Ahí se detalla que el agua de lavado provenía de dos perforaciones de unos 50 metros de profundidad, y el caudal total extraído para el lavado alcanzaría los 150 a 200 m3/h. Estas perforaciones no estaban declaradas ante el CORUFA.
“Acerca de los Residuos Peligrosos se encuentra en total incumplimiento de disposición transitoria de los mismos, lo cual constituye una falta grave a la Ley Nac. N°24.051, a la Ley Prov. N°8880 y sus decretos reglamentario”, se detalla en el mismo acta que también describe otra serie de incumplimientos hacia las normas y perjuicios para el ambiente.
El punto en cuestión es por qué la autoridad de aplicación del decreto provincial 4977/09, es decir, la Secretaría de Ambiente no hizo nada ante los incumplimientos e inacción de la empresa Cristamine S.A para reparar los daños ocasionados y realizar todos los trabajos necesarios en un plazo de 10 días corridos como le confiere la normativa. Entonces, tuvo que actuar la justicia para determinar la clausura de la planta de lavado.
La medida se adoptó luego de una inspección ocular de personal del Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo del juez Hernán Viri, llevada a cabo el 14 de Octubre. La Secretaría de Ambiente ya sabía que se estaba utilizando clandestinamente agua subterránea y no hizo nada.
Es decir, a pesar de lo comprobado, si no mediaba un amparo presentado por el productor agropecuario Carlos Humberto Cadoppi y el accionar de la Justicia Federal, la empresa seguía haciendo lo que quería a la vista gorda del gobierno provincial.
Fuente: Diario Junio
