El tribunal también confirmó el procesamiento del concejal Pablo Hernández (Cambiemos), la policía provincial y ex funcionaria Griselda Bordeira y el agente de tránsito Alan Viola, que permanecerán detenidos, ante el riesgo de fuga y/o de entorpecimiento de la investigación.
Respecto de ellos, se rechazaron los planteos de nulidad de los defensores sobre una supuesta vulneración del principio de congruencia por considerar que los involucrados habían sido indagados por una figura delictiva y luego resultaron procesados por una participación distinta. “No existe una alteración de la plataforma fáctica inicial atribuida en el acto de imputación”, sostuvo el tribunal.
Sin embargo, los jueces Mateo Busaniche, Cintia Gómez y Beatriz Aranguren encomendaron al juez reforzar aspectos de la investigación relativos a “la existencia de relaciones preexistentes” entre Celis y los funcionarios municipales, en consonancia con lo planteado por los fiscales Ricardo Álvarez y Carlos García Escalada.
“El magistrado ha ensayado una hipótesis sustentada en los elementos probatorios hasta el momento incorporados y que necesariamente deberá ser reforzada en la instrucción, respecto de la existencia de relaciones preexistentes a los hechos aquí investigados, entre quienes dirigían y concretamente realizaban las actividades de comercialización y funcionarios públicos municipales –Varisco, Bordeira, Hernández y Viola–”, se consignó en el fallo.
Del mismo modo, el tribunal advirtió la necesidad de profundizar la investigación respecto de los motivos por los cuales los funcionarios presuntamente involucrados “habrían realizado un aporte de dinero en efectivo, cuya periodicidad y/o regularidad también deberá ser objeto de mayor esfuerzo probatorio, pero que aún con el grado de probabilidad que exige la instancia, es una conducta que encuentra razonable encuadre en la figura de ‘financiación’ escogida por el juez”.
El tribunal, además, confirmó el procesamiento de Nahuel Celis –sobrino de Tavi–, que asistía y colaboraba bajo las órdenes directas de Luciana Lemos, brindándole asistencia para el traslado de la droga; Jonathan Jesús Heintz y Juan Manuel Gómez, que eran revendedores de cocaína para la banda. También ellos continuarán detenidos.
Por lo demás, el tribunal decretó (con la disidencia de la jueza Gómez) la falta de mérito de Ernesto Ramón González, un empleado municipal que estaba señalado como recaudador de dinero para la organización narcocriminal encabezada por Celis en la Unidad Municipal 2 Oeste. No obstante, los jueces Busaniche y Aranguren plantearon “la necesidad de profundizar la pesquisa” para determinar si efectivamente González recolectaba dinero entre sus compañeros, si se trataba de fondos públicos y si lo hacía por “indicaciones de los funcionarios municipales” imputados.
El resto de los integrantes de la organización, incluido Celis, no recurrieron el auto de procesamiento.
Asuntos pendientes
Como se dijo, la Cámara Federal de Apelaciones instó al juez Leandro Ríos a “reforzar” la investigación respecto del rol que le atribuye al intendente por haber supuestamente financiado actividades de narcotráfico con fondos públicos.
Concretamente, los jueces plantearon la necesidad de robustecer la hipótesis que plantea “la existencia de una previa vinculación entre quienes dirigían y concretamente realizaban las actividades de comercialización (de cocaína) y los funcionarios públicos municipales –entre ellos Varisco– que habrían financiado tal actividad”.
En ese sentido, el tribunal sostuvo que a partir de las escuchas telefónicas se han acreditado las reuniones entre Lemos, Bordeira y Hernández, e incluso los funcionarios admitieron que el 27 de abril le entregaron dinero, “probablemente como consecuencia de aquella previa vinculación de Varisco con Celis”.
No obstante, los jueces aclararon que “si bien no puede sostenerse que la entrega de dinero haya sido realizada con la periodicidad que postula el juez, si cabe concluir que al menos el dinero reconocido como entregado habría permitido la financiación de la actividad ilícita, estando ésta última corroborada con el hallazgo del tóxico en el domicilio de Lemos, días después a dicha entrega, el 2 de mayo”.
Según la hipótesis del juez, Varisco financió con fondos públicos el relanzamiento de la banda de Celis mediante la entrega regular de 50.000 pesos en efectivo, todos los meses y hasta el final de la actual gestión; y mediante contratos de obra y de servicio simulados que el municipio tenía con allegados al jefe de la organización.
El tribunal le otorga crédito a esa hipótesis a partir de “numerosas conversaciones de Varisco con Bordeira y Hernández” que hacen presumir que “no puede alegarse que (el jefe comunal) desconociera la vinculación de Daniel Celis (…) con el comercio de estupefacientes, todo lo cual permite concluir que dicha entrega, aún por las razones que corresponderá dilucidar con el avance la instrucción, encuentra razonablemente encuadre en la figura de ‘financiación’ escogida por el juez”.
Fuente: Página Judicial
