Tras un nuevo fallo judicial, en esta oportunidad del Juez Hernán Viri, se dispuso que el gobernador Gustavo Bordet deberá prohibir por 45 días la extracción de arena silícea en las Zonas I, II, III, IV y V de los Ríos Paraná y Uruguay a todas las empresas areneras que no cuenten con al menos el otorgamiento del “certificado de informe técnico favorable”.

Recordemos que días atrás, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) confirmó el fallo de primera instancia a favor del abogado Ricardo Luciano donde se señala al gobierno provincial como responsable de no cumplir con las funciones de control establecidas por la legislación vigente en materia ambiental.

Desde la Red Ecosocialista expresaron "nuestra alegría por este triunfo en la justicia, que significa un nuevo paso a favor del cuidado de nuestros territorios. Asimismo consideramos que es hora de avanzar en una transformación productiva y energética que nos permita detener el ecocidio en marcha que afecta no solo al sur de la provincia sino a todo el país".
Un camino de lucha
La Justicia entrerriana le da nuevamente lugar al amparo ambiental interpuesto por Ricardo Luciano y ordena suspender la actividad minera por 45 días y evaluar las habilitaciones y vigencia de los certificados de aptitud ambiental amparándose en las medidas de protección ambiental dictadas en las vigentes normas.

"Así queda demostrado una vez más la responsabilidad política del gobierno de Entre Ríos en esta extracción sin control de un bien no renovable como lo son las arenas, en este caso sílice", sostuvo Burgos.

"Existe una responsabilidad directa de la Secretaría de Ambiente encabezada por María Daniela García, y del Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico a cargo de Juan José Bahillo, que son los encargados de habilitar y fiscalizar estas actividades. Hay un amplio marco legal que determina los pasos a seguir para lograr esas habilitaciones y el sostén de estas actividades, citamos algunas de estas normas: Decreto N°4799/09, la Ley General del Ambiente Nº 25.675, el artículo 22 de la Constitución Provincial, artículo 41 Constitución Nacional. Sin embargo con este amparo queda ampliamente demostrado cómo en nuestra provincia las corporaciones cuentan con vía libre para contaminar y saquear", agregó la dirigente.

En este sentido, este caso es paradigmático. "No solo nadie controla el desastre ambiental que se está provocando, sino que la situación además tiene un agravante social muy profundo de la mano de las facilidades para el saqueo que se le garantizan a las areneras y mineras. Las consecuencias son de un verdadero ecocidio", manifestó Nadia Burgos.

"Como pasivo ambiental hay que reconocer también las facilidades para contaminar y usar estructuras del Estado para el saqueo. Vemos así cómo estas empresas suman ganancias extraordinarias de la utilización sin limites y sin control de recursos indispensables para la vida como por ejemplo millones de litros de agua potable. Además no pagan impuestos, el Estado les provee de infraestructura como caminos y puertos todo al servicio de la depredación de ecosistemas enteros. Y esto se desarrolla en el marco de una alerta mundial por las consecuencias que generan estas formas de producción".

Al respecto se destacó que fue pronunciada incluso por organismos capitalistas como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que recientemente exigió a los Estados miembros un mayor control sobre esta actividad por las consecuencias que genera mundialmente esta actividad ecocida. Se denuncia mundialmente que la extracción en cercanías de lechos fluviales, marinos y playas de este recurso natural, cabe aclarar que, después del agua, es el segundo recurso más consumido en el mundo y el recurso sólido más extraído del planeta. Su extracción al servicio de las ganancias produce: erosión, salinización de acuíferos, desprotección ante las inundaciones costeras, pérdida de biodiversidad, inundaciones en campos que quedan inutilizables de por vida, y pérdida de soberanía al dejar nuestros territorios librados a la sed de ganancia de un puñado de empresarios"" .

Frente a esta realidad, una vez más, se demuestra que para "defender el ambiente no alcanzan con leyes y funcionarios, porque sus intereses son fácilmente trastocados por las pretensiones de las corporaciones. Ante acciones de esta magnitud el control y la participación social junto con la consulta a la ciencia digna son la única garantía para desarrollar una protección real de nuestros territorios".

Finalmente, Nadia Burgos expresó que "celebramos este nuevo fallo y renovamos el compromiso de luchar hasta conquistar la suspensión definitiva de la sobreexplotación de las arenas. Extraer miles de toneladas diarias de este recurso para promover el fracking en Vaca Muerta no tiene ningún sentido. Es hora de recuperar el modelo energético y productivo para las mayorías sociales y para eso nuestras necesidades, nuestra vida y nuestro territorios tienen que valer más que las ganancias capitalistas, por eso es urgente y necesario luchar por una perspectiva ecosocialista para dar vuelta todo".
Areneras polémicas
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