En primer lugar el documento condena que la iniciativa se haya presentado en la misma fecha que se conmemora el Día Internacional contra el uso de los plaguicidas.
Entre varias consideraciones, el colectivo entiende que tal como está planteado el proyecto “no cumple con los requisitos del Acuerdo de Escazú, que establece acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales”.
También se cuestiona que la propuesta del gobernador “no se ajusta a los principios del derecho ambiental, tampoco reconoce al uso de agrotóxicos como una actividad peligrosa para el ambiente y la salud”. Del mismo modo se advirtió que la misma “no involucra al Ministerio de Salud cuando se trata prioritariamente un tema de salud pública”.
Otros de los ejes del escrito es el que alude a la normativa vigente para el uso de agrotóxicos en Entre Ríos: la Ley Provincial de Plaguicidas Nº 9780 del año 1980. Desde la Coordinadora recordaron que en los hechos se demostró que “está cuestionada y judicializada” y que se pretende reemplazarla por “un proyecto laxo y regresivo que no corresponde a nuestro actual escenario ambiental y sanitario en la provincia; menospreciando los datos duros publicados por el mismo Estado”.
Al continuar con el análisis agregaron que “la agroindustria es la única industria que está exceptuada de tener controles ambientales como las demás actividades contaminantes. Siendo que además es la principal causa de contaminación de ríos, arroyos y humedales”.
Los ambientalistas, a través de la misiva, elevaron un pedido a la Legislatura provincial para que se tome conciencia de la gravedad que conllevaría apoyar un proyecto que “sostiene un modelo concentrado y extractivo y lesiona la salud pública; que agota la fertilidad del suelo y carga de tóxicos nuestros cursos de agua. Un modelo que ha dejado excluidos a un tendal de pequeños productores; y que arrasó nuestro monte nativo (quedando solo un 4 por ciento del mismo); monte que nos garantizaba el ciclo del agua y que nos protegía del calentamiento global”.
Qué dice el proyecto
La iniciativa se denomina “Ley de Buenas Prácticas en la utilización de fitosanitarios y domisanitarios” y mediante ella se modifica la actual normativa vigente N° 6.599 y se regulan cuestiones atinentes a las distancias de seguridad en las aplicaciones, según el lugar y modo en el se desarrollen.En sus fundamentos, se considera que es “superadora” de la ley actual y es “armónica con los criterios actuales de sustentabilidad productiva, tuitivos del ambiente y de salubridad de la población en general”.
Uno de los aspectos más sensibles en torno al uso de agrotóxicos es el que constituyen las distancias de aplicación. El proyecto enviado por el Ejecutivo propone una zona de exclusión, donde haya restricción absoluta para las aplicaciones de productos fitosanitarios de síntesis química; zonas de amortiguamiento, donde solo se podrán aplicar algunos productos fitosanitarios de forma condicionada, y zona de libre aplicación, donde no existirán restricciones.
Fuente: Uno
