El miércoles 6, en la que el Ejecutivo ofreció una recomposición del 10 por ciento para octubre, oferta que no satisfizo por lo cual se pasó a un cuarto intermedio.

Hay discusión sobre el porcentaje y sobre cuál es la base de cálculo del aumento: si es el salario previo al 25 por ciento acordado en abril o el resultante de esa recomposición.

Sobre todo, porque la inflación acumulada al mes de agosto llegó a 32,3 por ciento y, aunque resta el informe del Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censo) de septiembre, se cree que alcanzará un 35 por ciento en el noveno mes del año.

Aunque suena a empate técnico, el eventual acuerdo impactaría en los bolsillos a partir de noviembre, por lo que la suba de precios de octubre se habrá llevado una parte de la mejora.

Al firmar la paritaria 2021, en el mes de marzo, el Gobierno y los sindicatos estatales se pusieron de acuerdo en dejar sentada una revisión para analizar posibles desfases entre el índice de precios y los incrementos acordados.

El resultado de las negociaciones fue una recomposición salarial del 25 por ciento en tres tramos (8 por ciento en mayo, 8 por ciento en julio y 9 por ciento en septiembre) y sentarse en octubre para comparar la paritaria con la inflación.

Aunque hubo pedidos de adelantamiento a septiembre, finalmente el Ejecutivo convocó a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y presentó su propuesta: 10 por ciento a pagarse a partir de noviembre, con los haberes de octubre, pero con base de cálculo en el mes de marzo, previo al acuerdo de abril.

Para los representantes gremiales que concurrieron a la Secretaría de Trabajo, la propuesta fue insuficiente y, por eso, se pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves: «El principal problema de no avanzar en la paritaria hoy es porque no está la definición que sea a valores de septiembre», dijo Oscar Muntes, secretario general de ATE que manifestó que, sin la observación de los gremios, «el Gobierno planteaba una paritaria a valores de febrero».

De ser así sería «una paritaria a la baja», analizó el dirigente recurriendo a una expresión típica en la jerga sindical. Por eso el planteo de ATE fue 10 por ciento sobre los niveles salariales de septiembre y a partir una mesa salarial «para no seguir perdiendo poder adquisitivo».

El análisis y la demanda de UPCN fue muy similar: «Primero planteamos que es insuficiente, que mejore el porcentaje de la propuesta y también que la base de cálculo sea a partir de septiembre», dijo la vocal del sindicato, Cristina Melgarejo.

Si bien admitió que podría haber acercamiento aún con el mismo porcentaje si se aplica el cálculo sobre los sueldos de septiembre, la dirigente sostuvo que no hay acuerdo posible si se toma febrero como base.

La reunión del próximo jueves quedó confirmada, será en el Ministerio de Economía y ahí llevaría el Gobierno su respuesta, aunque ya adelantó que antes de fin de año habrá otra revisión.

De todas maneras, UPCN pidió al Gobierno que fije fecha concreta de la próxima revisión.

Con el fuerte retroceso de la pandemia –en las dos últimas semanas se redujo al 50 por ciento la cantidad de casos–, la paulatina reanudación, protocolos mediante, de las actividades, el tenor de la discusión parece cambiar: los sindicatos salen de la situación defensiva donde el objetivo era no perder poder adquisitivo, que los salarios no pierdan contra la inflación y aparece en el horizonte la necesidad de recuperación un poder de compra se vio afectado en gran medida a partir de la crisis sanitaria y sus derivaciones económicas.

Después de un 2020 sin paritarias y una pérdida significativa del poder adquisitivo a lo largo del año, los estatales entrerrianos obtuvieron una recomposición del 36 por ciento en el mes de febrero: para tomar algunos salarios de referencia, la categoría inicial pasó de $26.795,01 de bolsillo a $36.441 y la categoría 6, con 10 años de antigüedad, de $27.863,69 a $37.670,00.

De esta manera, se emparejaron los salarios con los niveles de principio de 2020, considerando la inflación del 36,1 por ciento acumulada a lo largo de ese año, según el Índice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec).

En abril, los sindicatos de trabajadores del Estado provincial acordaron un 25 por ciento de incremento en tres tramos y está en pleno desarrollo la negociación: el 10 por ciento extra ofrecido por el Ejecutivo a partir de noviembre pero aplicado sobre los niveles salariales de marzo, por lo que los gremios piden fijar como base de cálculo el salario resultante del aumento establecido para esta paritaria.

Ejemplificado en números, con el mínimo garantizado como referencia, en lugar de que el 10 por ciento se aplique sobre $36.441, que se calcule en base a los $45.551 que los trabajadores alcanzaron con el incremento de septiembre.

De todas maneras, también aparece en discusión el porcentaje del incremento, ya que engrosar la base de cálculo haría que los salarios queden igualados con la inflación acumulada a septiembre, pero cuando el aumento llegue al bolsillo (a principios de noviembre) se habrá sumado la suba de precios de octubre, que el Indec suele informar a mitad de mes.

El jueves próximo continuará la reunión en el Ministerio de Economía: allí, el Gobierno llevará su respuesta a la demanda de los sindicatos en esta paritaria que –según anticiparon las autoridades provinciales– tendrá un último capítulo antes de cerrar el año, en función de cómo evolucione el proceso inflacionario.

Fuente: Río Bravo
paritarias Gremiales
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