaron 45 días que es lo que fijó el juez Hernán Viri”, describió Luciano.
Para ponerlo claro, agregó que “Viri le ordenó al gobierno que suspenda las areneras sin papeles, cuando la Secretaria de Ambiente debería haberlo hecho con el fallo de la justicia Provincial. Esta suspensión de 45 días va a ser más extensa porque me voy a encargar de que las empresas cumplan todos los requisitos”, expone.
“Voy a pedir que las areneras reparen los daños ambientales como explica el Reglamento de la Ley General de Ambiente 25675 y cumplan con las exigencias de la ley”, puntualizó a R2820.
FALTA DE CONTROLES
Esa ley establece que la Secretaria de Ambiente es el órgano de control y supervisión de todas las actividades relacionadas con la actividad minera. En caso de no contar con técnicos o profesiones para realizar su labor puede contratar consultores externos para hacer los estudios e inspecciones, pero el ente “nunca hizo los controles ni auditó a las empresas”.Ricardo Luciano puntualizó que “hice un amparo y el 18 de enero de 2020 obtuve una sentencia favorable del Superior Tribunal de Justicia. Pedí información a la Secretaria de Ambiente, como abogado de la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy, porque había explotado el tema y nos iba a generar problemas de suministro de agua a la población. Hoy los está generando”.
“Me dieron todos los expedientes administrativos de las areneras. Los estudié minuciosamente y encontré inconsistencias como, por ejemplo, que la arenera El Mangrullo de YPF –una de las que más prolijo tiene su documentación- dice que va a producir 40 mil toneladas de arena sílice por mes, 400 mil al años. Le faltaba contabilizar 2 meses. ¿Esos errores la Secretaria de Ambiente no vio?”, se preguntó.
Respecto de la afectación a las napas de agua dulce para consumo humano, explicó que “en un primer expediente negaban que iban a consumir agua. Después dijeron que iban a consumir 350 mil litros por hora y, finalmente, en la audiencia pública que se hizo por radio en Ibicuy admitieron que usarán 1 millón de litros por hora. De nada pasaron a 1 millón”, explicó.
Para dimensionar esa cantidad, Luciano contó que “la población de Ibicuy tiene cerca de 8 mil habitantes que consumen 2 millones de litros por día, pero YPF consumirá 1 millón por hora. Recordemos que pasaron de trabajar 8 horas diarias a 24, y encima usan 100 kilos por día de floculante como separador de la arena y la tierra, algo contaminante”.
“El problema es que el agua sale desde las napas. En la provincia tenemos 4 acuíferos: esta zona desde Gualeguaychú hasta el río Paraná se llama formación Isla Talabera. Lo que pasa es que se saca agua de la capa “dulce” con 0.10 miligramos de hierro por litro pero, desde diciembre, se fue a 0.45 ml/l. Eso quiere decir que se está extrayendo cada vez de más profundidad y con más minerales. Tenemos miedo que se pueda acabar el reservorio de la formación Isla Talabera”, repasó.
EL “ORO” ENTRERRIANO ES GRATIS
Las empresas están ganando millones con la extracción de arenas síliceas de Entre Ríos, uno de los pocos lugares del país donde existen, y la provincia casi que las regalas.Hoy en día no se pagan impuestos por esta actividad: “Que estén consumiendo más de lo habitado no tiene importancia, porque están exentos de impuestos por la Ley 10557 entre 2020 a 2023”, dijo el abogado ambientalista.
“Las areneras cargan el sílice en camiones en las plantas de Islas, lo llevan a Zárate, Campana o Luján para transportarlos en trenes hasta Añelo, en Río Negro, donde es el centro logístico de Vaca Muerta y de ahí se distribuye” a los pozos para fracking.
“Esa es la ventaja comparativa de sacar arena entrerriana. Cuando arrancó el fracking se importaba desde Estados Unidos y Europa a un valor de mil dólares la tonelada. La de Entre Ríos, puesta en Vaca Muerta, cuesta 200 dólares”, detalla Ricardo Luciano.
“Para esta gente, el negocio en Entre Ríos significa 600 millones de dólares. El Estado no les cobra el agua, les hace los caminos y no le cobra impuestos”. Además la forma de “cobrarles” es bastante lábil: “Hasta 2019, las areneras tenían que hacer una declaración jurada a principio de cada mes ante la Secretaria de Ambiente con la cantidad que extrajeron para que se les liquidara el impuesto de solo 14 pesos por tonelada. Eso las habilitaba a declarar de menos si querían porque nadie las controlaba”.
LA BURLA A LA LEY ANTIFRAKING
Entre Ríos cuenta con una ley antifraking que impide realizar esa actividad en la provincia, sin embargo, favorece su desarrollo en la Patagonia y le suministra un insumo fundamental, la arena sílice.Un 80 por ciento de la arena que se usa en Vaca Muerta proviene de las canteras entrerrianas, sobre todo de Ibicuy, Diamante y Gualeguaychú.
“En los considerandos de esa ley se habla que no se podría extraer esa arena” dice Luciano y para demostrar el daño actual apeló a un ejemplo claro de lo que ocurre en el sur provincial: “si vos al patio de tierra de tu casa todo los días le sacas un balde, al año vas te vas a caer en un pozo. Eso es lo que están haciendo”.
EL PROCESO
No todas las empresas trabajan de la misma manera. Algunas hacen todo el proceso y envían la arena lista al sur del país mientras que otras se llevan pedazos enteros de terreno a la Patagonia.La cantera Energía de NRG Argentina “tienen areneras en Río Negro y Chubut y no usa agua. Se lleva todo en crudo al sur para procesarlo”, detalló Luciano.
Otras como Cristamine SA, de origen argentino saca 100 camiones de arena por día usando agua y tirando los desechos en arroyos. Pero también hay empresas canadienses y estadounidenses, mientras que YPF es la más grande que opera en Ibicuy.
El proceso es así: “la retroexcavadora saca la arena, carga el camión, va a una gran planta de lavado donde por movimientos se separa la arena de los desechos. Ese remanente lo tiran en los arroyos. En realidad tendrían que tener piletones decantadores para recibir esos barros, reciclar el agua y volver a arrojar la tierra en los pozos de extracción para reparar el daño que hacen”, dice Ricardo Luciano.
Pero en realidad “lo que hacen es no reciclar el agua y los restos tirarlo en los arroyos cercanos. Taparon los arroyos Cuartillos, Carquejas, Baltazar y Los Perros. Eso nunca fue inspeccionado por la Secretaría de Ambiente”, denunció.
“Eso provocó que el campo de Carlos Cadoppi –su demandante en la causa Federal- está anegado desde hace 7 años porque los millones de litros de agua que desecha la arenera y el cauce normal del río provocan la inundación del terreno. Eso es un daño económico importante”, enumeró.
Es así que “en octubre de 2021, Cadoppi pidió una inspección de la Secretaria de Ambiente. La hicieron y redactaron un informe donde se reconoce que la arenera no cuenta con Certificado de Aptitud Ambiental porque estaba vencido desde 2017. Entonces le dieron 20 días de plazo para dar cumplimiento a las no conformidades. En realidad, la reglamentación establece que se la debía clausurar y multar. Es decir, el organismo no cumplió con lo que fija la ley”, otra vez.
Con esos antecedentes, Ricardo Luciano estima difícil remediar los daños ambientales, sin embargo, está dispuesto a seguir su lucha contra las mineras que convirtieron a la provincia en generadora de “oro blanco” para el fracking y aprovecharon la falta de control de los entes estatales.
