La decisión del presidente Alberto Fernández de dar marcha atrás con la intervención de Vicentin fue bien recibida por los directivos de la agroexportadora. "Vemos con buenos ojos esta decisión", aseguraron desde la firma.

La derogación del DNU que el propio mandatario se encargó de comunicar el viernes a través de Twitter había recibido fuertes críticas por parte de los accionistas de la compañía y buena parte del campo y diversos empresarios.

Sin embargo, el cambio de postura de la Casa Rosada trajo alivio en la cúpula de Vicentin. "Celebramos que se cierre este capítulo. Queremos encontrar una solución dentro del concurso, como corresponde", expresaron.

"La empresa siempre tuvo una posición flexible", aclararon sus directivos. Además, consideraron que las acciones que promovió el Ejecutivo en junio "no aportaron nada y solamente generaron en todo este tiempo más confusión".

Frente al panorama, desde la agroexportadora reconocen que retomarán las conversaciones con los acreedores para tratar de alcanzar un acuerdo con el que se evite la quiebra de la firma que, según el expediente, acumula deudas por hasta 100 mil millones de pesos. En ese sentido, aseguraron que cuentan con los "activos necesarios" para enfrentar sus compromisos y la capacidad para avanzar con los otros modelos contemplados.

La noticia también fue bien recibida por sectores del agro que, desde un primer momento se habían mostrado críticos con la postura del gobierno. Ricardo Buryaile, actual diputado nacional por la Unión Cívica Radical por Formosa y exministro de Agroindustria, fue uno de los que se expresó.

"Es saludable la decisión de derogar este Decreto que no debió dictarse nunca, que le causó mucho daño al gobierno y al País. No puede informar el Juez del Concurso la deuda toda vez que el proceso de verificación de créditos no ha finalizado aún”, escribió en su cuenta de Twitter.

Con esta determinación, el Gobierno puso fin a una iniciativa que desde su anuncio, el 8 de junio, le provocó más dolores de cabeza que satisfacciones. Lo que desde el Presidente y su círculo era visto como "una decisión estratégica" y "un paso rumbo a soberanía alimentaria", rápidamente comenzó a provocar heridas.

La cruzada por Vicentin generó fuertes críticas del empresariado y la oposición, más un potente rechazo de un sector de la sociedad, que inició una serie de manifestaciones en plena cuarentena que se replicaron en distintos puntos del país.

Luego del revuelo, Fernández fue dando indicios de que una marcha atrás en la medida era algo inminente e inevitable. "Pensé que iban a salir a festejar", había dicho a la hora de balancear las reacciones. La expropiación de Vicentin nunca llegó a concretarse porque el juez Lorenzini impidió a los funcionarios interventores tomar el control de la empresa.

Fuente: Clarín/TNCampo
Repercusiones Santa Fe
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