Por otra parte, exige información sobre las bases de la determinación anunciada por Asueta la semana pasada, y solicita al Gobernador Bordet "que articule todas las medidas necesarias para garantizar a todos los gualeguaychuenses el derecho a un ambiente sano y protegido".
El proyecto de resolución cuenta con cuatro artículos y uno de forma.
Las declaraciones de ASUETA
El pasado 21 de noviembre la Provincia dio un paso clave en relación a un conflicto que lleva más de 5 años de reclamo en la calle y en la Justicia. El último paso que había dado el gobierno entrerriano fue aquel decreto 258 con el cual el Gobernador Gustavo Bordet dejó sin efecto la Resolución Nº 340/15 -poniendo fin así al certificado de aptitud ambiental condicionado había extendido el ex secretario de Medio Ambiente Fernando Raffo-. Luego vinieron diferentes presentaciones en el ámbito judicial que desembocaron en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de un Recurso de Queja. Este proceso tuvo origen en el amparo presentado por el vecino Julio Majul.Bordet quiso ser cauteloso y, según fuentes cercanas al gobernador, todo indicaba que no iba a dar un siguiente paso hasta tanto se expidiera el mayor órgano judicial de nuestro país, considerando que hace algunos meses se conoció la emisión de un dictamen de la Procuración cuestionando al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos por no tener en cuenta "la tutela del bien colectivo".
Pero el pasado 22 de noviembre se conocieron las novedades: en base a los informes técnicos elaborados por la Dirección de Hidráulica de la Provincia, la intervención del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa) y la venia de Ambiente de Entre Ríos, la empresa Altos de Unzue S. A. podría seguir adelante con la obra abonando la irrisoria cifra de 2 millones de pesos al estado entrerriano por las infracciones cometidas al avanzar con el emprendimiento pese a no contar con las autorizaciones pertinentes, y obras paliativas -que según los funcionarios que intervienen en el tema- reducirían al 100 por ciento el impacto del barrio Amarras del Gualeguaychú.
“Se trata de una solución que obtuvimos en base al consenso y a las observaciones realizadas tanto por Hidráulica como por las partes. Todos coinciden. El impacto era mínimo (una concurrencia de 1 a 5 centímetros cada 100 años), pero con las obras planteadas, se reduce a un 100 por cien el impacto porque el barrio está aguas arriba de Gualeguaychú. Además la empresa deberá abonar una multa de 2 millones de pesos al Estado entrerriano, según lo dispone la Ley Provincial de Aguas", informó oportunamente a R2820 el titular de CORUFA, Eduardo Asueta.
