Paola Robles Duarte

@paoanger

Día del Periodista: ¿Para cuándo una política de acceso a la información pública?

Es simple, es un derecho. No quiero tener que preguntarle a un amigo o conocido dentro de algún recoveco estatal sobre el dato que necesito para escribir, ni preocuparme por conseguir el teléfono de fulano para que me reciba mengano y me cuente sobre el proceder de determinada área de gobierno. No debería ser así. No tendríamos que aceptar bajo ninguna circunstancia al ejercicio de nuestra profesión en esas condiciones. No deberíamos naturalizar este tipo de prácticas.

Y no estoy hablando de que no tendríamos que investigar, sino todo lo contrario. El reclamo va en el sentido de incorporar fuentes respaldadas con datos concretos sobre los cuales construir nuestras noticias. No alcanzan las gacetillas, el recorte, la foto que encabeza el álbum, para hacer nuestro trabajo.

Queremos saber, necesitamos saber, es nuestro derecho -ni siquiera como periodistas, sino como ciudadanos- saber. Sin que importe que tan bien le caemos al que tiene la obligación de informarnos.

No quiero que mi trabajo dependa de funcionarios piolas a los que tengo que agradecerles la deferencia de atenderme el teléfono, o cruzar los dedos para no escuchar del otro lado que tal persona al frente de determinada dirección está en una reunión, y esperar a que tenga ganas y tiempo para que me brinde la información que necesito.

La salud es un derecho, la educación es un derecho, la información también es un derecho.

No tengo porqué adelantar los temas que quiero conversar por whatsapp y esperar que se alineen los planetas devolviéndome, en el mejor de los casos, una tilde azul; para entonces saber si me van a dar la nota o el dato que estoy buscando para escribir. Porque en ese mundillo que habitamos bajo el nombre de democracia, el acceso a la información pública es un derecho y si el Estado obstaculiza que sea garantizado en tiempo y forma, lo avasalla, lo vulnera.

No deberíamos considerarnos hábiles porque eludimos la cortina comunicacional y logramos un dato que debería estar al alcance de nuestra mano con solo estirar los dedos.

Urge, es imperioso, que los políticos que prometen en absolutamente todas sus campañas que van a "crear los mecanismos necesarios para garantizar el acceso a la información pública" - tal y como textualmente lo comprometió en una entrevista radial que le hice al Intendente Martín Piaggio pocos días antes del escrutinio que lo eligió como titular de nuestro Ejecutivo- cumplan.

¿QUE ES EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN?

"Es el derecho que implica la posibilidad de todo ciudadano de poder acceder a los documentos y archivos estatales. Es un derecho en sí mismo pero también es derivación de otros derechos y principios del sistema republicano. En primer lugar surge del principio republicano de publicidad de los actos de gobierno que con lleva la transparencia en la gestión pública", responde ante la pregunta la GUIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO 1169/05/ DE LA GOBERNACIÓN, divulgado por la OFICINA ANTICORRUPCIÓN Y ÉTICA PUBLICA DE LA FISCALÍA DE ESTADO.

"Es también una consecuencia del principio de la libertad de expresión que implica la facultad de los ciudadanos de buscar, recibir y difundir información e ideas. En definitiva es un instrumento que todo ciudadano posee para informarse sobre los actos de la Administración Pública, desde los mas cotidianos hasta los mas trascendentes y constituye por ello un principio esencial para asegurar la supervivencia y fortalecimiento del sistema republicano de gobierno", continúa el instructivo que especifica que ante un pedido -en este caso por escrito- de un ciudadano, sin que tenga que presentar acreditación alguna, debe recibir la información requerida en un plazo de 10 días. Pero esto no ocurre.

A nivel local, por ejemplo, la realidad es que la espera administrativa de un pedido de información implica el inicio de un expediente que demora tiempo que no tenemos cuando hacemos nuestro trabajo. Me niego, por ejemplo, a iniciar un expediente para que me respondan sobre temas que deberían estar publicados sin que nadie tuviera que pedirlos.

Es importante destacar que el Derecho de Acceso a la Información Pública ha sido reconocido a nivel nacional a través de la Ley 27.275, mientras que en la Provincia de Entre Ríos continua en vigencia el “Reglamento General de Acceso a la Información Pública para el
Poder Ejecutivo Provincial”, por medio del Decreto Nº 1169/2005, antes citado, el cual como ciudadana pretendo sea un paso que reclama con urgencia la adhesión a la ley nacional o la construcción de una legislación que esté a la altura de este derecho, hasta el momento incumplido; mientras tanto crece en formas de diversas iniciativas, en diferentes municipios entrerrianos, el pedido de acceso a la información pública.

¿Alcanza con el boletín oficial? No, no alcanza. Gran parte de los contratos de obra o incluso, el destino de la pauta publicitaria contraída por la Municipalidad -para volver a la pregunta que vengo realizando hace al menos dos meses a las áreas pertinentes-, no consta en el Boletín Oficial. Como ciudadanos tenemos derecho a acceder a la información que requerimos conocer, no solo a la que nos quieren brindar.

El derecho de acceso a la información pública ha sido contemplado en diversos instrumentos de Derechos Humanos incorporados a la Constitución Nacional en la Reforma de 1994 a través de su artículo 75, inciso 22, y también ha sido consignado en la Constitución Provincial en su artículo 13, estableciendo que "se reconoce el derecho al acceso informal y gratuito a la información pública, completa, veraz, adecuada y oportuna, que estuviera en poder de cualquiera de los Poderes u órganos, entes o empresas del Estado, Municipios, Comunas y Universidades. Sólo mediante una ley puede restringirse, en resguardo de otros derechos que al tiempo de la solicitud prevalezcan sobre éste, la que deberá establecer el plazo de reserva de dicha información".

Tiempo atrás, en la última gestión de Juan José Bahillo como intendente de nuestra ciudad, el bloque Color Gualeguaychú ingresó una iniciativa que proponía agilizar y garantizar el cumplimiento del acceso a la información pública a través de una ordenanza que pusiera plazos accesibles y criterios amplios sobre lo antes expuesto. El proyecto, por cuestiones de la política y desavenencias partidarias, durmió en un cajón durante todo este tiempo. Y muchas de las respuestas de las preguntas que hacemos, también.

Hace algunos días, el proyecto ingresó nuevamente al HCD para ser debatido en Comisiones Conjuntas, con algunas modificaciones. ¿Es perfecto? ¿Resuelve la urgencia y brinda respuesta ante este tipo de requerimiento? No lo sé. Pero lo que si sé es que necesitamos herramientas legislativas, aunque más no sea para imprimir la ordenanza y pedir respuestas con el papel en la mano. Para que trascienda la voluntad de las gestiones, y se convierta en política pública, posta.

Y después vendrá la pelea para que lo escrito no sea letra muerta, pero esa es otra historia.

Me niego a creer que mi trabajo consiste en participar de la rosca para poder saber cuantos son los contratados del Municipio de Gualeguaychú, cuanto se invierte en pauta publicitaria y en que medios, entre tantas otras cuestiones que quisiera saber.

La información es nuestra materia. Es nuestro sustento, la tela en la que hilvanamos las palabras. Acceder es nuestro derecho, no debería ser un favor.

Así que, para ser absolutamente honesta, en el Día del Periodista agradezco el saludo de los funcionarios, pero quiero de ellos ante todo, que cumplan con sus promesas y nos brinden la herramienta para el laburo cotidiano. Quiero tener acceso a la información pública sin tener que agradecer que hagan su trabajo.


(*) Paola Robles Duarte es Periodista.

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