La iniciativa dispone que el Estado provea de “toda información relacionada con su identidad de origen” a todas las personas adoptadas que lo soliciten, y también a quienes presuman “que su identidad ha sido suprimida o alterada” tras su nacimiento.

“Este proyecto intenta establecer una normativa, un conjunto de condiciones legales y administrativas que mejoren la capacidad estatal frente a la necesidad de dar respuestas adecuadas a demandas de ciudadanos que necesitan ejercer su derecho a conocer su origen de identidad”, expresó el diputado Pedro Báez, autor de la iniciativa.

El objetivo es que “el Estado entrerriano esté en condiciones de garantizar a miles de personas el derecho a la identidad de origen”.

Báez comentó además que la iniciativa “tiene origen en el trabajo de un equipo de investigación de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), sobre las características de los circuitos burocráticos administrativos en el proceso de las adopciones tramitadas en el período 1973 a 1983. Este estudio, que constituye un fuerte compromiso de la universidad pública con la sociedad, nos permitió obtener información sobre la modalidad del decreto ley nacional 19.134, que reguló la figura de la ‘adopción plena’ y ordenó borrar, desparecer, todos los datos que tenían que ver con el origen, la identidad de ciudadanos que aún hoy buscan su identidad, que en Argentina se calculan en tres millones”.

Durante la cuarta sesión ordinaria de la Cámara de Diputados –que fue presidida por Diego Lara ante la ausencia de Sergio Urribarri– Báez además señaló que “no se trata sólo de hijos de desaparecidos en la última dictadura cívico militar. Hay muchas personas que tienen adulterado su origen, careciendo del conocimiento cierto de quienes son sus padres, el lugar en que nacieron y el nombre que los identificó”.
Derecho a la identidad de origen
La iniciativa del diputado Báez “tiene por objeto garantizar el derecho a la identidad de origen a todas las personas nacidas en el territorio de la provincia de Entre Ríos”. Dispone que el Estado provea “a las personas adoptadas y a toda persona que presumiera que su identidad ha sido suprimida o alterada por hechos concomitantes o posteriores a su nacimiento, cualquiera sea la fecha en que ésta se hubiere producido, el acceso gratuito a toda información relacionada con su identidad de origen obrante en cualquier registro público o privado”.

Entre otros puntos, el proyecto crea un Órgano de Revisión de Políticas de Derecho a la Identidad de la Provincia de Entre Ríos, que estará integrado por un representante titular y un representante suplente de los siguientes organismos: Ministerio de Salud; Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF); Subsecretaría de Derechos Humanos; Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas; Ministerio Público de la Defensa; Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados; Organizaciones civiles con personería jurídica abocadas a la defensa de los derechos humanos; Universidad Autónoma de Entre Ríos y Universidad Nacional de Entre Ríos; Colegios de Profesionales de Abogados, Trabajadores Sociales y Psicólogos de Entre Ríos. (APFDigital)
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