La propuesta presentada por el diputado Gustavo Zavallo que adhiere a la Ley nacional 27.499 también determina que el Consejo de Prevención y Diseño de Políticas Públicas contra las Violencias (Coprev) deberá elaborar anualmente una grilla de capacitaciones, la que deberá ser elevada al Poder Ejecutivo antes del último día hábil de enero de cada año, indicando repartición y cantidad de agentes que se prevé alcanzar y fija que las capacitaciones deben ser presenciales y el material podrá ser entregado de manera virtual.

En ese marco, se deja en claro que las y los capacitadores deberán ser agentes de la provincia o profesionales idóneos en materia de género.

La propuesta de Zavallo también deja en claro que la negativa o falta reiterada a la capacitación obligatoria en materia de género de funcionarios públicos será informada al Ejecutivo provincial a los fines de que tome las medidas disciplinarias correspondientes, que serán establecidas en la reglamentación de la Ley si el proyecto prospera en la Legislatura.

La agencia AIM indica que en los fundamentos del proyecto, el diputado argumentó: “En memoria de todas las mujeres que ya no están, víctimas de la violencia machista, elevo el proyecto de Ley de adhesión a la Ley 27.499, y solicito el compromiso de entre todos luchar contra este flagelo, no naturalizando ni tolerando conductas de violencia, no repitiendo patrones que agudizan la desigualdad, para colaborar en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, real, donde nuestras hijas, hermanas, madres, novias o esposas no tengan miedo de caminar por la calle y no se vean expuestas a situaciones de violencia por el sólo hecho de ser mujeres”.
Políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres
En lo que respecta a la legislación nacional, la Ley Nacional 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, tiene por objeto, entre otros, promover y garantizar: el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia; las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos; la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres y el desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres.

A lo largo de su articulado la Ley nacional promueve la capacitación en diferentes ámbitos del sector público y privado, como en lo que respecta a las facultades del Consejo Nacional de la Mujer: “Brindar capacitación permanente, formación y entrenamiento en la temática a los funcionarios públicos en el ámbito de la Justicia, las fuerzas policiales y de seguridad, y las Fuerzas Armadas, las que se impartirán de manera integral y específica según cada área de actuación”.
Violencia de Género

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