En las causas judiciales iniciadas en Entre Ríos a partir de infracciones al Decreto presidencial 297/20 que ordenaba el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus, se observan diversas situaciones e infractores de toda índole, y se plasman discusiones desde la legalidad del secuestro de vehículos hasta los argumentos anticuarentena. En tres de los casos que han llegado a la instancia de apelación, aparecen un empresario paseando por el puerto de Victoria, un changarín escapando y peleándose con policías en Urdinarrain y un cabo del Ejército que iba ebrio y evadió un control en la ruta. En esos expedientes se cruzan opiniones diversas, con discrepancias incluso entre jueces y camaristas sobre un conflicto inédito, a partir de la cuarentena por el coronavirus.

El 15 de abril no hacía un mes de la vigencia de la cuarentena estricta en Argentina. El empresario oriundo de Nogoyá A.E.B. se encontraba en la zona portuaria de la ciudad de Victoria, circulando por las calles Chulengo Núñez y Prefectura Naval, a bordo de su camioneta Toyota Hilux modelo 2016. En un momento, detuvo la marcha y se bajó a sacar fotos del paisaje y a contemplar el río Paraná. Se acercó la Policía, le pidió la documentación que justifique su presencia en el lugar y como no pudo explicarlo, le labraron un acta de infracción al Decreto y le secuestraron el vehículo.

Sus defensores, Walter Luis Martínez (condenado por fraguar documentación para quedarse con la millonaria herencia del estanciero José Alberto Reggiardo) y Walter Ignacio Martínez, solicitaron la devolución de la camioneta ante el Juzgado Federal de Paraná, pero se la rechazaron. Acudieron a la Cámara Federal de Apelaciones, donde lograron que le entreguen la camioneta a su dueño en carácter de depositario judicial.

Los abogados plantearon la inconstitucionalidad de los decretos dictados del Poder Ejecutivo Nacional con el argumento de que cercenan la vida de relación y atentan contra la libertad individual y todos los derechos amparados en la Constitución Nacional. Entre otros argumentos anticuarentena, compararon otras enfermedades con el virus Covid-19 y la baja letalidad de este, para desmerecer la decisión del aislamiento. “Lo que se está haciendo con esos decretos costará más vidas en materia de economía y libertades civiles”, manifestaron, y llegaron al extremo de plantear que “el daño que podría sufrir la democracia sería definitivo”. En este sentido, sostuvieron que la única manera de suspender las garantías y derechos constitucionales humanos inalienables es decretar el estado de sitio.

El fiscal general Ricardo Álvarez remarcó que A.E.B. aún no fue indagado por el delito cometido, y propuso la entrega del vehículo en carácter de depositario judicial, conjuntamente con la imposición de otras restricciones. Consideró que el rodado secuestrado constituiría un instrumento del delito, ya que el conductor circulaba sin poseer autorización o permiso, y por lo tanto podría ser decomisado.

Los jueces de la Cámara Federal no ahondaron respecto al planteo de inconstitucionalidad del decreto, ya que existen otras posibilidades para abordar el asunto, al tiempo que mencionaron que el artículo 205 del Código Penal ampara la medida del Presidente.

Los camaristas Mateo Busaniche y Cintia Gómez consideraron que corresponde entregarle al empresario, como depositario judicial, su camioneta para sus actividades comerciales. Por su parte, Beatriz Aranguren opinó que el secuestro del rodado carece de sustento legal, ya que no ha sido estrictamente un medio para cometer el delito (pudo haber utilizado cualquier otro), ni servirá como medio de prueba, por lo cual entendió que debe procederse a su inmediata restitución lisa y llana.
¿Escape o abuso policial?
Otro caso fue uno que terminó en un violento incidente en Urdinarrain. El 26 de marzo, B.T. caminaba por calle Patriarca de Urdinarrain, alrededor de las 20.15, cuando policías que iban en un patrullero le dieron la voz de alto. El hombre salió corriendo y lo persiguieron. Se trepó al techo de una vivienda, los policías pidieron apoyo a la comisaría, dos uniformados se subieron al techo y al alumbrar con la linternas lo vieron agazapado y oculto. Le pidieron se entregara, pero saltó hacia el suelo e intentó ingresar a una vivienda. Allí lo arrestaron, previo forcejeo, piñas y patadas de ambas partes.

Cuando fue indagado, B.T. dijo que había ido desde Estación Parera a Urdinarrain a buscar unos objetos personales a la casa de un amigo, luego al cajero automático porque en su localidad no hay, a retirar dinero para comprar víveres y medicamentos para él y su hijo. Mencionó estaba esperando el remís, cuando pasó el patrullero, entró a la vivienda, los policías golpearon la puerta y cuando abrió lo sacaron a la fuerza, lo golpearon y lo llevaron detenido.

El hombre fue procesado y lo embargaron en 50.000 pesos. Su defensor manifestó que realizaba un desplazamiento mínimo e indispensable para hacer dichas compras y además porque su actividad laboral (changarín y agricultor) se encontraba incluida en las excepciones al aislamiento. Planteó que no puso en riesgo la salud pública ni se encontraba en contacto con otras personas, por lo que no introdujo ni propagó la pandemia.

El fiscal sostuvo que B.T. no llevaba constancias que acreditaran lo que estaba haciendo en la calle, y por el hecho de haber viajado 13 kilómetros a otra ciudad, debería haber llevado consigo algún permiso que lo autorice.

La Cámara Federal confirmó el procesamiento al considerar que aún faltan producirse pruebas, sobre todo testimoniales, sobre ambas versiones del hecho, y expresó que “en todo caso, será en la etapa del juicio donde corresponderá realizar una mensuración ajustada sobre los medios de prueba con los que se cuenta”.
Peligro al volante
La misma discusión sobre el secuestro de vehículos que en el caso del empresario de Nogoyá, se dio en torno a la infracción cometida por un cabo primero del Ejército. El hombre circulaba por la exruta 131, el 13 de abril, cuando avizoró un control de Gendarmería Nacional en Tezanos Pinto. Iba bordo de un auto Chevrolet Cruze, y en vez de frenar, aceleró y embistió a gran velocidad los conos de seguridad emplazados sobre la división de los carriles. Lo persiguieron hasta que detuvo la marcha. Luego de un tiempo de negarse a descender del vehículo, ya con la presencia de efectivos de la Policía provincial en el lugar, lo detuvieron y le secuestraron el auto. Lo imputaron, quedó libre y luego lo procesaron por la infracción a la cuarentena.

A través de su abogado, Pablo Minetti, pidió que le restituyan el auto, pero se lo rechazaron, por lo que acudió a la Cámara Federal de Apelaciones. El defensor refirió a que el vehículo no sería un elemento relacionado con el delito, que en todo caso se podría imponer una multa, y remarcó que el decreto 297/20 habla de la retención preventiva de los automóviles, por lo que pidió que se lo devuelvan. El fiscal, a su turno, valoró que el conductor conducía bajo los efectos del alcohol y tuvo una conducta violenta.

Los camaristas, con la misma discrepancia que en el caso anterior, resolvieron entregar el auto al cabo del Ejército en carácter de depositario judicial ya que el hombre vive en un pueblo donde no hay con servicio de trasporte público para viajar a hacer compras indispensables para la vida cotidiana.

Fuente: UNO.
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