En ese sentido, la ANSV aumentó los controles de velocidad para reducir los incidentes viales en esos sectores y por medio de un trabajo articulado entre la Concesionaria Vial y los municipios se llegó a acordar ese tipo de sanciones económicas.
Los municipios aledaños a la traza de Panamericana pusieron a disposición sus radares móviles para incrementar la fiscalización y la prevención.
De esta forma, los conductores serán controlados en diferentes puntos con el fin de generar un cambio de conducta y mayor respeto por las normas de tránsito.
Desde enero a noviembre de 2019, se detectaron 751.937 vehículos que excedieron el límite de velocidad permitido, sin embargo, los conductores no fueron notificados debido a la falta de coordinación entre el gobierno nacional y provincial.
En este sentido, a partir del sábado pasado, aquellos conductores que pongan en riesgo su vida y la de los demás excediendo la velocidad permitida deberán pagar multas que oscilan entre 3.500 y 7.000 pesos.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los excesos de velocidad causan uno de cada tres siniestros de tránsito en el mundo.
A su vez, a medida que se aumenta la velocidad, también se incrementan las probabilidades de tener una colisión con lesiones de diferente gravedad.
En este contexto, la colocación de radares es la principal herramienta para disminuir los incidentes viales que son ocasionados por no respetar las velocidades máximas.
El uso de esta tecnología permite poder ampliar el control en todo el territorio y dedicar los recursos humanos a aquellas tareas donde la tecnología no puede resolverlo como por ejemplo los controles de alcoholemia y estupefacientes, orientar al tránsito cuando hay problemas.
La ANSV autoriza y homologa la colocación y el uso de radares sobre rutas nacionales de todo el país conforme con las leyes 24.449 y 26.363.
Además, estos dispositivos están sujetos a controles previos a su puesta en funcionamiento por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) como así también a verificaciones anuales que determinan la vigencia de uso, quedando así habilitados para ser utilizados por las jurisdicciones de todo el país.
Los radares deben ser operados por personal capacitado y matriculado por este organismo.
