El pasado 21 de noviembre, la Provincia dio un paso clave en relación al conflicto que el Gustavo Bordet heredó de su antecesor Sergio Urribarri. Lo último que había ocurrido fue aquel decreto 258 con el cual el Gobernador Bordet dejó sin efecto la Resolución Nº 340/15 -poniendo fin así al certificado de aptitud ambiental condicionado había extendido el ex secretario de Medio Ambiente Fernando Raffo-. Luego vinieron diferentes presentaciones en el ámbito judicial que desembocaron en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de un Recurso de Queja. Este proceso tuvo origen en el amparo presentado por el vecino Julio Majul.
Pero pese al paso del tiempo y a los silencios mediáticos que sucedieron las declaraciones mediáticas de Eduardo Asueta, titular del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa) -en las que aseguraba, en base a informes citados, que la empresa Altos de Unzue S. A. podría seguir adelante con la obra abonando la irrisoria cifra de 2 millones de pesos al estado entrerriano por las infracciones cometidas al avanzar con el emprendimiento pese a no contar con las autorizaciones pertinentes- los vecinos siguen esperando respuestas.
"Al expediente iniciado en el año 2012 se le han venido agregando muchos expedientes, aunque el más importante en cuestión hoy es el 1945298 iniciado por Amarras ante CORUFA al que la propia empresa le agregó dos expedientes más: un plan de mitigación y un estudio complementario del río, todo esto resumido como "obras paliativas" que en realidad no son ni más ni menos que la intención de la empresa Altos de Unzué de dragar el río a la altura de Amarras. Ante ésta situación el municipio de Gualeguaychú interpuso un recurso de revocatoria en la CORUFA con fecha de diciembre", explicó Crimella.
"De la provincia la única información que tenemos es que el expediente madre 13847001 ( iniciado el 18/10/2012) con todos sus agregados están en el Poder Ejecutivo. Desde Pueblo Belgrano nos dicen que Amarras sólo avanza con obras civiles autorizadas por el Municipio. Estamos en conocimiento en que hay un dictamen de la procuradora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero no así de los jueces, y mientras tanto se llevan a cabo procesos eleccionarios, la obra de Amarras crece entre acuerdos políticos que dejan en segundo plano el reclamo ambiental de los vecinos", fustigó Crimella.
"Si existe un decreto provincial que suspende las obras en Amarras no se puede autorizar unilateralmente el dragado del río, por lo tanto, como organización pretendemos que se demande al ente provincial CORUFA, ya que el mismo avanza sin tener la cuestión de fondo resuelta: el Certificado de Aptitud Ambiental, el último eslabón de la cadena para que Amarras concluya su construcción", señaló la vecina.
Asimismo aclaró: "Obviamente que entendemos que es el municipio el que debe impulsar la demanda, pero parecería que hay una decisión política de no accionar sobre el reclamo. Y eso nos preocupa. Mucho más con los rumores que nos llegan que el Gobernador Bordet le daría el okey a Amarras el día 20 de junio, cuando llegaría a celebrar el Día de la Bandera a Pueblo General Belgrano".
Y destacó: "Levantamos la voz en este aspecto, porque más allá de los discursos de campaña que distan ampliamente de las posibilidades con las que son facultados quienes impulsan el reclamo administrativo ante la Provincia, nos preocupa la inacción respecto del tema: pareciera que la Municipalidad decidió abandonar el reclamo por la ilegalidad de Amarras".
Hacia el final, insistió: "Nos preocupa la inacción de la gestión de Martín Piaggio, ya pasaron las elecciones y esperamos que se reactive el reclamo".
