La causa –que se tramita desde hace 18 años y que llevó a los defensores de Alanis, Julio Federik y Lepoldo Lambruschini, a presentar, de forma temprana, un planteo de extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo- perdió a lo largo de su tramitación a dos de los involucrados en la investigación penal: quien fuera vicepresidente del Senado, el radical Elcio Viollaz, y el secretario de la Cámara Alta, Danielo Etienot, ambos fallecidos.
Otro dos, Maximiliano Alanis, sobrino del exvicegobernador, y José Crettón Pereyra, ambos administradores de las cuentas del Senado, el Programa 19 y el Programa 17, respectivamente, reconocieron su responsabilidad en los hechos investigados por el Ministerio Público Fiscal, y accedieron a un juicio abreviado. Para ambos, la Fiscalía pidió dos años y ocho meses de prisión condicional, en acuerdo con los defensores, trámite que deberá contar la anuencia del tribunal, decisión que también se conocerá el martes 3 de abril.
La acusación de la Fiscalía señala que entre 1998 y 1999 hubo un manejo de dinero poco claro en el Senado entrerriano. Los investigadores se centran en las trasferencias de una cuenta corriente de la Cámara Alta en el Banco de Entre Ríos del “Programa 17” hacia el “Programa 18”. Esas trasferencias nunca se rindieron al Tribunal de Cuentas, por lo que no se sabe en qué se gastaron los fondos. Maximiliano Alanis fue el director del Programa 18; mientras que Cretton Pereyra estuvo a cargo de la Administración del Senado, y del Programa 17. Héctor Alanis era el vicegobernador y por lo tanto presidente de la Cámara Baja; mientras que el radical Humberto Ré era el vicepresidente primero, durante la segunda gobernación de Jorge Busti, entre 1995 y 1999.
Esa maniobra, se consignó en la acusación, en una primera instancia habría permitido sustraer $5.912.825,20 pesos/dólares. Luego se habrían detectado maniobras irregulares con $220.000 pesos/dólares. La suma de ambas operaciones da como resultado 6.132.825,20 de pesos/dólares que nunca se encontraron.
El escrito de remisión a juicio, elaborado hace tiempo por la fiscal Laura Cattáneo, dice que los imputados “se apropiaron, previo acuerdo entre ellos, de fondos públicos del estado provincial cuya administración, en razón de los cargos que detentaban, les había sido confiada, por el importe aproximado de $ 6.132.825,20”.
En los alegatos, el Procurador General, Jorge García sostuvo: “Los legisladores confesaron su participación en el peculado”, el delito que les imputó a Alanis y a Re, y para quienes pidió una pena de 5 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, la inhablitación absoluta para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de $ 90 mil. “Los senadores vinieron al Tribunal y actuaron como arrepentidos espontáneos. Nos han ratificado la acusación, aunque las pruebas documentales que hay es algo imposible de desmoronar”, señaló el Procurador General.
Reprochó sin embargo el modo cómo la Justicia investigó este caso en la primera etapa -y que llevó a que el juicio oral recién se desarrollara dieciocho años después de que se presentara la denuncia, en 2000, por parte de la extinta Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA)- y aseguró que el caso del desvío de fondos en el Senado “es uno de los hechos que avergüenza al Poder Judicial por cómo había sido investigado”.
Julio Federik, defensor de Héctor Alanis junto a Leopoldo Lambruschini, planteó como idea que no se puede juzgar con los parámetros de hoy hechos que sucedieron casi dos décadas atrás. “Era diferente”, planteó, aunque contradijo la tesis de la Fiscalía, y sostuvo que, aunque no existe la documentación respaldatoria, el gasto se efectuó, y los contratos y los subsidios fueron pagados. De ese modo, negó que haya existido “un agujero negro” por donde se perdieron esos fondos.
“Que no estén los comprobantes no significa que los dineros no fueran aplicados”, analizó. Y agregó: “Además, los comprobantes desaparecieron en la gestión posterior”. Dijo, por otra parte, que es imposible que Alanis haya utilizado el dinero del Senado para su enriquecimiento personal “porque no viene de la villa a la política. Tiene título de bioquímico”.
Después, fustigó a la FIA, que dijo que fue “un invento”, y recordó las investigaciones personalizadas que llevó adelante la agencia Kroll, del espía norteamericano Frank Holder, lo que le valió una denuncia en la Justicia al exvicegobernador Sergio Montiel, de la que fue sobreseído. Dijo Federik que producto de esas investigaciones de Kroll surgieron muchas denuncias por enriquecimiento, aunque ese delito no se le reprochó al exvicegobernador.
Respecto del juicio abreviado al que accedieron Maximiliano Alanis y José Crettón Pereyra, sostuvo que no es un elemento que deba ser valorado para inculpar a otros. “La gente acepta el juicio abreviado por distintas razones”, opinó.
Reclamó para su defendido que se lo exculpe de toda responsabilidad. Igual postura adoptaron los defensores de Re, su hijo Humberto Re y Tulio Manuel Kamlofky.
La palabra final del tribunal se conocerá este martes 3, a mediodía.
Fuente: Entre Ríos Ahora.
