Comienza este lunes el jury de enjuiciamiento a Cecilia Andrea Goyeneche, Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, segunda en la línea de conducción de la Procuración General, la jefatura de todos los fiscales de la Provincia.

Será desde las 9 en el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), en Paraná.

El reproche se centra en la no excusación en la causa de los contratos en la Legislatura por parte de Goyeneche en función de la relación comercial que tuvo con uno de los imputados, el contador Pedro Opromolla.

El tribunal que la juzgará, el Jurado de Enjuiciamiento, está presidido por Verónica Mulone, que representa al Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, y lo completan los vocales del STJ Gisela Nerea Schumacher, Daniel Omar Carubia y Juan Ramón Smaldone; el senador Armando Luis Gay y el diputado Gustavo Zavallo, ambos del Frente Creer; y Gonzalo García Garro, por el Colegio de la Abogacía. La acusación correrá por cuenta de un fiscal ad hoc, Gastón Justet.

El Jurado de Enjuiciamiento resolvió el jueves transmitir sólo alegatos de apertura y de cierre en el juicio a Goyeneche; este viernes se descartó un planteo de la presidenta del cuerpo para reconsiderar la decisión y realizar una transmisión completa de las audiencias.
Quiénes fueron citados a declarar
Para el día de apertura del jury –proceso que tendrá las características de un juicio penal- el Jurado de Enjuiciamiento citó a Pedro Opromolla, Guido Kapp, Mario Deiloff, Maricel Micaela Goyeneche,Renato Jesús Mansilla; también fue citado el Procurador General de la Provincia, Jorge García; la integrante del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, María Carolina Castagno; y el bioingeniero Fernando Ferrari, del Gabinete de Informática Forense de la Procuración. Todos ellos relacionados a la causa de los contratos en la Legislatura.
Sobre el jury a Goyeneche
El pedido de jury a Goyeneche fue planteado el martes 13 de julio de 2021 por el abogado Carlos Reggiardo -el defensor del intendente de Santa Elena, Domingo Rossi, investigación por enriquecimiento ilícito- por su actuación en la causa de los contratos ficticios en la Legislatura. Desde el momento que se abrió el proceso de jury, Goyeneche fue suspendida en su cargo.

En 2018, Reggiardo había intentado lo mismo, la denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento, con el Procurador General Jorge Amílcar García. Pero esa vez su intento no prosperó.

Mas el Jurado de Enjuiciamiento se declaró competente, pero desestimó denuncia contra el Procurador, que había sido denunciado por mal desempeño el 21 de noviembre de 2018 por Reggiardo.

Lo que resolvieron los jurados fue la admisibilidad del planteo contra el jefe de los fiscales. Y lo que dispusieron fue rechazar la acusación que había formulado Reggiardo, el mismo que había motorizado el juicio político al exvocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Carlos Chiara Díaz, proceso que devino abstracto tras la renuncia del magistrado.

Mientras el Jurado tramitaba la última denuncia, en 2021, contra Goyeneche, hubo una segunda presentación: los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet presentaron ante el Jurado de Enjuiciamiento sendos pedidos de jury -con la accesoria de apartamiento temporal de sus funciones mientras dure la investigación- del Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar Luciano García, y de la Procuradora Adjunta, Cecilia Andrea Goyeneche.

En un texto de 100 páginas, Pagliotto y Mulet desarrollan sus cargos contra el Procurador y la Procuradora Adjunta, a quienes reprochan mal desempeño, incumplimiento de deberes funcionales y graves desórdenes de conducta, lo que también podría llegar a constituir, eventualmente, conductas tipificadas en el Código Penal, lo cual abriría la posibilidad de iniciar una Investigación Penal Preparatoria a ambos altos funcionarios, todo centrado en el manejo de la causa de los contratos truchos.

El proceso de jury atravesó por distintos estadios y denuncias cruzadas: Goyeneche recusó a miembros del Jurado y al fiscal acusador Gastón Justet, denunció irregularidades en el proceso y batalló con un recurso de amparo contra el Poder Ejecutivo, que primero una jueza de primera instancia hizo lugar, pero que después volteó el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que incluso le puso trabas para llegar a la Corte.

La Procuradora Adjunta debió acudir al recurso de queja para llevar su caso a instancia federal. Allí está ahora, en la Corte, para resolver.

Fuente: Entre Ríos Ahora
Judiciales
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